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El Gobierno está atento a la repetición en los últimos días de una nueva práctica delictiva, una vuelta de tuerca montada en la ola de secuestros extorsivos. Son los secuestros “virtuales” en los que no se secuestra a nadie, pero el familiar que recibe la llamada pidiendo un rescate no lo sabe y no lo puede comprobar porque –de eso se cercioran los falsos secuestradores– no tiene forma de comunicarse. Como las sumas que les piden son relativamente accesibles –van desde los cien pesos hasta unos miles como máximo, muchas veces a pagar en tarjetas telefónicas–, los familiares, ante la duda y el miedo, acceden a pagar para luego enterarse de que la presunta víctima pasó un día como cualquier otro. Lo preocupante para el Gobierno es que la mayoría de los llamados se hicieron desde cárceles a través de teléfonos celulares. Entre las víctimas recientes estuvo el juez federal Jorge Ballestero.
Los secuestros virtuales sólo son posibles en una sociedad que vive con miedo. Los falsos secuestradores le dan verosimilitud a su amenaza ofreciendo algún dato preciso, ya sea sobre la víctima o sobre el familiar que recibe la llamada: por ejemplo, tienen el nombre de la víctima, dónde estudia o trabaja, a veces lo que viste en ese momento o en qué lugar se encuentra. Ante las dudas sobre lo que pueda ocurrirle a un ser querido, los familiares, paralizados, optan por pagar, aunque no tengan la total certeza del hecho.
Sólo en la última semana, los investigadores oficiales tuvieron en sus manos tres casos. Mucho, si se tiene en cuenta que no todas las víctimas de una extorsión acostumbran a hacer la denuncia. Incluso, en el Gobierno reconocen que después del escándalo que rodeó el crimen de Axel Blumberg –básicamente, la controvertida actuación del fiscal Jorge Sica–, muchos familiares se resisten a acudir a las autoridades y tratan de resolver el problema negociando con los secuestradores.
La hija mayor del juez federal Jorge Ballestero acostumbra apagar su celular cuando entra a las clases de la facultad. Eso lo sabían los secuestradores virtuales, que se comunicaron con el juez el martes 11 de mayo para pedirle cinco mil pesos en tarjetas telefónicas a cambio de dejarla en libertad. Ballestero, que justamente se encarga de investigar este tipo de delitos, hizo la denuncia y rápidamente su caso fue a parar hasta los investigadores de la SIDE, que enseguida dieron con la hija del juez, sana y salva. Además, a través de la llamada Ojota, la oficina encargada de realizar las escuchas telefónicas que pide la Justicia, determinaron que la llamada había sido realizada desde una cárcel. Lo mismo ocurrió en los otros dos casos registrados la semana pasada.
Con todo, el caso de la hija del juez no fue típico de los secuestros virtuales. Se cree que en este caso, pudo haber cómplices de afuera involucrados porque el encargado de extorsionar pudo dar detalles sobre la supuesta secuestrada. Por lo general, en esta modalidad, la información de la víctima se obtiene mediante llamados previos de falsos encuestadores que preguntan por la composición familiar de un hogar y detalles sobre movimientos y horarios.
“Muchas veces son tipos desesperados”, explicaba a Página/12 un funcionario del Gobierno. En los virtuales que se hacen desde la prisión el rescate se paga en tarjetas telefónicas. A los familiares se les exige que pasen la clave oculta de las tarjetas, los presos las copian y luego las pueden convertir en pulsos telefónicos, que dentro de las cárceles se cotizan a precio oro.
Si bien no resultan de resolución difícil una vez que caen en sus manos, en el Gobierno están atentos a la multiplicación de los casos virtuales que aportan su grano de arena a la sensación de inseguridad que se vive en la calle. “Lo única lectura positiva que se puede hacer es que hay más secuestros virtuales porque se volvió más difícil concretar un secuestro real”, explicaba el funcionario. Los virtuales habían hecho su apariciónel año pasado, pero ahora, al parecer, cobraron nuevo furor. Ayer mismo, tres mujeres fueron detenidas en el barrio de La Boca, acusadas de extorsionar a un hombre a quien pedían 500 pesos para liberar a un familiar al que, aseguraban, tenían secuestrado.