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El círculo de responsabilidades por la tragedia de Cromañón no se cerrará en el inminente procesamiento del empresario que gerenciaba ese local, Omar Chabán. Los investigadores están armando las evidencias referidas al “entorno del hecho”, en el que entran su hermano Yamil, sus empleados de confianza, sus socios e incluso la banda Callejeros. Mientras la jueza se apresta a firmar la resolución sobre la situación procesal de Chabán, la fiscalía ya estaría cerrando ese círculo del entorno. En tal sentido, a pesar del hermetismo de los funcionarios, habría pedido la declaración indagatoria de Yamil Chabán y de Raúl Villarreal, el responsable de la seguridad en el boliche, según especuló ante Página/12 una fuente no judicial con acceso a la causa. Incluso la actuación policial también estaría en la mira de los investigadores. Por otra parte, la magistrada decretó la inhibición general de los bienes de las empresas que figuran como propietaria y locataria de Cromañón, así como también del representante y de los miembros de Callejeros.
En este sentido, el abogado de Chabán consideró que la medida contra la banda es una “evidencia de que van a ser imputados” en la causa en lugar de querellantes como ellos pretenden. “No sólo yo considero que (Chabán) no es el único (responsable), lo considera la doctora Crotto cuando ha inhibido bienes de otras personas”, sostuvo Pedro D’Attoli en alusión al jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, y a los funcionarios renunciados Carlos López y Fabiana Fiszbin. Todos ellos no pueden disponer de sus posesiones porque la medida apunta a asegurar que los damnificados por el episodio puedan cobrar una indemnización en un juicio civil, en caso de ser hallados responsables por la Justicia. En este sentido, la decisión judicial implica cierto grado de sospecha sobre los inhibidos en cuanto a su responsabilidad en el incendio que derivó en la muerte de 191 personas. En las últimas horas, la jueza está terminando de redactar la resolución con la que seguramente procesará con prisión preventiva al excéntrico empresario organizador del trágico recital. Según les expresó el ministro del Interior Aníbal Fernández a los familiares de las víctimas, el secreto de sumario sería levantado el 4 de febrero, y a partir de ese momento Chabán podría declarar y ampliar en forma considerable la información del expediente, tal como ha expresado su defensor en más de una oportunidad. En cuanto al plazo para resolver la situación procesal, el lunes 31 se cumple la prórroga que la magistrada se dio tras la ampliación de la indagatoria del empresario, ocurrida el 17 de enero. Sin embargo, el dato más preciso lo aportó a Página/12 uno de los abogados querellantes con más llegada al juzgado, quien relató que la jueza le había anticipado que firmaría el procesamiento poco después de pedir la unificación de las querellas, medida que tomó el miércoles.
Ayer fueron varios los representantes de los familiares que acudieron a Tribunales para pedirle a Crotto una prórroga de esa medida. Uno de ellos fue el letrado Marcelo Parrilli, quien entendió que el plazo de dos días impuesto por la magistrada es insuficiente y “vulnera el derecho a la defensa” a las partes (ver aparte). Presentaciones similares realizaron los abogados Fabián Bergenfeld, María del Carmen Verdú y José Iglesias, aunque este último está embarcado en lograr la mayor unidad posible entre los querellantes.
Por otra parte, este diario pudo saber que durante el allanamiento realizado a una escribanía el jueves pasado se secuestró poderes a nombre de la escribana Miriam Gueler de parte de las empresas Lagarto SA y Nueva Zarelux, locataria y propietaria del edificio en donde funcionaba República Cromañón, respectivamente.
Además, los investigadores están analizando el manuscrito que fue aportado a la causa, y publicado por Página/12, encontrado en las oficinas del detenido Chabán, en el que se puntualiza una serie de entradas y salidasde dinero. Entre los ítem “Sadaic”, “Sadem” y “Luces” también figura uno: “Poli 100”. Tras analizar a quién corresponde la caligrafía, buscan establecer si ese rubro corresponde al pago de coimas policiales, en este caso de la circunscripción 7ª.
Ayer, un abogado que representa a las familias de tres de las víctimas de la tragedia solicitó que se impute al jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, como partícipe secundario en el homicidio de las 191 víctimas. Se trata del letrado Patricio Poplavsky, quien consideró que Ibarra cometió una “omisión dolosa” al haber desestimado una advertencia en 2004 de legisladores sobre las deficiencias que los boliches porteños tenían en materia de prevención de incendios y, por tal motivo, lo considera partícipe secundario del homicidio múltiple ocurrido en Cromañón.