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Primero, se “autodenunció”, ayer “se entregó a la Justicia” y no sólo eso, justificó sus delitos por ser un adicto al juego, razón por la cual amenaza con demandar al Casino Flotante y, además, al Estado nacional que permite que funcione. Quien se presenta como una humilde víctima es Juan Carlos Fortuny, el oficial de la Curaduría de la Procuración bonaerense que a lo largo de un año y medio robó 600.000 pesos de las cuentas de las personas con problemas mentales, se jugó y perdió ese dinero en el casino y luego simuló un secuestro para sacarle a su familia 200.000 pesos. Pese a que difundió las cosas como “Fortuny se entrega a la Justicia”, él y sus abogados sabían ayer que podía presentarse tranquilamente a declarar porque el funcionario no corría peligro de detención: no existe orden de captura, ya que un polémico juez que actúa en el caso tiene postergada la decisión. Todo salió de acuerdo con lo planeado: por la tarde Fortuny se volvió a su casa.
Antes de presentarse ante el fiscal Marcelo Romero, los abogados de Fortuny –que proviene de una familia conocida de La Plata– citaron al periodismo a su estudio. Según se ha publicado recientemente, se trata del mismo bufete de letrados que interviene defendiendo en otra causa al juez del caso, el polémico César Melazo. Es decir que el acusado y el magistrado comparten abogados.
“El dinero lo saqué de la Curaduría y todo esto comenzó con un robo a la salida de un banco y más tarde por amenazas a mí y a toda mi familia para que pagara 50.000 pesos”, explicó Fortuny. El funcionario no explicó en cambio por qué no hizo la denuncia, sino que recurrió al juego para conseguir la plata. El hombre tenía facultades para hacer cheques de hasta 9000 pesos, disponiendo así de fondos que la Procuración bonaerense administra y que pertenecen a personas declaradas judicialmente alienadas. “Jugué a los dados y al punto y banca en un casino”, que no sería otro que el Flotante, según aseguran sus abogados, Carlos Isarri, Flavio Glielmmo y Juan Lossino.
En realidad, hace dos semanas el funcionario planeó un autosecuestro con el objetivo de sacarle 200.000 pesos a su atribulada esposa y a su familia. Lo hizo mediante mensajes de texto desde su celular. La esposa hizo la denuncia de lo que creía era un secuestro, la policía detectó la maniobra y cuando estaban a punto de detenerlo, el hábil funcionario se presentó a autodenunciarse ante el juez Melazo. Este, que obviamente conocía a los abogados por ser sus defensores, le recibió la autodenuncia, en lugar de derivar de inmediato el caso a un fiscal y excusarse.
Quien sí intervino después fue el fiscal Romero. Ordenó una auditoría, determinó que faltaban 597.000 pesos, robados a lo largo de un año y medio, estableció que Fortuny fraguó los resúmenes bancarios y, como consecuencia, pidió su detención por el delito de malversación de fondos. A ello hay que agregarle otro delito –extorsión–, derivado del intento de sacarle a la familia 200.000 pesos con el cuento del secuestro. Además, Romero recusó al juez Melazo por su participación en el caso, mientras que los abogados de Fortuny recusaron al fiscal. Con el argumento de las recusaciones, Melazo no resolvió el pedido de detención contra el funcionario. Eso es lo que le permitió ayer a Fortuny concurrir a declarar sin correr el menor riesgo: sabía que se volvía a su casa.
El abogado Isarri presentó las cosas de forma distinta: “Mi cliente está dispuesto a afrontar el juicio, es una buena persona que tiene un dejo de dignidad de haberse autodenunciado. Aquí lo que existe es una compulsión lúdica, una adicción al juego. No digo que mi cliente sea inimputable, digo que esto será materia de discusión en el juicio penal”.