SOCIEDAD

Inédita conmutación de pena para una víctima de violencia doméstica

El saliente gobernador de Mendoza redujo a la mitad la condena de 15 años de una joven que mató a su marido golpeador. A mediados del 2004 podrá salir de la cárcel para trabajar.

En un hecho histórico, el Poder Ejecutivo de una provincia redujo a la mitad la condena por homicidio impuesta por la Justicia a una mujer que mató a su marido, un policía golpeador. La inédita conmutación de pena fue una de las últimas medidas del gobernador saliente mendocino, Roberto Iglesias, y benefició a Claudia Sosa, de 22 años, sentenciada a 15 años de prisión, en un juicio que conmovió y generó polémica entre los mendocinos. Ahora, la joven podrá acceder a un régimen de trabajo extramuros a mediados del 2004 y al año siguiente solicitar la libertad condicional. “Una reducción de penas de esta envergadura no se ha dado en años y ha sido el resultado del trabajo de organizaciones de mujeres y de derechos humanos, y también de los medios, que dieron a conocer los vejámenes y violaciones que sufrió Claudia e hicieron que la sociedad se comprometiera con el caso”, destacó el abogado Pablo Salinas, quien patrocinó a Sosa en su reclamo ante la gobernación.
En realidad, “hubiéramos preferido que el ex gobernador cumpliera con la palabra empeñada”, se quejó Nora Llaver, de Las Juanas y Las Otras, la ONG que encabezó la movilización por la libertad de Claudia que desembocó en la considerable reducción de la condena. Llaver se refirió así a la promesa que cuatro días antes de las elecciones provinciales hizo Iglesias: en ese momento, mientras hacía campaña por su candidato, el también radical Julio Cobos –que finalmente ganó–, prometió públicamente que estudiaría un indulto para Claudia. Después de los comicios archivó esa posibilidad, pero se comprometió a conmutar la pena de la joven hasta dejarla en seis años, con lo cual quedaría a un paso de la libertad condicional. Finalmente, la presión del Poder Judicial –se pronunció en contra tanto la Suprema Corte como el procurador provincial– y el temor a una reacción policial –el marido de Claudia era agente de la fuerza– habrían llevado al mandatario a reducirla en siete años y medio.
De todas formas, la conmutación es histórica, tanto por la cantidad de años como por tratarse de un caso que beneficia a una víctima de violencia doméstica. Claudia mató a su esposo, Juan Edgardo Quiroga Núñez, el 1º de marzo de 2001. Le disparó poco después de que él la tirara al piso, la pateara con los borceguíes puestos, le rompiera la ropa y la forzara a punta de pistola a tener relaciones sexuales. Lo mató con el arma reglamentaria de su marido, una Taurus 9 milímetros, la misma que él tantas veces le introdujo en la vagina, según ella declaró en el juicio. Quiroga se había acostado a descansar y había dejado la pistola cargada en la mesa de luz. En el juicio quedó probado que ella sufrió golpizas brutales desde la misma noche de bodas, celebrada poco más de un año antes. A pesar de ello, la 7ª Cámara en lo Criminal de Mendoza la condenó a 15 años de prisión por “homicidio agravado por el vínculo”.
“No es que defendamos un homicidio sino que este caso se volvió un emblema del calvario que viven algunas mujeres golpeadas por sus parejas y la ineficacia de las instituciones públicas para contenerlas. La condena fue injusta porque ella actuó en legítima defensa”, señaló a Página/12 Rosana Rodríguez, de Las Juanas y Las Otras. Su caso es emblemático. Claudia había hecho cinco denuncias en la policía mendocina contra su esposo, pero sólo una prosperó: las demás no fueron tenidas siquiera en cuenta. A raíz de los malos tratos y la falta de respuesta policial intentó suicidarse, fue derivada a un tratamiento psicológico, pero no lo pudo cumplir porque Quiroga se lo impidió violentamente.
La difusión en los medios del caso tuvo otros efectos. En Las Juanas y Las Otras no dejan de recibir llamados de mujeres o familiares de víctimas de violencia que piden asesoramiento. “Abrimos un pequeño espacio sobre un tema que nadie se animaba a hablar en Mendoza”, destacó Rodríguez.
La conmutación fue incluida en el decreto 2120 del 9 de diciembre, por el cual Iglesias redujo la pena a 65 reclusos de la provincia. Salvo el caso de Claudia, el resto fue beneficiado con reducciones de 1 a 9 meses en sus condenas.

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Claudia Sosa está detenida en el penal de mujeres de Mendoza desde el 1º de marzo de 2001.
 
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