ESPECTáCULOS › RADIO LAS EMISORAS ALTERNATIVAS DE TODO EL PAIS SE DEBATEN EN UNA SUPERVIVENCIA SIEMPRE AMENAZADA

Micrófonos en la lucha contra el silencio

Se calcula que hay más de seis mil radios que no responden a grandes grupos o empresas y que resisten los embates de una legislación perimida. En el mapa radiofónico argentino, lo alternativo genera sus propios espacios.

 Por Cristian Vitale

Hace un tiempo figuraban en las mediciones como “radios no identificadas”, hoy la mayoría de los rankings ni siquiera las ponderan. Ocurre que de a una tienen, por lógico efecto de alcance, poco peso en el universo mediático. Pero en conjunto –se calcula que hay más de seis mil entre Ushuaia y La Quiaca– cosechan entre un 30 y 40 por ciento de preferencia entre los radioescuchas. Los grupos interesados en evitarlas las llaman ilegales, truchas o simplemente “no autorizadas”. Otros, en cambio, prefieren términos menos peyorativos: alternativas, populares, barriales o cooperativas. Lo cierto es que a la mayoría las une un rasgo común: el contacto cara a cara con los vecinos de su área de influencia.
“Nos vemos con la gente todos los días y nunca adoptamos posiciones neutrales, la gente sabe que estamos de su lado, abriendo el micrófono para dar cuenta de lo que les pasa”, dice a Página/12 Mario Farías, director de FM Sur, ubicada en Villa Libertador, Córdoba. Pese a que trasmite sólo con 1 kw de potencia, la radio llega al 70 por ciento de la ciudad –unas 120 mil personas– y, como tantas, tiene fluida relación con las organizaciones sociales. “Interactuamos con unas 100 organizaciones barriales. Aquí se dictan talleres y cursos de capacitación, proyectos de radios escolares, etc.”, agrega. Calles rotas, contaminación ambiental, inundaciones o simplemente la necesidad de expresión de la población –el derecho a ser o pensar diferente– son otras preocupaciones centrales de las radios cooperativas. Radio Encuentro de Viedma opera sobre esta realidad. Néstor Busso, su director, lo explica así: “La comunidad participa en la programación y la producción de la radio. Esto es central en las emisoras comunitarias. La relación con la sociedad es muy intensa”.
El ámbito cooperativo abarca también organizaciones que no son precisamente radios, pero sí generan programas para el micrófono. Entre ellas está Incupo, una productora independiente de la ciudad de Reconquista, Chaco, que produce programas –en vivo o envasados– para unas cien FM’s de Chaco, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero y Santa Fe. “Los programas están relacionados a la cultura campesina, la producción agroecológica, el cuidado de la salud en manos de la comunidad, la lucha de los pueblos indígenas por la tierra, etc.”, manifiesta Luis Nocenti, significando una realidad apta para relacionarla con las actividades de FM Pocahullo, de San Martín de Los Andes. Roberto Arias, que integra su directorio, sostiene que están construyendo una nueva realidad con las necesidades del Pueblo Nación Mapuche. “Otro poder, diríamos que más popular”, sostiene.
Las más de 6 mil radios que operan en el país en estas condiciones soportan desde hace 24 años los efectos de la ley 22.285, que fue sancionada durante la última dictadura y sostenida en democracia por grupos concentrados o cámaras empresariales (llámese Daniel Hadad o todo lo que se parezca). En efecto, una de las razones que ellas aluden para que no se derogue la ley (ver aparte) ancla en causas ideológicas. Es habitual que, al reproducir los problemas concretos del vecindario, suelan tener inconvenientes con funcionarios o empresas con alguna responsabilidad en la problemática barrial.
“La critica nunca es bien digerida. Nosotros no asumimos posiciones ultras, pero si hay critica fuerte y bien fundada son los oyentes quienes interpelan y discuten con funcionarios. Hay algunos que se esconden, pero a la larga nos atienden, porque saben que pagan un precio bastante alto”, dice Miguel Farías. Arias va más a fondo y reconoce que las relaciones con las autoridades son muy malas. “Hemos sufrido amenazas, sabotajes y denuncias de todo tipo. Una vez –ejemplifica– descubrimos a un funcionario municipal y lo grabamos cuando planificaba quemarnos la radio. También un compañero fue amenazado de muerte por el secretario privado del intendente, Sergio Schroh.” En este sentido, las anécdotas del universo radial alternativo son numerosas. Busso cuenta que, si bien las relaciones con el municipio no siempre son inicuas, han tenido muchos problemas con los funcionarios. “El gobernador de Río Negro se enojó varias veces y salió a insultarnos por otros medios... también nos atacó la policía y ganamos juicios consiguiendo la condena de un comisario mayor.”
