SOCIEDAD › DEBATE SOBRE EL IMPACTO DE LA CUMBRE RIO+20 EN LA ARGENTINA

Mínimo común denominador

Funcionarios y distintas ONG discuten los logros de la convención. Unos creen que es un virtual fracaso. Los otros, que se ha logrado frenar un embate de los países desarrollados por el control de los recursos naturales.

 Por Eduardo Videla

Desde RÍo de Janeiro

¿Cómo impactarán en la agenda ambiental de Argentina los resultados de la cumbre Río+20, que fueron magros y frustrantes para las organizaciones sociales, pero satisfactorios para el gobierno? Para empezar el debate, Página/12 consultó a dirigentes ambientalistas y a funcionarios que participaron directamente de las negociaciones en Naciones Unidas para obtener algunas respuestas.

Para Daniel Ryan, representante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el documento reflejó “el común denominador más bajo”. Si bien coincide en que “no hubo avances”, admite que “tampoco hubo retrocesos en términos de principios”. Y respecto de la falta de metas concretas en el documento final, advierte que en el plano local “vamos a tener que pelear para que esto no se tome como una vía libre para el desarrollo sin importar las consecuencias ambientales. Muchos actores lo van a tomar como un triunfo del desarrollismo sobre la sustentabilidad”, sostiene.

La subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora, hace un análisis geopolítico del asunto. “El documento es el resultado de dos concepciones con respecto al desarrollo sustentable. Los países centrales querían con la economía verde vender su tecnología y salvarse de la crisis. Nosotros, que hemos frenado ese intento, reafirmamos los principios de Río ’92”, explica, para concluir que el acuerdo será beneficioso en términos de autonomía e independencia económica.

Respecto de los temas puntuales que más preocupan, las fuentes también dieron su posición.

- Minería. “En el documento se introduce a la actividad minera como posible dinamizador del desarrollo. Más allá de que la minería no es sustentable por principio, al ser un recurso no renovable, esta inclusión puede ser utilizada como ‘maquillaje verde’, por la megaminería a cielo abierto”, evalúa Milko Schvartzman, de Greenpeace. Juan Carlos Villalonga, del foro de Ecología Política Los Verdes, coincide en que “el texto que se introdujo legitima la actividad antes que poner el acento en la necesidad, por ejemplo, de eliminar totalmente los subsidios que la minería recibe y en la urgente necesidad de un uso más racional de los recursos”.

Silvia Mérega, directora de Asuntos Ambientales de Cancillería y relatora argentina en la cumbre, explica que la inclusión de la minería como “una actividad que promueve el desarrollo económico y social, porque crea fuentes de trabajo” tiene importancia ya que se advierte que se deben tomar medidas ambientales para crear un equilibrio que conduzca al desarrollo sustentable”. Révora coincide en que “no es una actividad sustentable, pues es extractiva, pero con una buena evaluación de impacto pueden aprobarse algunos emprendimientos”. Considera además que “se debe garantizar la participación ciudadana y el control durante toda la vida útil de la actividad y luego remediar si corresponde”.

- Agroquímicos: “No hay nada en el texto que comprometa a los países a promover la agroecología, la verdadera agricultura verde, y mucho menos con respecto a compromisos para reducir y prohibir los productos químicos peligrosos o tóxicos utilizados hoy en día en la agricultura”, advierte Schvartzman. El representante de Greenpeace considera que sobre ese punto “el texto es realmente muy vago y deja la puerta abierta para más prácticas de agricultura no sostenibles, como ser la utilización de transgénicos y los herbicidas acompañantes”.

Révora argumenta que “el documento de Río no tuvo como objetivo plantear soluciones específicas. En cuanto a los agroquímicos, personalmente estoy por la prohibición de la fumigación aérea pues afecta la salud y los ecosistemas”. Sobre una limitación más amplia, sostiene que “aún hacen falta más estudios para evaluar su impacto”.

- Energías limpias: Para Greenpeace, en el resultado de la cumbre “no existen compromisos ni plazos para la ampliación de la participación de las energías renovables ni para la quita de subsidios a los combustibles fósiles. Esta era una de las principales demandas de la sociedad civil, para disminuir el cambio climático y sus consecuencias”, sintetiza Schvartzman. Villalonga coincide en que “desaparecieron las metas que originalmente existían sobre eficiencia energética y renovable. Todo lo que se dice ahora son generalidades, usando incluso un vocabulario que es más benigno con los combustibles fósiles”.

La subsecretaria de Política Ambiental admite que no hubo avances. Pero destaca que en el país “las venimos planteando hace mucho tiempo: se están armando proyectos de desarrollo de energía eólica”. Sostiene sin embargo que “los combustibles fósiles no pueden ser totalmente remplazados, aunque por supuesto que lo deseable es ir cambiando la matriz energética”. En efecto, el país tiene parques eólicos y solares, aunque en ese ítem está bastante más atrasado que otros, por ejemplo, Brasil.

- Deforestación. Ryan, de FARN, reprocha que el acuerdo de Río “no tiene compromisos ni metas concretas” para limitar esa práctica. “El texto representa una gran frustración, ya que no avanza en nada. No hay ningún objetivo planteado”, coincide Schvartzman.

Para Révora, el tema de la deforestación “ya está regulado por anteriores convenciones, como la de cambio climático y conservación de la biodiversidad, y los países que han adherido, entre ellos la Argentina, están comprometidos a trabajar en la preservación de los ecosistemas”.

“Considerar como un éxito la ratificación de los principios de Río ’92 es una visión demasiado optimista”, evalúa Ryan. “Los funcionarios preocupados por el tema y las organizaciones vamos a tener que luchar mucho para que estos resultados no se tomen como un aval para el desarrollo sin importar las consecuencias ambientales”, vaticinó. Destacó sin embargo el acuerdo regional que se dio, a partir de una propuesta de Chile, para garantizar el cumplimiento del Principio 10 de Río ’92, que promueve la participación pública, el acceso a la información ambiental y el acceso a la justicia. “Los dos primeros puntos no se cumplen cabalmente en nuestro país: cada provincia tiene su criterio para las audiencias públicas y el acceso a la información es muy limitado”.

Para Villalonga, “lo peor es que en materia de cambio climático, lo que viene es un proceso más debilitado aún, y esto promoverá la proliferación de iniciativas parciales, de parte del sector privado, gobiernos locales y ONG, que no alcanzan para enfrentar el problema y, en algunos casos, serán tremendamente peligrosas”. Destacó, sin embargo, un avance en “la iniciativa de reducción de emisiones de las megaciudades, donde Buenos Aires participa, pero eso es absolutamente voluntario y fuera de todo control”.

Para Révora, “el documento no tuvo como objetivo plantear soluciones específicas: estaba en juego el poder de los países centrales de seguir dominando el comercio internacional y frenar a los países emergentes”. El saldo positivo es que “se le dio poder a la Asamblea General de Naciones Unidas y no a la Secretaría General para fijar las nuevas metas y medios de implementación. La idea es democratizar a la ONU”, resume.

Sobre la opinión de las organizaciones, Révora opina que “no hacen un análisis de la realidad internacional y creen que poniendo algunos enunciados de buenas intenciones vamos a cambiar el mundo. ¿Por qué los países centrales no van a la médula del problema y toman decisiones para cambiar los patrones de producción y consumo? ¿Por qué no eliminan la publicidad que genera demandas superfluas y hacen más durables los bienes de consumo? Porque eso sería ir contra el sistema y ellos han sido los más beneficiados del mismo”.

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