Se acercó a la militancia política desde su trabajo en una ONG por la defensa de los derechos de las mujeres. Ahora, Juliana Di Tullio, como presidenta del bloque de diputados del Frente para la Victoria, se sumó a la convocatoria a la marcha del 3 de junio contra los femicidios bajo la consigna “Ni una menos”, a la que también adhirieron todos los bloques políticos del Congreso. Confía en que “con esta reacción de la sociedad” se comience a transitar un camino, que estima prolongado, para “terminar con todas las formas de violencias machista”. Aunque reconoce que las responsabilidades mayores están en manos de los tres poderes del Estado, le apunta como “el reclamo con mayor vigor” a la Justicia, donde “jueces y juezas con fallos escandalosos” favorecen la violencia contra las mujeres. También aspira a que la movilización social empuje la implementación de la ley contra ese tipo de violencia y de educación sexual en aquellas provincias que aún no adhirieron, para comenzar a “cambiar los patrones socioculturales” del flagelo machista.

–La violencia hacia las mujeres y la cantidad de femicidios que se sucedieron en estos últimos tiempos disparó una convocatoria que también cruza transversalmente a todas las bancadas del Congreso...

–A toda la sociedad, no solo a los legisladores. A todos y todas no solo nos preocupa, nos duele en el estómago, en el corazón, cada vez que aparece una mujer muerta por su marido o ex marido, su pareja, novio, por un conocido o desconocido. Uno va juntando angustia que pone en alerta también a la sociedad y que requiere de un cambio cultural del que debe participar también toda la sociedad. Es un camino largo que requiera de la responsabilidad máxima, que son los tres poderes del Estado, pero especialmente de algunos jueces y juezas que repiten patrones culturales machistas en sus fallos, algunos de carácter escandaloso.

–¿Cuál es su expectativa por la movilización social?

–Esta movida me llena de esperanza y expectativas, que surge de toda la sociedad y de la que vamos a participar todos los espacios políticos, sociales, culturales en todo el país, no solo en la plaza Congreso. Pero me parece un buen momento para hacer reflexiones específicas; la sociedad en su conjunto tiene responsabilidades, todos y todas las tenemos. Hombres y mujeres tenemos que estar muy atentos a no repetir patrones culturales que sean dañinos y que pongan en riesgo la vida de las mujeres, porque no es un chiste, termina con la vida de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes y de las adolescentes.

–Y que cruza a todos los niveles socioculturales.

–Estas cosas se dan en todos los niveles sociales y en todos los ámbitos de la vida de una mujer, aunque no lo reconozca. No hay ninguna mujer que haya nacido en la Argentina, y se podría extender al mundo, que no haya sido violentada en alguno de todos los métodos que están tipificados en la ley contra la violencia de género.

–Precisamente, uno de los puntos del petitorio de la convocatoria es la aplicación total de esta ley (26.485), elogiada por muchos, pero cuya reglamentación parcial no la dota de los recursos necesarios.

–Sos dos cosas diferentes. La ley fue promulgada por la Presidenta en el año 2010, es una ley de orden público por cual está en plena vigencia y aplicada y reglamentada por el Ejecutivo, que también requiere la adhesión de las provincias a la misma. Hay dos o tres incisos que no están reglamentados en su totalidad, que le corresponden al órgano de aplicación, el Consejo Nacional de la Mujer, pero los femicidios no se explican por eso.

–Pero la aplicación plena de la ley para que la dote de recursos no deja de ser un paso importante.

–Todos y todas sabemos que las leyes por sí mismas, incluso la completa y plena aplicación de esta norma, no va a generar cambios después de 20 años de excelente aplicación ni de toda la maravillosa voluntad que pueda poner el Ejecutivo. Hay que reglamentarla toda, sí, no me cabe la menor duda; hay que ponerle más fondos. Pero además hay que estar atento a cada acción que se realiza y corregirla si no tiene la efectividad que se busca. Tendrá que revisar algunas cuestiones el Consejo Nacional de la Mujer, puede ser; este Gobierno ha hecho muchas correcciones sobre el camino para mejorar las normas y su efectividad. Pero esto solo no explica las violencias contra las mujeres. Esto es una decisión en conjunto, social, colectiva. Por supuesto que los poderes del Estado tienen más responsabilidad que la sociedad, que no se la quito, pero esto es responsabilidad de todos.

–Usted hacía referencia a la actuación judicial y muchas veces en los casos de violencia de género las denuncias corren por caminos paralelos entre el fuero civil y el penal, que nunca terminan por juntarse para una rápida evaluación y tomar una resolución que evite el femicidio. ¿Esto es responsabilidad solo de la justicia?

–El Poder Judicial tiene que repensarse, nosotros venimos insistiendo en esto hace muchos años, tiene una responsabilidad demasiado grande. Algunos jueces y juezas hacen fallos escandalosos, producto de su propia formación cultural, filosófica, ideológica, que ponen en riesgo la vida de las mujeres y de la sociedad toda. La Justicia actúa corporativamente. Si se modifican las leyes para corregir sus cosas dicen que es anticonstitucional. Salvo que tomen nota de una gran movilización el 3 de junio y empiecen a repensarse en su rol de proteger a la sociedad de un flagelo que tienen que ir cambiando. Es el reclamo que tiene más vigor: hombres y mujeres de la justicia a ver si en algún momento hacen lo que tienen que hacer.

–¿Qué sucede con la creación de un registro único de víctimas de la violencia contra las mujeres?

–El Consejo Nacional de la Mujer ya diseñó el registro, y lo está trabajando con el Indec. En términos de la ley contra la violencia de género lo tiene que hacer porque si no hay un registro difícilmente se puede saber cómo van las políticas. Pero no solo un registro de víctimas sino también otros datos para ir atacando patrones culturales, porque la violencia también se acomoda a la nuevas normas. También hay que terminar con la hipocresía, porque cuando una vecina grita, no basta con ir a la plaza el miércoles, tiene que comprometerse frente a ese acto de violencia. Esto surge a partir de hechos de femicidios afuera de la casa, en un bar, porque la violencia muta.

–En un momento se pensó en los botones antipánico, pero es el último recurso para una mujer en peligro. Una de las propuestas de la convocatoria es la implementación del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que les impone la Justicia. ¿A quién le corresponde garantizarlo?

–El botón antipánico es uno de los recursos que el Consejo Nacional de la Mujer tiene, pero hace poquito mataron a una mujer en un jardín de infantes que ni siquiera llegó a apretarlo. En el otro caso, la Justicia tiene que monitorear al atacante, no se puede hacer la distraída. Prefiero no hablar en términos de la justicia, sino de jueces y juezas que son machistas y que no les importa, no le parece un flagelo. Yo nunca escuché hablar de esto a jueces y juezas, salvo algunos honrosos casos.

–También la implementación de la ley de educación sexual, para generar conciencia contra la violencia machista, pero las provincias adhieren voluntariamente y muchas no lo han hecho todavía. ¿Cómo se soluciona?

–La Constitución es concreta: las provincias adhieren voluntariamente. Por eso es muy importante la movilización del 3, porque hay que hacer visible una sociedad que no quiere más violencia machista, no quiere ni una mujer menos. Esto puede hacer reflexionar a gobiernos provinciales que no han adherido a la ley de educación sexual: ésa es la base para cambiar los patrones socioculturales. Es una responsabilidad de los tres poderes del Estado, pero también de las provincias y gobernadores, de las escuelas y los cleros, que todos tienen rasgos y patrones socioculturales patriarcales.