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Domingo, 9 de julio de 2006

CRECIMIENTO DE LA FORMALIDAD DE LAS EMPLEADAS DOMESTICAS

Blanquear a la mucama

El personal doméstico es el sector de los trabajadores con menores derechos laborales. La mayoría son mujeres, con baja instrucción y elevada informalidad.

 Por Diego Rubinzal

Una radiografía del sector del personal doméstico muestra que son mayoritariamente mujeres, con poca instrucción y que por las características particulares de su trabajo la sindicalización es prácticamente inexistente. Según datos de la Fundación Instituto para el Desarrollo Social Argentino, el trabajo doméstico representa casi el 30 por ciento del empleo asalariado femenino y es la principal fuente de inserción laboral de las mujeres con bajo nivel educativo.

La escasa calificación laboral que suelen requerir estas tareas no resulta un impedimento para que –a menudo– las trabajadoras domésticas cumplan un rol relevante en la organización familiar. Sin embargo, es un trabajo que con frecuencia es desmerecido socialmente. Esa falta de reconocimiento no solamente se manifiesta en la valoración de la tarea, sino que se extiende a la legislación vigente en la materia. El ejemplo más claro es que las empleadas no cuentan con los beneficios que la Ley de Contrato de Trabajo estipula para el resto de los asalariados (a excepción de los trabajadores públicos y agrarios). Para el sector rige el Estatuto del Personal del Servicio Doméstico, que fue aprobado mediante un decreto-ley del año 1956. Entre otras inequidades, esta normativa no contempla el pago de asignaciones familiares y, a pesar de ser un sector con amplia mayoría femenina, no prevé la licencia por maternidad.

Las desventajas laborales son más. La Ley de Riesgos del Trabajo que regula la cobertura por accidentes laborales no alcanza a ese tipo de tareas. Tampoco las trabajadoras despedidas, aun cuando se encuentren registradas, tienen derecho al cobro del seguro de desempleo. En materia salarial también existe discriminación respecto del resto. El Ministerio de Trabajo estableció un salario mínimo para el sector de 515 pesos que resulta un 18 por ciento inferior al fijado para aquellos empleados comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo (630 pesos).

La vulnerabilidad de ese sector es mayor que la que surge de la letra de las normas. El salario promedio (250 pesos) está muy lejos de cumplir con el mínimo legal establecido. Además, el 84 por ciento se encuentra sumergido en la informalidad. Al no estar registradas, no cuentan con los beneficios de una obra social y en el futuro no podrán acreditar los años de aportes necesarios para obtener el beneficio jubilatorio.

Ante este nivel escandaloso de informalidad laboral, surgieron algunas iniciativas tendientes a revertirlo. En este sentido, el Congreso, con la Ley Antievasión II, otorgó un beneficio para quienes empleen personal doméstico: la posibilidad de deducir de su declaración jurada del impuesto a las Ganancias el salario y las contribuciones sociales abonadas. Así, por 59,44 pesos al mes, el personal doméstico accede a una cobertura de salud –a través de una obra social– y al derecho a una jubilación en el futuro. Por su parte, el empleador puede deducir hasta 6000 pesos al año del impuesto a las Ganancias. El objetivo es claro, incentivar el blanqueo laboral y por lo tanto el nivel de cobertura social de las trabajadoras.

Para el especialista Bernardo Kliksberg, la política de regularización de las empleadas domésticas no es un tema menor. “Estamos en presencia de un Estado que vuelve a dar la cara, luego de una feroz retirada en la década del ‘90. Este tipo de iniciativas tiene el valor de formar parte de un abanico de políticas públicas que tienden a incluir socialmente a uno de los sectores más débiles de la sociedad. Aunque parezcan cuestiones mínimas, no lo son para estos sectores, ya que les puede permitir escapar de lo que los economistas denominamos las “trampas de la pobreza”.

A partir de la sanción de la ley, la AFIP desarrolló una intensa campaña publicitaria en los medios de comunicación. En cinco meses el crecimiento de las empleadas registradas alcanza un 160 por ciento, con lo que se podría evaluar de éxito la iniciativa. En cambio, la lectura difiere cuando se verifica que las 150.000 empleadas registradas representansolamente el 16 por ciento de las personas que trabajan en este tipo de tareas. El camino a recorrer todavía sigue siendo muy largo.

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Muchas son las desventajas del personal doméstico. La ley de ART no las tiene en cuenta.
Imagen: Jorge Larrosa

Trabajadoras - derechos


  • En el sector del personal doméstico mayoritariamente son mujeres, con bajo nivel de instrucción y con una sindicalización inexistente.

  • Representa casi el 30 por ciento del empleo asalariado femenino.

  • Es la principal fuente de inserción laboral de las mujeres con bajo nivel educativo.

  • La falta de reconocimiento no solamente se manifiesta en la valoración de la tarea, sino que se extiende a la legislación vigente en la materia.

  • En cinco meses el crecimiento de las empleadas registradas alcanza un 160 por ciento.

  • Las 150.000 empleadas registradas representan solamente el 16 por ciento de las personas que trabajan en este tipo de tareas.

 
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