SOCIEDAD › CONDENARON AL ADMINISTRADOR DE UN EDIFICIO

La revancha del consorcio

Los consorcistas descubrieron que el administrador no hacía los aportes previsionales del encargado y dejaba cuentas sin pagar. El lo admitió y fue condenado a tres años de prisión en suspenso.

La desconfianza que, históricamente, los consorcistas tienen sobre algunos administradores de edificios quedó plasmada en una causa judicial. Y si bien ese tipo de conflictos suele no llegar a mayores, en el caso de un edificio del barrio de Floresta, las irregularidades quedaron demostradas y el administrador fue condenado por la Justicia a tres años de prisión en suspenso. El delito cometido, según quedó comprobado, fue cobrar las expensas pero no cumplir con obligaciones como el pago de los aportes sociales de los trabajadores ni los gastos de mantenimiento de ascensores y matafuegos.

Los consorcistas del edificio ubicado en Concordia 391 habían denunciado al hombre, Vijande Torres, a fines de 2004. Lo hicieron luego de descubrir que los aportes previsionales del único empleado que tenía en ese momento el edificio, el portero, brillaban por su ausencia, pese a que estaban incluidos en las liquidaciones de las expensas que abonaban todos los meses.

“La estafa se descubrió cuando fui a hacer un trámite a Anses, y ahí me dijeron que en mi legajo figuraban impagas las cargas de los últimos dos años”, contó uno de los empleados que trabajaba en el edificio en el período 2002-2004, que pidió reserva de su nombre. Entre esos dos años ocurrieron los hechos por los que se imputó a Torres.

El enterarse de la irregularidad, integrantes del consorcio comenzaron una investigación interna y descubrieron que los números no cerraban. A la falta de aportes se sumaban facturas impagas a empresas de servicios de mantenimiento de ascensores y matafuegos. Le pidieron los comprobantes y, como respuesta, sólo obtuvieron el silencio: el administrador “pasó un día temprano a la mañana y dejó en la puerta un cajón con papeles del consorcio. Dijo que más tarde vendría a aclarar todo, pero fue la última vez que se lo vio por acá”, relató la misma fuente.

Luego de la investigación oficial, la Justicia concluyó que el imputado estafó al consorcio por cinco mil pesos. Frente a esto, Torres, de 60 años, reconoció su responsabilidad en el hecho a cambio de una pena reducida, y tras un juicio abreviado, logró evitar que la sanción se haga efectiva, por lo cual zafará de ir a prisión.

La denuncia ante la Justicia fue realizada por un grupo minoritario de consorcistas, propietarios de departamentos del edificio, reveló uno de los habitantes del inmueble, que es inquilino y no participó de la demanda. Tal vez por esa razón, una buena parte de los vecinos del edificio, consultados por los periodistas, aseguraba ayer desconocer pormenores del juicio contra el administrador.

Según los vecinos, Torres había llegado al edificio a fines de octubre de 2002 recomendado por “un conocido de un consorcista”. Trabajó en el lugar desde ese momento hasta fines de 2004 cuando, “acorralado por los reclamos”, desapareció. Los vecinos recién volvieron a verlo en los tribunales.

El edificio tiene la entrada sobre Concordia, a 15 metros de la avenida Avellaneda. Tiene ocho pisos y un departamento por cada nivel, además del lugar reservado para la portería.

El administrador había cometido faltas similares anteriormente, por lo que ya pesaba sobre él una condena que todavía no había sido cumplida, según informaron fuentes judiciales. Por esa razón, el tribunal a cargo del caso unificó ambos procesos y determinó la pena total de tres años de cárcel. A menos que Torres reincida en este delito, o cometa otro, la condena no se hará efectiva.

El caso estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Alberto Huarte Petite, Martín Vázquez Acuña y Luis Salas. En el fallo sostuvieron que el administrador, “desvió en su provecho” el dinero de las expensas por un monto aproximado de 5000 pesos. Además, concluyeron que el condenado había incumplido otras obligaciones de su puesto, vinculadas con el mantenimiento, la higiene y la seguridad del edificio, como las desinfecciones obligatorias del inmueble y las recargas de los extintores de incendios.

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Los propietarios de Concordia al 300 llevaron al administrador ante la Justicia.
 
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