SOCIEDAD › SIETE DE CADA DIEZ CONSIDERAN QUE DEBERIA HABERSE AUTORIZADO EL ABORTO A LA NENA ENTRERRIANA VIOLADA

Un masivo apoyo social para un derecho que está previsto en la ley

El 60 por ciento coincidió además en que una vez que la familia dio marcha atrás se debe respetar esa decisión. Una encuesta de Ibarómetro en el área metropolitana muestra también que más de la mitad desaprueba que vaya presa una mujer que aborta.

 Por Mariana Carbajal

El drama de la niña entrerriana de 11 años que reclamó interrumpir un embarazo producto de un abuso sexual, volvió a poner en la agenda pública el problema de la penalización del aborto en la Argentina. Una encuesta realizada por la consultora Ibarómetro –a la que accedió en exclusiva Página/12– reveló que 7 de cada 10 entrevistados consideran que el caso encuadraba dentro de la figura de aborto no punible y debería haberse hecho la interrupción del embarazo que requirió desde un comienzo la familia. Esta postura mayoritaria se contrapone ampliamente a las afirmaciones del ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, quien apenas se conoció el pedido arengó por la continuación de la gestación, y alegó que el cuerpo infantil –una vez que había ovulado por primera vez– ya podía soportar el embarazo. El relevamiento indagó más allá del caso puntual y preguntó sobre la mirada en torno de la actual criminalización del aborto: más de la mitad de los consultados opina que ninguna mujer debería ir presa por practicarse un aborto, mientras que menos del 30 por ciento adhiere al castigo penal. “Si bien en la esfera pública la problemática del aborto pareciera despertar posturas polarizadas en proporciones simétricas, existe en la sociedad una mayoritaria posición en contra de la penalización del aborto”, señaló a este diario Ignacio Ramírez, director de Estudios de Opinión y Mercado de Ibarómetro.

Los datos surgen de una encuesta telefónica realizada el martes 24 de enero, cuando ya se había conocido la decisión de la mamá de la nena de retirar el pedido para poner fin a la gestación forzada. Se llevó a cabo en el área metropolitana de Buenos Aires entre 1000 personas, a las que se les preguntó sobre diversos temas de actualidad, entre ellos, el caso de la niña entrerriana y el aborto. El 60 por ciento de los encuestados coincidió en que una vez que la familia dio marcha atrás, se debe respetar esa decisión, mientras que el 26,6 por ciento afirmó que debería realizarse el aborto no punible de todas formas. “Lo que venimos observando en éste y otros relevamientos anteriores sobre el tema, y que más nos llama la atención, es que los posicionamientos de mayor visibilidad en la esfera pública parecieran estar sobrerrepresentados. Me refiero a políticos y otras voces que están en contra de la despenalización y son los que más enérgicamente se pronuncian. Pero en la opinión pública no hay tanta polarización: hay una sociedad que tiene una postura bastante generalizada en contra de la penalización del aborto”, analizó Ramírez. “Lo interesante de una encuesta es que el anonimato recupera la voz que puede estar silenciada en otros ámbitos. Es interesante que cuando preguntamos en relación con el tema del aborto no surge que sea un tema tabú, que se prefiere evitar. Es bajo el porcentaje que dice no saber o no contesta”, agregó Ramírez. “El posicionamiento a favor de la despenalización del aborto va acompañado con otra actitud bastante extendida de que el Estado intervenga. Lo preguntamos en una encuesta hecha en octubre –cuyos resultados publicó en su momento este diario– y más de la mitad considera que el Estado debería garantizar los abortos en los servicios de salud. Esta opinión sintoniza con un sentimiento de época, de recuperación de un valor muy caro a la cultura argentina, que fue desmantelado durante el menemismo, y es la centralidad del rol del Estado”, interpretó Ramírez.

En la encuentra se preguntó:

–En Entre Ríos, una niña de 11 años quedó embarazada como fruto de un presunto abuso sexual. ¿Qué opinión tiene usted?

El 70 por ciento respondió que “debería autorizarse el aborto”. Sólo el 21 por ciento dijo que “no debería (permitirse) porque no está en peligro su vida”.

–Más allá de este caso puntual, ¿cuán de acuerdo está con que una mujer que se hace un aborto vaya presa?

Casi el 54 por ciento contestó “poco” y “nada”. Sólo el 30 por ciento “mucho” y “bastante”. El 16,2 por ciento dijo “no saber”.

