SOCIEDAD › PARA EL FISCAL, A MARIA MARTA
LA MATARON TRAS UNA DISCUSION POR DINERO SUCIO

La sombra del Cartel de Juárez en el caso Belsunce

Molina Pico pidió que Carlos Carrascosa y su entorno vayan a un juicio oral. Dice que a García Belsunce la asesinaron para tapar cuestiones de dinero ilegítimo. Y que la familia actuó como mafia y cumplió la “omertà”.

 Por Raúl Kollmann

María Marta García Belsunce, junto a su esposo Carlos Carrascosa, sus hermanos y cuñados y dos vecinos del country, Nora Taylor y su marido conformaban un grupo que lavó dinero del narcotráfico proveniente del Cartel de Juárez. En ese marco, hubo una disputa por plata y Carrascosa, ayudado por alguno de ese grupo, terminó matando a su mujer. Esta es la versión que ayer, sorpresivamente, disparó el fiscal Diego Molina Pico y con la que quiere dar por cerrada su investigación, por lo que pide que toda la causa pase a juicio oral. Los elementos en los que se basa el fiscal para relacionar el caso con el narcotráfico son cuatro. Dos giros –no se consigna de cuánto– realizados por María Marta y su esposo a Estados Unidos en época del corralito. El hecho de que Nora Taylor, vecina del country y acusada de encubrir el crimen, tiene una hermana que fue indagada en la causa en la que se investigó al Cartel mexicano en la Argentina. Y, por último, que el esposo de Taylor, Michael, integró una empresa que junto a otro vecino del country operó en la Bolsa y con el Banco General de Negocios, a través de los cuales, supuestamente, blanqueó dinero del narcotráfico. El próximo paso del expediente García Belsunce es la aceptación o el rechazo de la elevación a juicio oral. El juez Diego Barroetaveña seguramente le dirá al fiscal que la investigación no está avanzada y rechazará el pase al juicio oral, por lo cual el expediente transitará una nueva confrontación entre el magistrado y el fiscal. La Cámara de Apelaciones tendrá entonces la palabra.
Una de las mayores incógnitas del asesinato de María Marta es el móvil del crimen. En el expediente no hay personas que declaren que la mujer tenía mala relación con su marido y todas las versiones sobre homosexualidad o infidelidades quedaron en la nada. Por ello, el fiscal, para cerrar la investigación, debía dar una interpretación de por qué mataron a María Marta. Esta es la conclusión de Molina Pico:
- “Ingentes cantidades de dinero ilegítimo provenientes de las operaciones que realizó en la Argentina el Cartel de Juárez son las que atan conciencias y las que mueven los actos e imponen silencio a los vinculados a este crimen, eliminando por banales las hipótesis de raterías, robos y móviles pasionales de toda índole insinuados por los investigados”.
- “En la agenda de María Marta figura el número de Vicente Fernández Ocampo, Bicho, que trabajaba en Exprinter, hoy Banco Banex S.A. El 28 de diciembre de 2001, en plena efervescencia del corralito, por orden de una nota enviada por MM transfiere dinero al Nothern Trust Internacional Bank de Nueva York, transferencia prohibida por la legislación vigente a la fecha”.
- “Siete días después del asesinato, Carrascosa también se comunicó con Bicho. ¿Qué orden de transferencia le dio?”, se pregunta el fiscal.
- “Michael Taylor –acusado por encubrimiento– forma parte de la empresa Valbonne S.A. que tomaba dinero del Banco General de Negocios de los tristemente famosos hermanos Rohm. Los mismos de los fraudes en el Uruguay y las quiebras en Nueva York”.
- “En el caso del Cartel de Juárez, que protagonizó una historia de lavado millonario de dólares de México en la Argentina, tenemos otro vínculo muy fuerte: ¿quién fue indagada y procesada como testaferro en estos autos del Cartel de Juárez? Laura Helena Burgues, hermana de Nora Taylor”. Según su familia, Burgues fue indagada, pero se le dictó la falta de mérito, o sea que no la procesaron sino que el juez Rodolfo Canicoba Corral consideró que no había elementos suficientes ni para procesarla ni para sobreseerla. Además, está en libertad.
- “Cuando Carrascosa comienza su retiro de las operaciones bursátiles (años antes del crimen), el que lo sustituye en casi todos los sectores es Guillermo Bártoli, su cuñado. Parece que no sólo blanquearon dinero pormedio de operaciones financieras sino que el blanqueo de otra suma similar pudo ser operada mediante la compra de acciones en Buenos Aires y su venta en el exterior, operación conocida para salir del corralito en la Argentina”.
