SOCIEDAD › PROTESTA POR EL DESALOJO DE UN CENTRO PARA DISCAPACITADOS

La incapacidad de la Justicia

Familiares, docentes y alumnos del Centro Educativo y Deportivo Especial protestaron en el Obelisco por el desalojo que dejó sin contención a 40 jóvenes y adultos con discapacidades severas. Reclaman la intervención urgente de las autoridades.

Padres, docentes, alumnos y directivos del Centro Educativo y Deportivo Especial (CEDE), un establecimiento que recibe a personas con discapacidades intelectuales y motoras severas, protestaron ayer en el Obelisco por el desalojo que sufrieron y que dejó a 40 jóvenes y adultos sin contención. El grupo reclamó la intervención de las autoridades para que quienes asistían al centro educativo, puedan retomar sus actividades y para que los 50 profesionales que atendían en el lugar no pierdan su fuente laboral. Los manifestantes señalaron que se trata de una “injusticia” y que necesitan de una solución urgente ya que “no hay otra institución que pueda atender las necesidades de estos chicos”. Se trata de una organización sin fines de lucro que funcionaba desde 1989 y, desde 2006, en su sede de Magariños Cervantes 3235, en el barrio de Santa Rita.

“Yo tengo un hijo de 22 años con discapacidad intelectual severa que concurre a CEDE hace 10 años”, contó Carlos Degrossi, papá de Lucas. Degrossi reclamó que “las autoridades intervengan” cuanto antes, e hizo un llamado tanto a los funcionarios judiciales como a los ejecutivos nacional y local. “Necesitamos volver al mismo sitio hasta que el Estado o quien sea pueda acondicionar un lugar debidamente habilitado”, agregó. El padre consideró que es “una injusticia” el fallo de desalojo dispuesto por el juez Martín Christello, del Juzgado Civil 3, porque “no se puede dejar en la calle a personas con necesidades y patologías que requieren más de un docente por alumno”. Durante la protesta, levantaron pancartas que hacían responsable también al defensor de Menores e Incapaces de la Defensoría Pública en lo Civil, Comercial y del Trabajo 3, Marcelo Calabrese, quien un día antes del desalojo les habría garantizado a la comunidad educativa que éste no se produciría.

Por su parte, el presidente de CEDE, Franco Petta, señaló que hoy están “en la calle”, que los profesionales del lugar “no tienen trabajo” y, además, “los alumnos no tienen institución y los padres no tienen dónde tenerlos”. Petta explicó que los dueños del inmueble “nos fueron a buscar a nosotros en 2006 porque querían poner un colegio”, pero, en 2010, les comunicaron que se tenían que ir porque tenían otro destino para la casa. “Nosotros respetamos el derecho del dueño como propietario, lo que no entendemos es por qué se da de esta manera”, sostuvo el responsable del centro educativo. Además, el hombre indicó que “paralelamente salimos a buscar otro espacio, pero no llegamos con los tiempos para reacondicionar y habilitar otro lugar, ni el Estado tampoco pudo derivar a los pibes”.

Por su parte, Sara Ttievsky, integrante de la comisión directiva del CEDE, explicó que “había un convenio hasta abril” para que el centro siguiera funcionando en ese local y por eso “se seguía pagando el alquiler”, acuerdo que habría sido desestimado por el juez. Un problema adicional es que el desalojo se llevó a cabo sin que las autoridades del colegio pudieran retirar el equipamiento necesario para seguir trabajando, parte del cual “se fue en dos camiones y otra parte estaría adentro”.

Las personas con discapacidad que asisten al CEDE tienen un promedio de 30 años y la mayoría son dependientes, por lo que requieren de asistencia para realizar las actividades más elementales, como comer y vestirse. En el lugar, estos jóvenes y adultos “reciben atención semejante a la escolaridad y realizan talleres de todo tipo adecuadas a sus posibilidades, pero además tienen atención médica y las terapias individuales que necesitaban”, en función de las patologías particulares con las que cada uno de ellos convive.

La Asociación de Padres del centro inició, además, una petición en la plataforma Change.org dirigida a la Conadis para que se de marcha atrás con el desalojo. “Para mi hijo, el CEDE es el lugar donde están sus amigos, su felicidad, porque estos chicos tienen muy reducidas las posibilidades (de socialización) y en este lugar se les brinda todo: amor, educación y asistencia médica”, relató Degrossi, que concluyó que el CEDE atiende a “chicos que necesitan mucho del afecto del entorno, y se lo están arrancando”.

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La marcha en el Obelisco contra la orden del juez Martín Christello, que ordenó desalojar el instituto.
Imagen: Télam
 
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