A mediados de 2008, en medio de los reclamos desatados a raíz del desproporcionado –según expusimos en un informe de seguimiento, también arbitrario– recorte de las becas de inclusión escolar dispuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, expresamos nuestro reparo a la noción de “rigor” asociada a lo que denominamos “pretendida demostración de autoridad” como forma de resolución de los conflictos en las escuelas porteñas, según vislumbrábamos en las comunicaciones del Ministerio de Educación y, sobre todo, a partir de la cuestionada decisión de judicializar la protesta estudiantil.

Sostuvimos en aquella oportunidad que considerábamos prioritario reforzar los espacios de diálogo con los estudiantes y agotar las instancias de mediación institucional, antes que apelar al expediente del “rigor” (“Más diálogo, menos rigor”, Página/12 del 29/08/08).

El fin del ciclo lectivo nos sorprendió con una nueva exposición de esta metodología del “rigor” escolar, con el pedido de sanción (y su difusión mediática) a la rectora de la Escuela Normal Superior Mariano Acosta, por haber arrojado agua con la manguera contra incendios del establecimiento a los estudiantes de 5º año que festejaban de esa forma su promoción y egreso.

Por si ello no bastara, el propio jefe de Gobierno se ocupó de denostar a la directiva a través de los medios masivos de comunicación por “ponerse a hacer política y convocar al gremio”, en términos absolutamente inapropiados para el ámbito educativo y agraviantes para la autoridad escolar. A quien le estaba reprochando por no haber establecido distancia con sus alumnos, terminó endilgándole que “se apendejó”, en un derroche de republicanismo, buena educación y coherencia discursiva que exime de mayores comentarios.

Más allá del enorme retroceso cultural que importa el hecho de que un gobernante electo en las urnas cuestione públicamente a una trabajadora de la educación por haber solicitado el respaldo de su sindicato, interesa detenernos un instante en la otra supuesta “inconducta” que sistemáticamente el gobierno porteño pretende enrostrar a todo aquel o aquella que no acompañe el rumbo de la actual gestión: “Están haciendo política”.

Cabe señalar entonces que, por ejemplo en el campo educativo, han sido decisiones políticas de esta administración recortar becas, eliminar las jornadas de reflexión y organización institucional, incrementar significativamente las transferencias de partidas a la educación privada, no distribuir los 30.000 kits de útiles entre la población escolar más vulnerable en términos socioeconómicos, ordenar a las autoridades escolares que confeccionen listas con la nómina de alumnos que ocuparon los establecimientos, judicializar los conflictos, etc. Y que tan lícito es que haya sectores que compartan esas medidas, como otros que las resistan porque –mal que les pese– en democracia la legitimidad de origen de un mandato no otorga a los gobernantes el monopolio de la acción política.

A veinticinco años de recuperadas las instituciones de la democracia en nuestro país, preocupa que estas por demás elementales cuestiones de educación cívica tengan que ser recordadas a fin de evitar que se naturalicen ciertas concepciones elitistas y autoritarias como las que actualmente circulan como discurso oficial.

* Area de Derecho a la Educación/Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires.