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Domingo, 4 de enero de 2004

¿Quién fijará la agenda?

Por Miguel Peirano (*)

Argentina ha abandonado la lógica económica que predominó en los ‘90. Empezamos a recorrer un nuevo modelo económico, que ineludiblemente tendrá distintas etapas con decisiones estratégicas en cada una de ellas. En este camino, el año 2004 presenta temas centrales como la renegociación de la deuda, el destino de recursos fiscales potencialmente excedentes y el poder adquisitivo de la sociedad.
En primer lugar, es necesario remarcar que la posibilidad de crecer a tasas muy significativas y garantizar mejoras sustanciales en los indicadores sociales exige no ceder a las presiones del FMI.
Es ineludible no apartarse de la propuesta actual de renegociación que plantea una quita del 75 por ciento, desatendiendo argumentos en favor de flexibilizar posiciones bajo el supuesto que mejorar la situación de los acreedores generaría mayor confianza en los inversores.
El FMI ya ha demostrado su profunda incapacidad para predecir la evolución de la economía y actúa presionando en favor de intereses puntuales, siempre ajenos al bienestar de la sociedad.
La estrategia fiscal de la Argentina es núcleo central del perfil de país que vayamos delineando, tanto más que otras consideraciones que aparecen en la agenda económica permanentemente.
En este sentido, es prioritario lograr el mayor nivel posible de ingresos públicos, por sobre las proyecciones presupuestarias, objetivo que se puede lograr como consecuencia de un alto crecimiento, de menor evasión y de analizar gravámenes como a la renta financiera.
Independientemente de necesarias medidas para inducir la inversión (como la amortización acelerada y reintegros para los productores nacionales de bienes de capital), es determinante que esta solvencia fiscal se oriente en forma directa a recuperar los ingresos de la sociedad, evitando que predominen presiones por generalizadas reducciones de impuestos al sector empresario y volver a visiones ofertistas que predominaron en los ‘90.
Incrementar la recaudación y luego distribuirla, entre quienes menor poder de compra hoy tienen, asegurará un crecimiento sostenido y con alta equidad. Aumento de jubilaciones, mayores prestaciones sociales, subsidio por hijo para desocupados o personas mayores sin jubilaciones deben ser el destino de los mejores resultados en las cuentas del Estado.
Podemos aspirar a que esto suceda. Las medidas económicas dispuestas en los últimos meses reafirman una visión conceptual que se orienta a la recomposición de la demanda interna como factor de crecimiento, lineamiento que es posible reforzar significativamente este año debido a una situación fiscal más holgada.
También en la línea de recuperar poder adquisitivo es central contener el impacto de la suba de precios sobre bienes de la canasta familiar. Para ello debiera considerarse instrumentar una canasta básica a precios fuertemente inferiores a los actuales (contemplando la necesidad de subsidios, acuerdos con el sector empresario o en su defecto, subas de retenciones y control de prácticas oligopólicas) y con certidumbre en su valor por un tiempo.
Un nuevo modelo de desarrollo con equidad implica un largo camino, hemos recorrido exitosamente la etapa de estabilización y compensación de una gravísima crisis y se han generado, gracias a ello, las condiciones para acelerar una mejor distribución del ingreso.
Argentina está cambiando para mejor. Se ha consolidado un programa de gobierno que ha revalorizado nuestra identidad histórica, ha fortalecido las instituciones y avanza en un esquema económico consistente que prioriza la producción y el empleo, sin acumular desequilibrios futuros. En el terreno de la oposición se fortalecen aquellos sectores políticos y sociales que resguardan la paz social y plantean el debate en torno a los mejores caminos para generar riqueza y distribuirla equitativamente.
En definitiva, estamos acumulando poder para enfrentar los grandes males históricos de la Argentina, la “derecha” política y su instrumento conceptual en materia económica: el neoliberalismo. Siempre están al acecho del interés nacional y la justicia social.

(*) Economista.

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