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El caso de Walter Bulacio se convirtió en bandera contra los apremios ilegales y el gatillo fácil, que es lo mismo que decir “la mano dura”. El 19 de abril de 1991 había cumplido el ritual de todo joven que escucha rock: fue a ver a Los Redondos en el estadio de Obras Sanitarias. Tenía 17 años. Pero no pudo ser: los policías de la comisaría 35º implementaron una razzia a la entrada del lugar. Sin notificar a su familia ni a la Justicia, lo detuvieron junto con otros 72 chicos. Tirado en una celda, fue golpeado por el ex comisario y docente de la escuela de policías Ramón Falcón, Miguel Angel Espósito. Murió luego de cinco días de estar internado en coma 4 por una hemorragia cerebral provocada por la golpiza. Espósito sigue libre.
La familia Bulacio inició una causa que acumuló más de 4 mil fojas y pasó por 36 jueces. Una fiscal pidió 15 años de prisión para el policía. La estrategia de la defensa fue meter la causa en un parque siniestro de escollos y calesitas. En junio de 2002 y en su 27ª intervención en la causa, la Sala VI de la Cámara del Crimen separó a la familia de Bulacio de la querella. A los dos meses decretó la prescripción de la causa y dispuso para Espósito el “sobreseimiento definitivo” de la muerte de Bulacio y de otras 72 privaciones ilegítimas de la libertad. La Correpi llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque “el verdadero asesino fue el Estado Argentino”.
El padre de Walter murió en 2000 sin conocer a la Justicia. El 19 de abril se estableció como el Día contra la Violencia Institucional hacia los Jóvenes. Alguna vez, María Ramona, la abuela de Walter dijo que “si no hubiera confiado en la Justicia, hubiera aprendido a manejar un revólver”.