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Por S.V.

Las resoluciones firmadas a mediados de octubre por Alfredo Barbarosch y Gustavo Bruzzone, miembros de la Sala IV de la Cámara del Crimen, y que fueron entendidas como un auténtico alegato contra la aplicación criolla del “forum shopping”, tuvieron eco en el senador Antonio Cafiero, quien acaba de presentar un proyecto de modificación de los artículos 37 y 38 del Código Procesal Penal. Dichos cambios tienden a acotar las posibilidades de los denunciantes de elegir tribunal “a medida”. Los casos de los jueces Roberto Murature, Ismael Muratorio y Juan José Mahdjoubian (el primero fue removido por el Consejo de la Magistratura y los restantes se encuentran en vías de ser sometidos a juicio político por el mismo organismo) fueron los disparadores de la iniciativa.
“A los efectos de evitar este repudiable artilugio –sostiene Cafiero–, el presente proyecto de ley establece la obligatoriedad del sorteo del magistrado en aquellas circunscripciones en las que comparta competencias más de un juez. En caso de que se inste una denuncia ante determinada fiscalía, la misma tome únicamente la denuncia y la envíe de inmediato a la Sala de Sorteos de la Cámara Criminal (...) En el caso de comparecencia ante la policía, estos funcionarios deberán convocar al juez de turno para resolver cuestiones de urgencia (requisas, allanamientos, conservación de pruebas, detenciones) pero, transcurridas las primeras 48 horas cesará su intervención e inmediatamente deberá ser sometida al sorteo indicado.”
Cafiero fundamenta que “la gravedad de la cuestión radica en que, de no obstruirse este camino, se estaría otorgando a algunos abogados inescrupulosos la posibilidad de elegir a su arbitrio el juez interviniente, con el riesgo de hacer desaparecer la garantía del juez natural, prevista por el art. 18 de la Constitución nacional y los tratados internacionales con rango constitucional que rigen la materia”.