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El argumento fue paradójico y escandaloso: en defensa de la paternidad responsable, un colegio parroquial rosarino expulsó de sus aulas a un alumno de 14 años que será padre en siete meses. El instituto es el Santa Teresita del Niño Jesús. El representante legal del colegio, Julio Ríos, citó a la madre del alumno para indicarle que anotara a su hijo en otra escuela argumentando que no había cumplido el contrato firmado en la inscripción, donde la institución se reserva el derecho de admisión por cambios en la condición de vida del alumno. Un embarazo, por ejemplo. El conflicto se presenta porque el joven asumió su paternidad. Tras una presentación legal de los padres, Ríos aceptó que se quedara “hasta el fin del ciclo lectivo, ni un día más”. El Ministerio de Educación provincial recomendó al colegio dar marcha atrás en la medida y consideró el hecho como “una actitud de incomprensión e intolerancia”. Una ley nacional vigente desde 2000 protege a las alumnas embarazadas, pero no está claro si contempla a los varones. Mientras los padres buscan un nuevo colegio para su hijo, el joven medita sobre la enseñanza evangelizadora: para ir a clase hay que abortar.
El Santa Teresita está ubicado en el pasaje Sáenz al 4900, en un barrio industrial de Rosario, más conocido como Barrio Acindar, al sudoeste de la ciudad. El joven en cuestión (D.L.), de 14 años, cursa el 9º año del polimodal y es uno más de los 300 alumnos que concurren al instituto en doble turno, en general provenientes de familias de clase media e hijos de obreros. Hace pocos días, buscando consejo, el joven planteó la encrucijada que lo carcomía a un preceptor. Luego, a la directora. La versión se elevó hasta el despacho del representante legal del colegio, el padre que no es padre Julio Ríos. Resultado: el jueves pasado, la madre del joven fue citada a la dirección.
En la reunión, Ríos fue terminante. “Su hijo no se puede quedar en la escuela”, ordenó. El argumento entre comillas legal fue el contrato firmado en la inscripción. Allí, los padres aceptan que “si durante el año escolar el alumno/a cambia su condición de vida, la institución se reserva el derecho de admisión en cualquier momento del año y cesará el contrato de enseñanza-aprendizaje a los efectos de preservar al alumno/a y al resto de la comunidad educativa.” El plazo fijado por Ríos fue el 31 de julio. La primera reacción de la madre fue buscar inscribirlo en otra escuela, pero una consulta a una abogada terminó en la presentación de un escrito que torció el brazo del señor: Ríos aceptó mantenerlo como alumno hasta fin de año. “Como católicos, no apoyamos ni animamos las relaciones prematrimoniales –alegaría Ríos, después, al diario La Capital–. Nosotros, no dudamos. Esta es una escuela privada de la Iglesia Católica, que los padres eligen. Si están de acuerdo con los compromisos, anotan a sus hijos.”
El padre del joven defendió a rajatabla la actitud de su hijo: “Tuvo una conducta intachable. Además de buen alumno –dijo–, apenas supo de su situación habló con su familia y él mismo fue a hablar con los padres de su novia. Tiene nuestro más absoluto apoyo. ¿Qué hubiesen preferido en el Santa Teresita? ¿Que la chica abortara y nadie se enterara de esto?”.
En el caso, las paradojas abundan. Durante 2000, se desató en Formosa el caso de María Fernanda Alloi, alumna del Instituto Santa Isabel, que fue expulsada por quedar embarazada. Una demanda judicial obligó a las monjas a reincorporar a regañadientes a la joven. A partir del caso Alloi, la ex diputada Adriana Puiggrós impulsó una ley que prohíbe expulsar de un colegio a alumnas embarazadas. En su articulado sólo hace mención a las alumnas y no a los varones. “Los fundamentos de la ley fueron claros -dijo Puiggrós a Página/12–, menciona a las instituciones educativas como primer paso de niños y niñas. La ley es extensible. Pero, además, este alumno está cubierto por la Ley Contra la Discriminación. Como los casosde discriminación son infinitos, la ley no puede ser taxativa en cada caso. Por eso, se sacó la ley para proteger a las alumnas.”
Entre los abogados constitucionalistas existe una discusión de vieja data: la prolijidad o la eficacia. De acuerdo a la primera, con las leyes actuales, basta y sobra. La segunda indica que habría que dictar una ley para el caso específico de los alumnos, varones y papás.
Este diario consultó al director provincial de Enseñanza Privada, Guillermo Sáenz, de quien dependen los colegios privados, incluyendo los de la viña del Señor. No obtuvo respuesta oral sino un comunicado de seis párrafos. En su punto cuarto, señala que “la separación de los alumnos/as por situaciones de paternidad –argumentando razones de moralidad y formación– resulta contraproducente, y evidencia una actitud de incomprensión e intolerancia, reñida con los principios que sustentan a una institución formadora de personas”. Por el momento, la autoridad provincial soltó una recomendación a la escuela para que mantenga en sus claustros al joven padre y alumno.
“El ideal de un colegio religioso no es el de las relaciones prematrimoniales –sostuvo el abogado Norberto Baloira, especialista en Educación y ex presidente del Consejo Superior de Educación, del que dependen las escuelas religiosas de todo el país–. Pero la actitud responsable asumida por el alumno meritúa otra posición de parte del colegio. La Iglesia siempre tuvo una actitud de perdón y no de juzgamiento. Quiero creer que la institución va a recapacitar. Es una cuestión de sentido común.”