Un suboficial de la Policía Federal fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de un adolescente, a quien persiguió por considerar “sospechoso”. El caso de “gatillo fácil” fue cometido en enero de 2012 en el barrio de Balvanera. Además, el tribunal dispuso que se inicie una investigación sobre un comisario, un subcomisario y un oficial de la seccional 8ª de la Ciudad de Buenos Aires, ante la sospecha de que habrían intentado favorecer al cabo y encubrir su responsabilidad en el hecho.

La condena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 23 y recayó sobre el cabo Martín Alexis Naredo, quien fue hallado culpable del homicidio agravado de Jon Camafreitas, de 18 años, y quedó detenido, tras haber permanecido todo el proceso en libertad.

Según informó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el tribunal dispuso la detención, ya que consideró que “el hecho constituyó una grave violación estatal a los derechos humanos”. La sentencia fue leída en la Sala B de la planta baja de los Tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro, donde estuvieron presentes decenas de víctimas de “gatillo fácil”.

El episodio ocurrió el 21 de enero de 2012 en Independencia y Loria, de Balvanera, cuando Naredo y el también policía federal Juan Carlos Moreyra perseguían a dos jóvenes, a Camafreitas y a un amigo de 14 años, por considerarlos “sospechosos”. Los jóvenes volvían a sus casas desde la plaza Boedo, de la que se habían ido para alejarse de una pelea entre dos grupos de jóvenes enfrentados. Moreyra persiguió al adolescente, mientras que Naredo alcanzó a Camafreitas, quien recibió un balazo en la cabeza y murió cuatro días después en el Hospital Ramos Mejía por la herida sufrida, según la investigación.

Al declarar sobre lo sucedido, el cabo contó que forcejeó con Camafreitas cuando éste intentó quitarle el arma reglamentaria, una pistola Browning 9 milímetros, y que en ese momento se produjo el disparo de manera accidental.

No obstante, la familia de la víctima no creyó en esa versión y su madre, Delia Castro, se presentó como querellante en el juicio oral y público. En el debate, los testigos y los peritajes probaron que Naredo tomó a Jon por detrás y lo forzó a agacharse, momento en que colocó su pistola, que empuñaba con bala en recámara, sin seguro y amartillada, sobre su cabeza.

La bala penetró el cráneo por la nuca, salió por la sien y se incrustó en la persiana metálica de un local a 49 centímetros del suelo, con un ángulo de 15 grados, determinaron los peritajes.

En los alegatos, tanto la abogada María del Carmen Verdú, representante legal de la familia de la víctima, como el fiscal del juicio, Ariel Yapur, solicitaron una condena a prisión perpetua para Naredo sobre la base de esas y otras pruebas. “Naredo fusiló a Jon al amparo de un fierro y una chapa, como se canta en la calle, y apretó el gatillo que el Estado puso en sus manos”, precisó Verdú, quien explicó que los rastros hallados en la gorra que el chico llevaba puesta demostraron que el arma estaba apoyada en su cabeza.

El TOC 23, con los votos de Héctor Magariños y Pablo Jantus, y la disidencia de Javier Anzoátegui, condenó al policía por “homicidio agravado por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad”, y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos y para portar armas. Según la Correpi, Naredo fue exonerado por el Ministerio de Seguridad cuando comenzó el juicio y estaba trabajando en la Municipalidad de La Matanza.

La organización señaló que se detuvo al policía, ya que “no se puede descartar que la fuerza auxilie al condenado en el futuro para eludir la pena”.