SOCIEDAD

La investigación también apunta a Callejeros y a funcionarios porteños

Según una alta fuente de la investigación, la acusación no terminará en Omar Chabán. Hay pruebas que comprometen al grupo de rock y a los funcionarios encargados del control. Pidieron el procesamiento del único detenido, por homicidio con dolo eventual.

 Por Adriana Meyer

Omar Chabán fue el primero, pero la Justicia piensa avanzar hacia otros responsables de la tragedia de República Cromañón. La situación de los funcionarios de control del gobierno de la ciudad y de los integrantes del grupo Callejeros podría complicarse en el mediano plazo, según manifestó a Página/12 una importante fuente de la investigación. En el expediente fue realizado un identikit de quien habría arrojado la bengala, pero no hay detalles sobre su identidad. Los investigadores están cerrando la etapa de recolección de pruebas –básicamente las declaraciones de más de 200 testigos y varios peritajes– y dicen estar trabajando “paso a paso” por la magnitud del caso, que ya acumuló 14 cuerpos. En tal sentido, anoche fue pedido el procesamiento de Chabán, el empresario que gerenciaba el boliche y único detenido hasta el momento en la causa.
A pocas horas de ocurrida la tragedia, el excéntrico y ahora deprimido personaje fue acusado de homicidio culposo, en una calificación provisoria del hecho. Apenas aparecieron las primeras pruebas, Chabán fue imputado de homicidio “con dolo eventual”. El fiscal Juan Manuel Sansone sostuvo esa calificación al pedir su procesamiento, y dijo que el delito fue cometido “por omisión”. Es que Chabán no es responsable directo de las casi 200 muertes producidas tras el incendio, pero el hecho no ocurrió por una simple imprudencia del empresario. Según la fuente, tuvo responsabilidad por ser garante del manejo de una situación riesgosa, y no hizo nada para evitarlo siendo consciente del peligro, dado que ya había antecedentes de un incendio. Más allá de que su nombre no figure en ningún documento de propiedad del inmueble, y ni siquiera en el contrato de locación, los investigadores no dudan en acusarlo porque tienen “más de 200 testigos que coinciden” en que lo escucharon advertir por los parlantes que el público dejara de arrojar bengalas para que no ocurra “una masacre como la de Paraguay”.
También está probado que la puerta de emergencia estaba cerrada, lo cual impidió una rápida evacuación, que el techo era de material inflamable y que la capacidad del lugar superaba tres veces lo permitido. La puerta que hubiera permitido salvar a muchos de los concurrentes al recital de Callejeros tenía en la parte superior un cartelito verde que indicaba “salida”, una barra “antipánico” para abrirla si no hubiera estado trabada con dos candados a los costados, y una traba adicional en la parte superior. Según la fuente, el local no estaba “mal diseñado”, y tampoco “mal habilitado” porque era “apto” para el tipo de actividad que se desarrollaba en su interior. Por eso recalcó la importancia de ese acceso clausurado. La puerta que da al hotel Central Park es pequeña y no estaba destinada a ser utilizada en una emergencia.
Acerca de la excesiva cantidad de personas que había aquella noche (1037 permitidas contra más de 3000 que hubo, según los investigadores) la responsabilidad estaría compartida con el grupo Callejeros, al igual que la seguridad del evento. En tal sentido, la Justicia tiene en la mira a los respectivos jefes de seguridad, con “poder de decisión” sobre del control del acceso de las bengalas y de la cantidad de gente, pero no trascendieron detalles por el secreto de sumario que aún rige en la causa. Además, desde el escenario los músicos también pidieron a sus seguidores que no usaran bengalas, es decir que eran tan conscientes como Chabán del riesgo que corrían todos.
Los Callejeros no fueron llamados a declarar como testigos, al igual que los funcionarios, porque en el futuro pueden llegar a estar imputados. En la causa consta que la banda promocionaba sus shows con el uso de bengalas. “Era su mística, pero los hechos demostraron que fue indiferencia por la vida”, comentó la fuente.
Más difícil resulta establecer quién originó el incendio, aunque “hay puntas” en tal sentido. Testigos hicieron descripciones que permitieron la confección de un identikit de una persona de entre 12 y 13 años, pero no se sabe si está viva o muerta, como tampoco su identidad.
Desde el punto de vista técnico, la acusación contra los funcionarios de control de la Ciudad sería “por omisión” –en este caso por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público–, que se equipara al mismo acto si hubiera sido cometido por “acción”. Se trata de la misma construcción jurídica utilizada en los casos del accidente de LAPA y también en la causa por la masacre del 20 de diciembre de 2001.
Ayer se presentaron en el juzgado dos nuevas querellas de los familiares de Carla Giovannini y Fernando Aguirre, que apuntan contra las autoridades de la Ciudad. Según ellos, hay una campaña “desde el Ejecutivo municipal, desde el Gobierno, en complicidad con la mayoría de los medios periodísticos, para mostrar como único y absoluto culpable de este horror a Chabán”. Benicia Gómez, madre de Aguirre y patrocinada por la abogada María del Carmen Verdú, apuntó contra Chabán, el jefe del Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, el ex secretario de Seguridad Juan Carlos López y funcionarios del Ministerio de Interior de la Nación y de la Superintendencia de Bomberos. Ante estas y otras voces que se alzaron sospechando que Chabán sería el “chivo expiatorio”, la fuente consultada fue contundente: “No será el único imputado”.
De todos modos, la Justicia penal llegaría, en tal caso, hasta Lagarto S.A., que figura como locadora. La maraña de sociedades de dudosa confección sería de interés para la Justicia civil, en la que se dirimirán millonarios procesos de resarcimiento a las víctimas.
En los últimos días los empleados de la jueza y de la fiscalía trabajaron a destajo. La magistrada pidió dedicación exclusiva a este caso, y logró que la Corte Suprema no le envíe nuevas causas al menos hasta marzo. Por su parte, la Procuración General otorgó un refuerzo de personal e insumos a la fiscalía 10 a cargo de Sansone. Allí se tomaron 80 declaraciones testimoniales en una semana, otras tantas fueron escuchadas en el juzgado, además de las 50 que aportó la Defensoría de la Ciudad. “Les pedimos paciencia –pidió la fuente que dialogó con este diario–. Pero cuanto más sólida sea la investigación preliminar más probabilidades de establecer acusaciones que se sostengan en el tiempo.”

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Omar Chabán, único detenido en la causa, acusado por homicidio con dolo eventual.
 
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