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Dos casos emblemáticos

- Una de las presentaciones que analiza la APDH relata cómo se acusó a un menor de edad, y se lo mandó a una cárcel de adultos, atribuyéndole insólitamente, sin prueba alguna, la muerte del ex diputado justicialista Rufino Arroyo. El chico fue interrogado sin documentos, sin abogado ni la presencia de alguno de sus padres, contra todas las normas que protegen a los menores. En el juicio, según los denunciantes, “jamás se pudo probar su participación en el hecho, no había huellas incriminatorias, no fue visto en el lugar y los testigos declararon que jamás lo vieron en el escenario del crimen”. Una de las personas que participó en la presentación ante la APDH contó que el chico terminó confesándole a la madre: “Me mandé una macana, me dijeron que si me hacía cargo de la muerte y te van a dar 3000 pesos”.
- En otro caso, un preso que había pedido varias veces –sin éxito– ser atendido por el juez Gerardo Luna Corzo por el tiempo que llevaba encarcelado, un buen día de octubre de este año fue sorpresivamente convocado por Su Señoría, no para hablar de su caso sino de otro. “No se meta en más problemas de los que ya tiene, no salga de testigo de Luis Leal” porque “los campos” en pugna “son de mi abuelo”, le dijo el juez a Juan Carlos Barrera, según el propio preso reconoció con posterioridad ante una escribana. A Leal lo había denunciado un tío de Luna Corzo. El acta notarial donde Leal y Barrera hacen el relato llegó en La Rioja a manos de la APDH.

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