Este es el resumen de las evidencias que, según Molina Pico, relacionan el asesinato con operaciones de lavado de dinero, en buena medida del narcotráfico, que protagonizaban Carrascosa, María Marta y su círculo más cercano. El fiscal afirma que hubo una pelea entre ellos y que no fue un killer de ningún Cartel sino el propio marido o algún allegado el que disparó contra la víctima, con el dinero sucio de por medio. “Es todo muy fantasioso, una fábula, una locura”, fueron los distintos calificativos que usaron los abogados de las distintas partes, incluso enfrentadas, desde Alejandro Novak, abogado de Bártoli, hasta Roberto Rivas –defensor del vecino acusado por la familia, Nicolás Pachelo– pasando por los abogados del médico y la masajista.
Respecto de la forma en que mataron a María Marta, el fiscal introdujo algunas novedades. Dice que Carrascosa “se dirigió a su casa, entró a la misma solo o junto a otra u otras personas que lo esperaban. Participó en el enfrentamiento con su mujer, colaboró o presenció impávido la pelea y los disparos. Y luego dejó a otro u otros el arreglo de la escena del crimen”. Después, para disimular, Carrascosa fue –según la versión del fiscal– hasta el club house a tomarse un lemoncello, con lo que evalúa como una mentira que el marido de María Marta y su cuñado hayan estado viendo los partidos de fútbol por televisión.
Otro ingrediente novedoso de la resolución del fiscal es que acusa a Carrascosa de haber coimeado al primer médico que llegó a la casa, Juan Gauvry Gordón, y a la masajista, para que taparan todo lo ocurrido. “Tan alto o tan convincente es el poder económico de la negociación que ambos, Gauvry Gordón y la masajista Michelini se convierten en los más rápidos y más voluntariosos títeres del encubrimiento”, sostiene el texto de Molina Pico. “¿Cuánto costó ese arreglo? –se pregunta el fiscal–. Posiblemente una suma irrisoria”.
Para redondear su acusación, el fiscal enumera las formas en las que Carrascosa y los allegados de María Marta intentaron tapar el crimen:
- Carrascosa instaló la teoría del accidente doméstico, que no resulta lógico y que algunos de los familiares cuestionaron.
- El fiscal insiste en una polémica pericia: asegura que en la cabeza de María Marta pusieron pegamento para tapar los orificios de bala. Molina Pico sostiene que ello está ratificado por los peritos, mientras que en el expediente la cuestión es negada por forenses y peritos del máximo nivel.
- Carrascosa y los demás integrantes del entorno se deshicieron de pruebas, entre ellas la bala que no penetró el cráneo, el famoso pituto.
- Mintieron al decir que estaban viendo el partido de fútbol.
- Bloquearon la intervención policial.
- Consiguieron un certificado de defunción trucho.
- Limpiaron la escena del crimen, el baño.
Los defensores de los imputados rechazan estos cargos e insisten, por ejemplo, en que fueron ellos quienes revelaron la existencia del pituto antes incluso de realizarse la autopsia, que más allá de idas y vueltas, el jefe de Investigaciones y el propio fiscal estuvieron en el velatorio y que el viudo y su cuñado estuvieron viendo los partidos de fútbol.
Fuera de toda esta confrontación de pruebas y evidencias, ahora el expediente va a manos del juez Barroetaveña, quien le pedirá opinión a las partes. Como es obvio, todos rechazarán la elevación a juicio, negarán la cuestión del narcotráfico e insistirán en que se avance en las medidas de investigación, entre ellas la extracción de sangre. Según el fiscal, la familia no quiere sacarse la sangre; según la familia, el fiscal intenta manipular esa prueba. Las partes tendrán ahora quince días para contestar el escrito de Molina Pico y luego el juez contará con cinco días para tomar una decisión. El magistrado ya ha dicho varias veces que no hay evidencias contundentes y lo más probable es que sostenga en su fallo que el expediente no debe pasar a juicio oral sino que la investigación debe continuar. En ese caso, el fiscal va a apelar y las cosas quedarán en manos de la Cámara de Apelaciones que integran Fernando Maroto, Emilio Rodríguez Mainz y Margarita Vázquez. Tal vez ese tribunal logre encauzar un caso que se ha convertido en una especie de ejemplo nacional de la demora, las chicanas y la falta de Justicia.

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