Después de que una denuncia por abusos entre 1984 y 1992 contra niños del Seminario Menor de Paraná desatara un vendaval sobre el ex prefecto de dicho seminario Justo José Ilarraz, el juicio terrenal dio pasos agigantados en dirección del denunciado. Otro seminarista se sumó a la querella y aportó más datos sobre la mecánica que utilizaba Ilarraz. Los abogados de uno de los denunciantes pedirán al Supremo Tribunal de Justicia entrerriano realizar peritajes psiquiátricos y psicológicos al cura. El Arzobispado de Paraná anunció que se puso a disposición de la Justicia para que se conozca la verdad y afirmó que Ilarraz fue apartado del ejercicio del ministerio desde el 7 de septiembre pasado. El juicio diocesano que ya le había realizado la Iglesia paranaense en los ’90 no pasó de esa jurisdicción, es decir, ni siquiera fue elevado a la Arquidiócesis de Santa Fe. Quien encabezó el juicio, el actual cardenal Estanislao Karlic, decidió que las denuncias de abuso debían mantenerse en silencio y lejos de la Justicia terrenal. Hace dos años, un grupo de curas pidió al arzobispo de Paraná que denunciara el caso a la Justicia, pero nunca obtuvieron respuesta.

Si bien la situación de Ilarraz se deteriora a medida que el secreto del confesionario se desparrama bajo nuevos casos de abuso, por el momento el cura denunciado sigue sin aparecer. Pocos días atrás, el abogado Jorge Muñoz, que aseguró representarlo, sostuvo que “se encuentra en la provincia de Tucumán, pero como tuvo un fuerte impacto todo esto en su persona, prefirió abstraerse y hablar a través de su representante”, en declaraciones citadas por la revista Análisis, que hace dos semanas sacó a la luz las denuncias de abuso.

El 20 de septiembre, Muñoz presentó un hábeas corpus preventivo con “el fin de resguardar la persona del sacerdote, evitando la situación de condición de peligrosidad procesal” y agregó que el cura se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires.

El martes 18, un seminarista de 33 años declaró ante el fiscal Rafael Cotorruelo, para relatar cómo, entre 1984 y 1992, medio centenar de niños que por entonces tenían entre 12 y 14 años eran abusados por el cura Justo José Ilarraz. La Justicia intervino de oficio luego de la publicación de los casos en el medio paranaense, cuatro días antes. En la investigación judicial se supo que a principios de los ’90 circulaban rumores que apuntaban contra Ilarraz y que el por entonces arzobispo Karlic ordenó una investigación diocesana, que quedó a cargo del sacerdote y abogado Silvio Fariña y del actual vicario general de Concordia, Alfonso Frank. Las actas del juicio diocesano nunca fueron elevadas a tribunales superiores ni se abrieron a la Justicia penal. Ilarraz fue enviado al Vaticano y luego trasladado a Tucumán, donde ejercía en una parroquia del barrio Ñuñorco, en la localidad de Monteros, hasta que se desató el escándalo y se esfumó como un espíritu.

En quince días, la causa judicial avanzó a pasos agigantados. El juez de Instrucción Nº 3, Alejandro Grippo, permitió que se solicitaran a la Iglesia las actuaciones del juicio diocesano. El Arzobispado anunció su intención de ponerse a disposición de la Justicia, pero aún las actas diocesanas no fueron incorporadas. Luego de la primera declaración espontánea, otro ex seminarista se presentó a declarar y confirmar los hechos. El viernes, los abogados Marcos Rodríguez Allende y Walter Rolandelli solicitaron que Ilarraz sea sometido a peritajes psicológicos y psiquiátricos. Por el momento, Ilarraz puede negarse al peritaje, porque no fue citado a indagatoria. Rodríguez Allende, de todos modos, informó su intención de requerir su inmediata presencia en Paraná.

La fiscalía, entre tanto, solicitó a Grippo la citación de una docena de sacerdotes, algunos de los cuales eran seminaristas en la época en que Ilarraz era prefecto del Seminario Menor. El pedido incluye al actual secretario privado del arzobispo local, Mario Gervasoni, uno de los seminaristas de aquel momento. También figuran siete curas que en 2010 pidieron por nota al entonces arzobispo de Paraná Mario Maulión que se denunciara en la Justicia penal a Ilarraz. Se trata de los curas José Dumoulin, vicario de Nuestra Señora de Luján; los párrocos Leonardo Tovar, José Carlos Wendler, Alfredo Nicola, Mario Olivera, Agustín Hertel y el sacerdote canadiense José María Gauthier, responsable de la Casa Padre Lamy. También citará al vicario de Nuestra Señora de la Piedad, Leandro Bonnin, donde ejerce como párroco el cura Luis Alberto Jacob, ex rector del Seminario en el período en que Ilarraz era prefecto. Silvio Fariña, que tomó testimonio a las víctimas en la investigación diocesana, también deberá aportar lo suyo.

Según Rodríguez Allende, luego de que el grupo de curas presentó su carta en 2010, el arzobispo Maulión “nunca respondió al pedido”. Después de casi tres décadas de silencio, y dos años de mirar para otro lado, el Arzobispado de Paraná anunció su decisión de acompañar a la Justicia. Lo hizo mediante un comunicado: “El Arzobispado de Paraná –decía– colaborará con el tribunal competente en todo lo que esté a su alcance para el completo esclarecimiento de los hechos. Reiteramos la firme determinación y compromiso con la búsqueda de la verdad y la aplicación de las sanciones legales que en su caso correspondan, conforme al derecho común aplicable”. En el segundo párrafo el comunicado recordaba que en 1995, la declaración de las personas afectadas permitió conocer los hechos y el Arzobispado de Paraná procedió en aquel momento a realizar una investigación que puso a disposición de la Justicia (recién ahora).