En Comodoro Rivadavia impulsan la reglamentación de la prostitución. El polémico proyecto es avalado por el gobierno local que encabeza el intendente kirchnerista Néstor Di Pierro, y comenzó a debatirse en el Concejo Deliberante en los últimos días. La iniciativa propone crear una zona roja, en un sector de la ciudad destinado al asentamiento de burdeles. Según explicó la directora de Salud municipal, Judith Jozami, se busca regular la actividad para que “el Estado pueda fiscalizar y controlarla”. Además, afirmó, se pretende “fortalecer los aspectos sanitarios” vinculados con las mujeres que ofrecen “servicios sexuales” para proteger a los clientes, y a la vez –y esto suena realmente increíble– generar un atractivo “turístico” para posicionar a la ciudad chubutense por sus prostíbulos. El fiscal Marcelo Colombo, a cargo de la Unidad Fiscal especializada en el delito de trata de la Procuración General de la Nación (Ufase), expresó su oposición al proyecto y alertó que es contrario a leyes y tratados internacionales vigentes. Integrantes de organizaciones que luchan contra la trata también cuestionaron en duros términos la propuesta: alegan que no se puede separar la prostitución de la trata para explotación sexual (ver aparte).

“No sólo es (para) regular y cuidar sanitariamente, sino que hay muchos países que generan estos espacios que desarrollan también los aspectos turísticos, como Holanda”, indicó la funcionaria municipal en declaraciones a una radio local, puntualizando que uno de los objetivos de la iniciativa es convertir al sistema prostibulario en un polo de atractivo turístico. Jozami fue a defender la iniciativa al Concejo Deliberante. La funcionaria había elaborado el proyecto en 2006 cuando era concejal. Pero su propuesta de “regular el comercio sexual” no prosperó en aquel momento y ahora fue reflotada y comenzó a discutirse en los últimos días en la comisión Nº 2 de la Legislatura local, que se ocupa de temas de Familia y Personas con necesidades especiales.

“Está la decisión política del intendente de trabajar en la reglamentación de este tema”, confirmó la concejal Alicia Dubreuil. Tanto la edila como la directora de Salud reclamaron la derogación de la Ley nacional 12.331, que prohíbe expresamente “las casas de citas” o prostíbulos y que data de 1937. Y aseguraron que también se busca combatir la trata de mujeres.

“Legalizar la prostitución, blanquearla. Y ponerle el marco sanitario que necesita para proteger desde el aspecto de la salud y lo social a quien ofrece sexo retribuido y a quien lo consume”, explicó Jozami los alcances de la propuesta. La funcionaria detalló que su iniciativa “permite que la persona que ofrece servicios haga aportes, tenga obra social, jubilación futura” y a la vez, quien ofrece sexo pago “es quien cobra” para eliminar al proxenetismo.

Al ser consultado sobre el tema, el subsecretario de Salud de Comodoro Rivadavia, Carlos Catalá, también se mostró a favor de la propuesta y precisó que apunta a controlar fundamentalmente la prostitución que hoy se desarrolla en departamentos privados o vips, sin el control del Estado, en la ciudad patagónica, donde distintos relevamientos en el país señalan como destino de trata para explotación sexual. Catalá explicó que el municipio controla sanitariamente a las “damas de sala” que trabajan en locales nocturnos habilitados por la comuna, quienes cada dos meses deben realizarse estudios sobre infecciones de transmisión sexual. “Pero como los vip no tienen ninguna regulación o control (...) no sabemos qué está pasando sanitariamente y el Estado no puede desentenderse de la salud de la población”, dijo Catalá, mostrando preocupación por la salud fundamentalmente de los clientes-prostituyentes. Jozami precisó que son alrededor de 500 las mujeres que ejercen la prostitución “controladas” por el municipio de Comodoro Rivadavia actualmente.

El proyecto original de Jozami delimita un sector de la ciudad destinado al asentamiento de clubes nocturnos, en inmediaciones de rutas provinciales o nacionales. Como contrapartida, prohíbe la actividad a menos de 800 metros de las escuelas. Además, limita la oferta sexual al interior de locales cerrados y prohíbe “sugerir, ofrecer, insinuar, solicitar, negociar o aceptar directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos en el espacio público”. A su vez, regulariza la prostitución  sobre la base del cumplimiento de las condiciones exigidas para cualquier trabajador de acuerdo con las leyes vigentes, en caso puntual considera que debe entenderse como “arrendamiento de servicios”. Al mismo tiempo, determina que sean las mismas “trabajadoras sexuales” las encargadas de cobrar por sus servicios.