La fiscalización y el control de obras del gobierno porteño vuelven a estar en el ojo de la tormenta. En Villa Crespo, ayer a la mañana, un obrero murió, otros dos resultaron heridos y varios debieron ser asistidos en el lugar, al derrumbarse la medianera de una casa lindera a una obra en construcción. Según el Gobierno de la Ciudad, la obra estaba en regla y no presentaba denuncias, mientras que la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) aseguró que había presentado una denuncia por irregularidades.

El derrumbe se produjo a las 10.30 en la obra en construcción ubicada en Remedios de Escalada de San Martín 540. La medianera de la casa lindera, de unos 45 centímetros de espesor, cedió y cayó sobre tres operarios.

Uno de ellos, Richard Alcaraz, de 26 años, falleció aplastado entre los escombros. Los otros dos fueron trasladados al hospital Durand. “Uno de ellos, de 57 años, sufrió un traumatismo de cráneo y tórax con pronóstico reservado y el otro, de 56 años, las mismas lesiones pero está más estable”, dijo el director del SAME, Alberto Crescenti. Además, el servicio de emergencias asistió en el lugar a otros 17 obreros, aunque ninguno de ellos presentó heridas de gravedad.

Uno de los operarios que trabaja en la obra dijo que el derrumbe se produjo “por la vibración, la pared cedió y los compañeros no tuvieron escape” y remarcó que la pared no estaba bien apuntalada.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) aseguró que la obra “se encontraba registrada y no presentaba ninguna denuncia” y aclaró que “fue verificada en cinco ocasiones por la Dirección General de Fiscalización y Control (Dgfyco)” que depende de la Agencia y “en seis oportunidades por la Subsecretaría de Trabajo porteña”.

La Uocra advirtió que había denunciado irregularidades en la obra del barrio de Villa Crespo. Entre ellas estaba que faltaba “apuntalar los muros medianeros”, precisamente lo que causó la muerte de Alcaraz. La denuncia, fechada el 26 de mayo, estaba dirigida a la Dirección General de Protección del Trabajo del gobierno porteño y detalla siete irregularidades.

La Subsecretaría de Trabajo porteña informó que, tras cuatro inspecciones, el 13 de junio se observaron “irregularidades en las condiciones de seguridad e higiene”, y que al regresar los inspectores el 29 de junio “constataron que habían sido subsanadas”.

El comunicado del gobierno porteño asegura que “la primera inspección se realizó el 12 de marzo de 2015, en tanto que la segunda y la tercera fueron en la etapa de demolición, el 10 y 11 de junio de 2015, la cuarta fue el 21 de enero de 2016, cuando se verificó la fase de excavación, mientras que la última se llevó a cabo el 16 de junio de este año”.

Sin embargo, uno de los trabajadores de la obra relató a la prensa que las inspecciones “llegaban hasta la puerta y se iban” y remarcó que “control estricto no hay. Hay gente que viene y dice que uses arnés y otros objetos de seguridad, pero frente a esto no hay arnés que sirva”.

En este sentido, la presidenta de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, Cecilia Segura, señaló que “hace años que venimos alertando respecto a ineficiencias y anomalías presentadas en la gestión de la Agencia Gubernamental de Control, sin que haya una respuesta adecuada por parte del Gobierno de la Ciudad”. Agregó también que “la Justicia deberá determinar las responsabilidades que derivaron en la tragedia, pero independientemente de lo que allí suceda, desde la Auditoría de la Ciudad venimos observando la necesidad imperiosa de fortalecer la gestión de las áreas de control. La falta de agentes para realizar tareas de inspección es una constante en todas las áreas de la AGC que auditamos”. Y lamentó que “una vez más lo que pone en la luz pública el problema de los controles en la ciudad es una muerte. Es imperioso que el Gobierno de la Ciudad tome medidas concretas para que no volvamos a hablar de esto en una próxima tragedia”.

La obra, tras el derrumbe, fue clausurada por la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.