El gobierno bonaerense estudia la presentación de un proyecto de agravamiento de las excarcelaciones para detenidos por portación de armas de fuego durante robos o intentos de robo. El anuncio lo hizo el subsecretario de Política Criminal bonaerense, César Albarracín, para reforzar el escaso rebote que tuvo el gobernador Daniel Scioli con el mismo tema un día antes desde Bahía Blanca. Albarracín detalló que estudian agravar las excarcelaciones de las cárceles bonaerenses y trajo como modelo nada menos que la reforma Blumberg al Código Penal en 2004, que endureció las penas y las excarcelaciones en casos de robos agravados y que por lo visto no sirvió de nada. El anuncio lo hizo en el marco en que en Nación se discute la reforma al Código Penal que, entre otras cosas, pretende anular el cambalache legal después del paso del inyenieri como especialista en leyes.

Albarracín sostuvo que “a lo que se apunta es a seguir potenciando todas las acciones tendientes a desarmar a quienes tienen armas para delinquir. No solamente se va a trabajar en un reempadronamiento, sino también en tener más firmeza con esas situaciones con las que nos encontramos, que son personas que están portando armas ilegítimamente, y la mayoría de las veces se trata de armas que han sido sustraídas, con la numeración limada”. Todos resortes deficitarios, como se ve, del mismo Poder Ejecutivo.

Pero lo que parecía una autocrítica remozadora del gobierno de Scioli se reveló apenas como un grito de tero: el esfuerzo, dijo Albarracín mencionando a su jefe directo, Ricardo Casal, y a Scioli, “se orienta a rescatar una legislación que ya está en el Código Penal nacional a través de una reforma del año 2004 que distingue y agrava este tipo de situaciones a las que nosotros nos estamos refiriendo.” Se refería a las reformas Blumberg de abril y mayo de 2004, modificatorias que dejaron al Código Penal patas arriba. Con decir que un detenido por robo de una gallina a mano armada, con antecedentes de delitos semejantes, puede recibir más pena que por un homicidio. La propia insistencia de Scioli en dedicar más esfuerzo a las penas que a las soluciones debería quedar en el absurdo por la propia secuencia de la realidad que parece demostrar que, si las tasas delictivas bajan, la modificación es improcedente, y si suben, después de ocho años de blumberismo se demuestra inútil.

El anuncio, sacado de contexto, es otro más de los anuncios de agravamiento de penas de Scioli que con más o menos suerte remiten en las Legislaturas, según el momento de sensibilidad legislativa a las olas mediáticas. Aunque en este último caso, la secuencia de las noticias parece mostrar si no el cascabel, al menos la cola del gato.

La afirmación de Scioli tuvo lugar, en un medio irrelevante para hacerlo, ante empresarios en un acto por el Día de la Industria en Bahía Blanca. Lo hizo, como surfista para no perder el impulso y alcanzar la cresta de la ola apenitas un día después del crimen de una mujer durante un asalto en Lanús, y a las pocas horas de que su ministro de Seguridad, Ricardo Casal, anunciara refuerzos policiales. Como lecturas al margen, tanto el anuncio de Casal el domingo como el de Scioli el lunes fueron hechos en terrenos inhóspitos aunque provinciales (ambos intendentes responden a Cristina Kirchner).

Pero el rebote de las declaraciones de Scioli no hizo espuma, por lo que al día siguiente, Albarracín sacó a relucir la misma propuesta, afilando el lápiz en el blumberismo, como para garantizarse si no un proyecto de ley, al menos los titulares de una polémica.

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