SOCIEDAD › DISTRIBUCION IRREGULAR DEL PLAN JEFES DE HOGAR EN SANTIAGO

A inscribirse en casa del diputado

Mientras se moría por desnutrición una niña de 7 años, en la provincia salió a luz la denuncia de que 9000 planes fueron entregados como prebendas por punteros, concejales y diputados del PJ y la UCR. El gobierno intimó a los denunciantes a desdecirse.

 Por Alejandra Dandan

El 10 de febrero, María Belén Sosa entró al Hospital de Niños de Santiago del Estero con un cuadro de parálisis cerebral agudizado por el hambre. Ese día pesaba 5,650 kilos, casi tres veces menos que una niña normal de 7 años de edad. María Belén murió al día siguiente con desnutrición de grado tres, el mismo síntoma que comenzó a expandirse en el país detrás de la caída de la economía y las denuncias en Tucumán, Chaco y Salta sobre los desvíos de la ayuda social destinados a las familias de menos recursos. En ese contexto, Santiago del Estero no es una excepción. Esta nueva muerte puso en blanco sobre negro, tal vez por primera vez, la desmesurada trama de un sistema de prebendas políticas repartidas por caciques y caudillos. Hubo una investigación y una denuncia en la provincia que puso al desnudo irregularidades en la entrega de 9000 planes Jefas y Jefes de Hogar, donde están relacionados punteros, concejales y diputados del PJ y la UCR. Los denunciantes fueron amenazados. El subsecretario de Gobierno provincial envió una carta intimidatoria a sus domicilios particulares para exigirles “urgente” una desmentida ante escribano público.
Las denuncias de Santiago del Estero son graves. Desnudan la manera de distribución de una ayuda social dirigida supuestamente sin restricción ni bandera política a las familias cuya economía doméstica está al borde del colapso. La investigación del caso prueba ahora al menos una cosa: que la ayuda social, es decir, los 150 pesos de los planes Jefas y Jefes llega a sus destinatarios legítimos si, y sólo sí, son canalizados por un puntero político.
La madre de María Belén tiene en este momento otros ocho hijos con los indicadores nutricionales similares. Ivana tiene 12 años, pesa 27 kilos cuando debería estar en los 36. Javier tiene 10 años, pesa 22 kilos, diez kilos menos de lo que debería tener un niño de su edad y su estatura. Silvia Margarita Sosa, la mamá, no está incluida en ninguno de los planes de asistencia canalizados por la Nación, la provincia de Santiago o su municipio. Vive a dos kilómetros del corazón político de las tierras de los Juárez, en el barrio Bosco, en una casa de barro donde hasta hace dos semanas ni siquiera había una sola cama para dormir. “¿Qué comen? -pregunta la mujer–. Los alimentos con lo que saco de los cartones, hay días donde hago tres pesos, otros no tienen nada que comer.” Los cartones, la reventa de los diarios que logra arrancarle a la calle en medio del tráfico de otros cientos que pasan por su mismo lugar, le da algo así como 3 pesos con cincuenta centavos por día, los días donde la cosecha es buena. “Si saco dos pesos —sigue Silvia— con un peso compro puchero, compro un peso de verdurita y pido arroz y fideos por ahí para tirar algo más.”
Entrenada en cuestiones de supervivencia, Silvia usó todos los canales imaginados para conseguir bolsas de alimentos, leche, restos de comida y, lógico, alguno de los planes asistenciales. Hace unos meses viene escuchando la misma explicación en los lugares que funcionan como bocas de expendio del Estado: la inscripción oficial para los planes, le dicen, está cerrada. La inscripción del Jefas y Jefes de Hogar terminó exactamente el 17 de mayo de 2002.
Lo que Silvia no sabía es la otra parte de la historia. Aquella que rápidamente define ahora el médico Luis Giribaldi, vicepresidente de la Asociación Argentina de Pediatría en Santiago del Estero: “Acá —dice Giribaldi— la leche existe, pero se cambia por un voto”.
A partir del 17 de mayo de 2002 en la provincia se inscribió a otros 9000 aspirantes a planes Jefas y Jefes de Hogar. Sobre ese total, 7000 consiguieron el beneficio. Entre ellos están los más pobres de los pobres, pero para conseguir los planes la gente no fue a ninguno de los cuatro centros habilitados por el Ministerio de Trabajo para la tarea. Se anotaron en unidades básicas, en comités políticos, en los domiciliosparticulares de concejales del PJ, de diputados nacionales y operadores de distintas extracciones partidarias. Si reciben o no los 150 pesos completos nadie lo sabe a ciencia cierta; lo que muchos aseguran es que este tipo de arreglo obliga a varios cientos de beneficiarios a transformarse en ejército en épocas de elecciones.
