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La estrategia del avestruz

Por primera vez en tres décadas la Justicia de Bahía Blanca incluyó en un procesamiento por crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado los casos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados gremiales de La Nueva Provincia, secuestrados, torturados y acribillados a balazos en 1976. Ambos habían encabezado las reivindicaciones laborales de los trabajadores de la empresa. El diario dirigido por Diana Julio de Massot, que los había acusado de integrar “un sóviet” infiltrado en sus filas, omitió denunciar los secuestros, informó en veinte líneas la aparición de los cadáveres y nunca más recordó el caso. El miércoles, la señora de Massot estaba citada para declarar en el Juicio por la Verdad de La Plata sobre la detenida desaparecida Susana Lebed, sobrina de su abogado Néstor Jáuregui, por quien intercedió ante los generales Ramón Camps y Edmundo Ojeda. Por segunda vez prefirió enviar un certificado médico para justificar su ausencia. En los Juicios por la Verdad, tanto militares como policías o cómplices civiles pueden admitir sus delitos sin riesgo de quedar detenidos. El juez Alvarez Canale, en cambio, sólo puede citarlos a prestar declaración indagatoria.

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