Otro rasgo común a todas las radios es la mirada negativa sobre monopolios y multimedios. “Nosotros producimos un hecho que quedará en nuestra historia”, ejemplifica Claudio de Luca, de Radio Aire Libre de Rosario. “Durante el litigio en Bolivia levantamos la programación para transmitir en vivo con la Red Erbol. Los compañeros de Indymedia lo subieron a internet y en las madrugadas recibíamos llamadas de distintos lugares del planeta que nos pedían no interrumpir la transmisión. Si en este país tuviéramos los beneficios de Manzano, otra sería nuestra historia, no tendríamos que pelear el lugar con más de 150 radios en el aire y nuestro trabajo tendría mayor llegada y repercusión.” Farías prefiere apelar a la historia para explicar lo mismo. “Las políticas neoliberales favorecieron la concentración económica y mediática, medios que aplaudieron el modelo económico de exclusión.” Busso agrega: “Romper los monopolios es condición para asegurar la democracia”.
El nivel de exposición y los peligros que acarrea mantener una actitud autónoma respecto del poder motivó que las radios cooperativas se nuclearan en una organización tendiente a proteger sus derechos: el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), que además de tener activa participación tendiente al dictado de una nueva Ley Nacional de Radiodifusión, es miembro de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), que define a este tipo de emprendimientos radiofónicos como “contraculturales”. “En el Foro –explica Arias– pretendemos enmarcar a todas aquellas radios que son de propiedad social, ya sean fundaciones, asociaciones, clubes o juntas vecinales que tengan tres características básicas: propiedad social, gestión democrática y participación.”
Entre los intereses que defienden las organizaciones están los económicos. De hecho, muchas de ellas desaparecen por no poder mantener la infraestructura mínima de funcionamiento. Y las que logran mantenerse, sobre todo las que sostienen una postura ideológico-social comprometida, se pierden la posibilidad de ser auspiciadas por grandes empresas u organismos de gobierno, y a menudo son sostenidas por pequeños comercios de barrio o filántropos interesados. La mayoría de ellas no vende espacios (como sí hacen otras radios que, pese a autodenominarse “cooperativas”, funcionan en realidad como empresas comerciales que venden sus espacios al mejor postor). “Acá no se le vende el espacio a nadie –afirma Arias–, los programas son de la radio y para mantenerlos vendemos la tanda comercial a cinco pesos la salida o buscamos auspicios. El teléfono y la luz, por ejemplo, lo solventamos con canjes.” “Nosotros tampoco vendemos espacios –ratifica Busso–, sólo publicidad, siempre y cuando no condicione los contenidos.” FM Sur no escapa a la generalidad. “Tenemos coproducciones para los programas deportivos, pero el 70% de la programación es propia. No vendemos espacios.” Otro canal de financiación –el auspicio– cuenta con estrategias propias de la comunicación alternativa, aunque muchas radios comerciales también la apliquen. Sur, por ejemplo, tiene un plan para pequeños anunciantes –les cobra 100 pesos por mes por 8 menciones diarias– y otro para grandes, que van desde el gobierno provincial o municipal, hasta grandes empresas. “Nuestra radio tiene presupuesto anual de 120 mil pesos, en concepto de publicidad, eventos, alquiler de sala de grabación, ejecución de proyectos sociales. Parte de ese presupuesto está destinado a los sueldos de once personas y al pago de servicios”, afirma Arias, de Pocahullo, que funciona con un transmisor de 300 watts.
La cantidad de gente que demanda una radio comunitaria standard para funcionar normalmente no supera las 30 personas, entre periodistas, productores, administradores, operadores y conductores. En Pocahullo trabajan cerca de 50 “sin sueldo fijo”. “Nos repartimos lo mucho o poco que hay para repartir”, informa Arias, redondeando el espíritu comunitario de las emisoras hasta hoy perseguidas por una ley de la dictadura.

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