Carlos Luis Borges es uno de los santiagueños que denunció formalmente estos casos ante el único juzgado federal de la capital, a cargo de Angel Jesús Toledo. Borges era, hasta el momento de esa presentación, presidente del Consejo Consultivo Municipal de la Capital de Santiago, un órgano que depende directamente de Nación y se encarga monitorear la distribución y canalización de los planes a través de distintas agencias en todo el país. La denuncia de Borges fue producto de una investigación que se extendió desde julio del año pasado a febrero de este año. A partir del momento en que el Consejo decidió hacer pública la denuncia, a Borges desde el Consejo Consultivo provincial le revocaron el mandato.
–¿Qué fue lo que observó el Consejo Consultivo?
–Comenzamos a hacer una investigación a pedido del Ministerio de Trabajo. En ese momento vimos que la fecha de inscripción formal para los planes había terminado el 17 de mayo; sin embargo, desde julio comenzamos a ver un incremento en el padrón de beneficiarios que no coincidía con la cantidad de inscriptos.
Durante julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre, el padrón de la capital provincial pasó de 13 mil beneficiarios a 21 mil. “El PJ —dice Borges—, a través de las unidades básicas y otras dependencias del gobierno, continuaba inscribiendo a la gente en domicilios particulares, incluso en direcciones de diputados nacionales.” A lo largo de la investigación aparecieron los nombres de diputados como Cristina Cieri de Betancourth, Imelda de Cordero, Nélida de Rodán, del PJ, o Liliana Cruz, de la UCR. Figuran como los dirigentes que inscribieron beneficiarios en unidades básicas del barrio Cabildo, en la Unidad Básica que responde a Olga Ansani, o en el Ministerio de Acción Social. Las únicas dependencias o centros habilitados por la Nación para estos trámites no eran esos sino la CGT, la sede del Consejo Consultivo, el Centro de Comercio y Centros Operativos de la Municipalidad. Para los técnicos, ideólogos del Plan Jefas y Jefes, esa red era imprescindible para garantizar el acceso de los más necesitados, eliminar a los intermediarios y asegurar que las partidas de dinero llegaran adonde tenían que llegar.
Cuando el Consejo Consultivo de la comuna de Santiago comenzó a encontrar cierta frecuencia y coincidencia de nombres y domicilios, convocó a los beneficiarios de los planes para pedirles una declaración jurada. “Cada uno anotó su nombre, dónde trabajaba, dónde se habían anotado y quién lo había hecho —dice Borges—: todo esto lo adjuntamos ahora con el material de la denuncia, avisamos al Ministerio, al Consejo Provincial y nada se hizo, nada con una excepción.”
La excepción fue la carta del subsecretario de Gobierno de la provincia, el ingeniero Luis Alberto Palmeyro. En una hoja con membrete, su sello, su firma, y con fecha 8 de enero, el subsecretario les pidió con cierta delicadeza a los beneficiarios que retiraran “URGENTE su denuncia ante escribano público”. Por lo general, dice ahora Borges, “el problema con las amenazas es que nunca hay pruebas, pero en este caso las teníamos a todas”. Palmeyro se tomó el trabajo de mandar cada una de las cartas a los domicilios particulares de cada uno de los beneficiarios, es decir, a la gente de menos recursos que había conseguido un plan por el puntero/puntera/comité/compañero de su barrio.
Esa carta circuló por internet y la gente del Consejo Consultivo comenzó a difundirla por los circuitos alternativos. Palmeyro fue obligado a abandonar su cargo pero, según Borges, las amenazas no desaparecieron.”Hoy, por tratar de transparentar el sistema usado por delincuentes y corruptos, los dirigentes vecinales y de las ONG están amenazados y han tratado de intervenir sus instituciones”, explica.
En tanto, la voz de Silvia Sosa sigue rumiando. Desde hace unos días camina doce cuadras para conseguir agua potable porque cortaron el agua de la canilla que tenía a tres cuadras. En aquel otro lugar ya no le dan el agua gratis como lo hacía su vecina, ahora tiene que pagar 2 pesos cada vez que se le vacía el bidón de 100 litros.

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