El relevamiento se hizo en una muestra probabilística estratificada por población, entre personas mayores de 18 años residentes en hogares particulares con teléfono fijo. Con datos ponderados según sexo, edad y nivel educativo alcanzado (según representatividad electoral de CABA 24 por ciento, Primer Cordón de GBA 29 por ciento y Segundo Cordón de GBA 47 por ciento). A través de un cuestionario de preguntas cerradas con opción de respuesta única.

“Los jóvenes tienen posturas más a favor de la despenalización del aborto. No hay diferencias entre los sexos, lo que nos muestra que no se trata de un reclamo o problema que interesa sólo a las mujeres. En general, lo que vemos es que a medida que crece el nivel educativo, crecen las posturas a favor. Pero estas posturas predominan en todos los segmentos sociales”, agregó el director de Estudios de Opinión y Mercado de Ibarómetro.

La encuesta anterior, realizada en octubre, también mostró un amplio apoyo en el área metropolitana a la despenalización y legalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación. Aquel sondeo arrojó los siguientes resultados:

- Casi seis de cada diez personas creen que la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo en el primer trimestre de gestación es un derecho de la mujer, mientras que sólo cuatro de cada diez se manifiesta en desacuerdo.

- El 52 por ciento se pronuncia en contra de que la mujer que aborta tenga que ir presa. En la nueva encuesta este porcentaje sube 2 puntos.

- Unicamente el 31 por ciento de los consultados considera que el aborto debe ser castigado con prisión. La nueva medición muestra que esta posición se redujo levemente.

- Un 56 por ciento considera que el Estado debería garantizar los abortos en los servicios de salud.

¿Y ahora qué?

Los obstáculos que le impusieron a la nena de 11 años, de la localidad entrerriana de General Campos, para acceder a un aborto no punible despertaron un amplio repudio de organismos internacionales, sociedades científicas y médicas, organizaciones de derechos humanos, sociales, de mujeres, sindicales, entre ellas, Unicef, la Organización Panamericana de la Salud, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la CTA, el Centro de Estudios y Sociedad (Cedes), la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, el Consejo Ejecutivo Nacional de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) y Católicas por el Derecho a Decidir, la Fundación para la Salud de Adolescente (FUSA), la Federación Argentina de Medicina General (FAMG), profesores de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta y la Multisectorial de Mujeres de esa provincia (ver aparte).

Los generalizados pronunciamientos a favor de la realización del aborto no punible solicitado originalmente por la familia de la niña contrastaron con el silencio de las autoridades del gobierno nacional. Del ministro de Salud Juan Manzur depende el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. En ese programa, a poco de conocerse la judicialización del caso, se empezó a elaborar un “amicus curiae” para presentar en el Juzgado de Familia de Concordia, que debía resolver el pedido del aborto no punible, pero nunca se llegó a presentar. En 2010, ante otro caso parecido, el programa había acompañado con un recurso de ese tipo, para apoyar el pedido de aborto no punible de una adolescente identificada como A.G., de Comodoro Rivadavia, que denunció un embarazo producto de una violación, pero se encontró también con la negativa arbitraria del hospital local para practicárselo y debió llegar hasta el Superior Tribunal de Justicia de Chubut para conseguir un aval y que se concrete.

El caso de Entre Ríos –como tantos otros– nunca debió judicializarse y debió resolverse en un hospital público, siguiendo las indicaciones del Protocolo de Atención a Personas Víctimas de Violencia Sexual y la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos no Punibles, elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación, donde está claro que cualquier mujer violada tiene derecho a pedir la interrupción de un embarazo producto de esa relación forzada, y que no es necesario un permiso de un juez.

A la luz del caso entrerriano, algunos diputados están reflotando la idea de promover en el Congreso una ley que clarifique las excepciones contempladas en el Código Penal en desde 1921, sin avanzar más en relación con la ampliación de los permisos. La Corte Suprema de Justicia debe pronunciarse sobre los alcances del artículo 86: debe expedirse en relación con el aborto no punible solicitado en Comodoro Rivadavia por A. G. Aunque se realizó el aborto no punible, luego del fallo del máximo tribunal provincial, el expediente judicial sigue abierto. El asesor general subrogante de Chubut recurrió la sentencia, con el objetivo de que fuera revocada y no quedara como antecedente. La causa ya pasó por varios de los despachos de los ministros de la Corte, y fuentes del Palacio Judicial indicaron que podría firmar el fallo en el primer semestre de este año.

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Imagen: Leandro Teysseire
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