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Más de 122 millones de brasileños participarán mañana de un referéndum obligatorio y vinculante en el que deberán decidir si se prohíbe o no la venta de armas de fuego a la población civil. La prohibición, apoyada por la Iglesia Católica, los campesinos sin tierra y la mayoría de las fuerzas de izquierda, corre el riesgo de ser derrotada por los partidarios del No: una encuesta divulgada ayer por Ibope le da apenas el 41 por ciento de apoyo, contra el 51 por ciento de los que apoyan la venta de armas. Según la ONU, 550 mil personas fueron muertas a balazos en Brasil, entre 1979 y 2003: un número de víctimas nueve veces mayor que el registradas en la guerra civil de El Salvador. Cada año, en Río de Janeiro se registran más asesinatos que en Palestina.
Esas y otras estadísticas ilustran sobre la existencia de una guerra social no declarada cuya solución, obviamente, no se alcanzará con sólo impedir la venta de armas cortas y munición. Pero es posible que esa restricción contribuya en algo. Para fundamentar ese módico optimismo los defensores del Sí a la prohibición argumentan que en 2004 hubo 3234 asesinatos menos que en 2003 gracias a la entrada en vigor del Estatuto del Desarme, que impuso restricciones al comercio, como la exigencia de vasta documentación. Paralelamente, el Estado recogió 400 mil armas entregadas por sus dueños.
“Las personas de bien van a quedar indefensas si se les prohíbe comprar armas”, dice Roberto Fraga, referente del No a la prohibición (ver recuadro). Es cierto, como dice Fraga, que el arsenal del crimen organizado no será afectado por la victoria del Sí: ningún narco va de compras a una armería legal. Pero es probable que se les complique la vida, dado que el 65 por ciento de las armas incautadas por la policía son adquiridas legalmente, y luego, generalmente a través de robos, pasan a manos de los delincuentes, dice una investigación del ISER, Instituto de Estudios Religiosos. Esa misma pesquisa estima que hay unos 4 millones de armas en poder de la delincuencia, organizada y cuentapropista.
Otro argumento del No es que el Sí dejará en ruinas a la industria brasileña de armas, la segunda mayor de América, con una producción de 300 mil unidades al año. En rigor, el 80 por ciento de la producción de Taurus y CBC, las dos principales fabricantes, es exportado a países como Paraguay y Colombia, desde donde gran parte vuelve a Brasil vía contrabando. Ese mercado negro no estará afectado por la prohibición.
Desde el 2003, con su llegada al poder, el gobierno de Lula impulsó en el Congreso el debate sobre el desarme, pese a la resistencia de lo- bbies de la industria armamentista y de la seguridad privada. Parte del movimiento evangélico, la federación de propietarios de tierras (Unión Democrática Ruralista) y líderes de partidos conservadores están con el No.
El de mañana será un referéndum inédito, legalmente más importante que el plebiscito de 1993, donde se escogió el modelo republicano presidencialista de gobierno. Hay posiciones divergentes sobre el momento elegido para poner en vigor una institución propia de las democracias semidirectas. Algunos observadores creen que es una institución muy avanzada para una sociedad algo apática a los asuntos políticos y vulnerable a la persuasión emocional.
“No debemos subestimar a las personas porque tienen poca escolaridad o les falta experiencia política. Me parece que es paternalista decir cuándo las masas están maduras para decidir sobre su propio destino” dijo la psicóloga María Rita Kehl, impulsora del Sí, en diálogo con Página/12.
Menos explícito en su posición fue Lula, quien a pesar de impulsar el Sí, prefirió no revelar qué votará.