SOCIEDAD › LA COMISIONADA DE LA CIDH, SOBRE EL PAPEL DEL ESTADO NACIONAL EN FORMOSA

“Debe tomar cartas en el asunto”

Luz Patricia Mejía, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de paso por Buenos Aires, opinó que la Nación tiene la obligación de proteger los derechos de los aborígenes. La CIDH debe expedirse sobre una medida cautelar.

 Por Soledad Vallejos

“Es fundamental que el gobierno nacional tome cartas en el asunto, porque es en definitiva el Estado nacional el que tiene los compromisos internacionales de protección de derechos humanos. De tal manera que le corresponde asumir y garantizar los derechos que están siendo vulnerados, más en un caso como éste”, el de la comunidad qom La Primavera, señaló Luz Patricia Mejía, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diálogo con este diario. De paso por Argentina, Mejía recibió durante estos días el pedido de medida cautelar, que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría General de la Nación elevaron tras las denuncias realizadas por el cacique Félix Díaz y su pueblo por la represión a su comunidad. No existe todavía una fecha para la respuesta, pero dado que “es una situación urgente”, la CIDH podría expedirse en estos días. La medida cautelar, recuerda Mejías, “es una medida de acción rápida, una protección inmediata”.

–Es posible que, tomando los elementos que se han planteado, y en función del conocimiento público, la Comisión emita una medida cautelar. Sin embargo, yo no puedo decirlo porque es un cuerpo colegiado. En principio, como relatora de Argentina, sí planteo una preocupación con toda la información que me ha llegado hasta el momento. Creo que necesariamente debe haber un espacio de diálogo, que no ha habido hasta ahora, y por otro lado debe manejarse a nivel de Justicia nacional y de autoridades nacionales. Ante la situación en Formosa, es fundamental que el gobierno nacional tome cartas en el asunto, porque es en definitiva el Estado nacional el que tiene los compromisos internacionales de protección de derechos humanos. De tal manera que corresponde al Estado asumir y garantizar los derechos que están siendo vulnerados, más en un caso como éste, y determinar, si fueron vulnerados, quiénes son los responsables de estos hechos. Son dos líneas de trabajo que primero deben agotarse en las instancias nacionales.

–En este caso, todavía no se agotaron esas instancias.

–Exacto, por eso señalo que hay dos niveles de actuación de la Comisión: en primer lugar, una medida para proteger a las personas que están involucradas, a las personas que han sido víctimas de un hecho eventualmente violento. Es una acción inmediata, una medida de emergencia para la protección de individuos, o colectivos, en este caso la comunidad que señala que ha sido afectada y desalojada de una manera violenta, donde hubo víctimas, heridos y también personas que han fallecido. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la investigación a nivel nacional, todo lo que tiene que ver con el establecimiento de responsabilidad y todo lo que tiene que ver también con la continuidad del conflicto, que aún sigue existiendo, tiene que ser asumido por el Estado nacional. Nosotros esperamos que haya una respuesta. Hemos venido teniendo un trabajo sumamente coordinado con el Estado argentino, hemos avanzado en políticas públicas con perspectiva de derechos humanos a partir de una excelente relación que tiene el Estado nacional con la Comisión Interamericana, y con los compromisos que ha asumido en materia de derechos humanos. Y por eso esperamos que frente a una denuncia de tal gravedad, sea el Estado nacional el que asuma un proceso de resolución del conflicto, de la mejor manera, y al mismo tiempo sean las autoridades nacionales las que investiguen las graves denuncias que se están planteando.

–¿Hay alguna fecha tentativa para que se expida la CIDH?

–Hemos recibido las medidas cautelares apenas antes de ayer (por el miércoles), por una reunión de trabajo que quedó pendiente del período de sesiones del año pasado. Por eso estoy yo aquí, y precisamente por estar aquí he aprovechado para recibir información de diferentes actores, de diferentes ONG. Y todas las autoridades nacionales con las que he tenido la oportunidad de reunirme han planteado su preocupación. Estuve con la defensora nacional, estuve con el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, con representantes de la Cancillería; estuve también con el presidente del CELS, que ha planteado con mucha claridad su preocupación al respecto. Digamos, hay una preocupación nacional al respecto. Hay también una preocupación respecto de que estas autoridades nacionales tienen muy claro cuáles son las obligaciones del Estado argentino respecto de la tarea de derechos humanos. Podríamos estar emitiendo una decisión en las próximas horas, en las próximas semanas, pero es una decisión que no tiene que ver con el fondo del asunto, sino para proteger cautelarmente a las personas que están planteando la denuncia y sobre todo los líderes de la comunidad. En los casos de comunidades indígenas, el líder tiene una connotación particular. La Comisión en reiteradas oportunidades ha venido señalando que es necesario que se proteja la autoridad moral que tiene un líder de una comunidad indígena.

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“Esperamos que sea el Estado nacional el que asuma un proceso de resolución del conflicto.”
Imagen: Rafael Yohai
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