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La deuda pública externa ha sido un condicionante central en el escenario económico y político de la Argentina; su continua expansión a lo largo de los últimos treinta años ha constituido uno de los más formidables obstáculos para el crecimiento del país. Un país no pobre, pero empobrecido entre otras razones por el endeudamiento, esto es la resultante de políticas económicas perversas, reflejo de intereses y desvaríos de elites de poder carentes de proyectos viables y aceptables para las mayorías.

Tras la declaración de default a fines del año 2001 y la posterior renegociación de los pasivos externos, los compromisos de pago adquirieron un perfil sostenible; puede afirmarse que la deuda no representa hoy día un obstáculo central para la economía.

Sin embargo, la sociedad ha asistido en los últimos meses a un persistente conflicto político, originado por un conjunto de decisiones en torno de la deuda pública (ahora parcialmente en manos de acreedores locales). Este conflicto ha atravesado circunstancias álgidas, motivando enfrentamientos públicos de actores políticos de fuste, oficialistas y opositores, y ha involucrado en reiteradas oportunidades a instancias del Poder Judicial. El conflicto ha girado tanto en torno de cuestiones de fondo como de procedimiento.

El origen de estos episodios se encuentra en la atención de los servicios de la deuda pública y en la reapertura de negociaciones con los tenedores de títulos que no se avinieron a su canje en el año 2005. El gobierno nacional propuso primero garantizar el pago de obligaciones –a través del “Fondo del Bicentenario”–, luego optó directamente por movilizar reservas para la cancelación de los vencimientos, mediante la creación del “Fondo de Desendeudamiento Argentino”. Este último habilitaría la cancelación de obligaciones sin contraer el gasto fiscal destinado a otros fines.

Frente a la controversia suscitada, desde el Plan Fénix hacemos llegar a la sociedad nuestro aporte para la comprensión de esta problemática. Brindamos también nuestro punto de vista acerca de los cursos de acción a seguir. Todo ello, como siempre, considerando el interés colectivo, y desde una perspectiva de largo plazo.

COYUNTURA

En primer lugar, compartimos una opinión generalizada entre analistas de diversas vertientes, en el sentido de que la actual coyuntura económica no evidencia síntomas de gravedad. En términos de nivel de actividad y del sector externo, la Argentina enfrenta relativamente en buenas condiciones la gran crisis mundial, originada en el sector financiero de los países desarrollados. Ello, además, a pesar de una sequía inédita, que contribuyó a que en el año 2009 cayeran en un 30 por ciento las producciones agrarias exportables, afectando además la recaudación fiscal. Indicadores macroeconómicos fundamentales, como ser el nivel de actividad y los saldos de los sectores público y externo, lucen tanto o más sólidos que los de otras economías latinoamericanas.

Las perspectivas a corto plazo resultan también alentadoras, aunque no sugieran un camino totalmente despejado. La situación fiscal, si bien desmejorada con relación a 2008 por pérdidas de recaudación y por una política de corte expansivo, muestra a nivel nacional indicadores que perfilan una situación manejable en términos de desbalances. Esto no impide que se adopten con oportunidad y eficacia medidas necesarias para reequilibrarla, en el proceso de salida de la “fase baja del ciclo”, consecuencia de la crisis global. En el caso de las finanzas provinciales, los desequilibrios requieren intervenciones de alguna magnitud, sin que por ello los riesgos sean pronunciados. Por cierto, el reavivamiento de la inflación constituye un punto que requiere la máxima atención, dadas las tendencias de los últimos tres años y los visibles deslizamientos de hoy, en un marco de recuperación del ritmo de crecimiento.

EL CANJE

En este contexto no es improcedente avanzar hacia una negociación que permita incorporar al canje la mayor cantidad posible de deuda pendiente (en manos de los holdouts), como así también renovar los vencimientos de capital. Los niveles actuales de deuda son claramente sostenibles, al representar cerca del 45 por ciento del Producto Interno Bruto. Es correcto en consecuencia renovar vencimientos, cuidando de no incrementar este porcentual.

Es crucial, sin embargo, que esta negociación permita obtener tasas de interés compatibles con el crecimiento, similares a las que han obtenido otros países. El tratamiento que recibe hoy día la deuda del país en los mercados internacionales no refleja su mejor situación relativa. Si bien ha crecido el precio de los bonos argentinos, ante la expectativa de aprobación del canje de deuda por parte de la Comisión Nacional de Valores (SEC) de los Estados Unidos, las tasas de interés implícitas son aún muy elevadas, sobre todo en comparación con otros países de similar o peor desempeño macroeconómico. De aceptar la Argentina tales tasas se estaría emitiendo una señal de insolvencia, que no encuentra justificación alguna. Sin duda persisten gruesas fallas en la evaluación del riesgo por parte del mercado financiero internacional.

En tal sentido, el uso de las reservas para la cancelación de vencimientos es un camino adecuado sólo en la medida en que coadyuve a este propósito de reducción del costo del endeudamiento. Y bajo ningún concepto el propósito debe ser algún deseable “retorno a los mercados”, como reclaman en forma monótona los voceros de las finanzas especulativas. Nunca más el endeudamiento público debe ser el camino a seguir, vista la nefasta experiencia argentina.

RESERVAS

Por otra parte, los niveles de los pasivos actuales y la abundante disponibilidad de reservas permiten afectar sin riesgos mayores parte de ellas, a los fines de cubrir los servicios de la deuda; ello permite liberar recursos para expandir la demanda interna, en la medida en que ello sea necesario y viable, conforme la evolución del ciclo económico. Sin duda, esto implica atender la deuda con reservas; pero esta vía nada especial significa, toda vez que siempre la deuda pública denominada en moneda extranjera se atiende utilizando las reservas que la sociedad guarda en el Banco Central. El punto básico reside aquí en no reducir los recursos fiscales necesarios para una política contracíclica, oportuna en estas circunstancias, mal que les pese a los voceros del ajuste recesivo. Por otro lado, es menester que el Presupuesto General de la Nación sea adecuadamente reformulado, a fin de incorporar estas previsiones.

Resulta claro que el actual cuadro de conflicto se origina más en la dinámica política que en el frente económico (con la salvedad de lo ya mencionado acerca de la inflación); y ésta por cierto es una apreciación que también comparten distintos analistas. Pero debe advertirse que a la larga esta dinámica podrá afectar el plano económico y, en definitiva, la vida del colectivo social. Por lo pronto, los “ruidos” políticos actuales en nada ayudan, por cierto, a esclarecer la real situación del país frente a los acreedores.

Es imperativo entonces que la dirigencia alineada con un proyecto de desarrollo inclusivo esté dispuesta a actuar en consecuencia, construyendo los necesarios acuerdos que permitan apuntalar y no socavar una situación económica que luce sostenible.

Ello implica resignar posicionamientos que reflejan intereses personales, sectoriales, proselitistas o de mera búsqueda de acrecentar el poder político, respetando a la vez las formas y pautas institucionales. Lo que urge ahora es liberar energías transformadoras para encarar la deuda social, que representa la exclusión de uno de cada cinco argentinos.

Desde el Plan Fénix exhortamos entonces a esta dirigencia a encarar la tarea. Lo hacemos desde la universidad, y además desde un proyecto que agrupa a docentes e investigadores de diferentes tradiciones, orientaciones político-ideológicas o partidarias, en una experiencia que ha demostrado que tales diferencias no impiden trabajar en pro de objetivos comunes

* Proyecto Estratégico de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Plan Fénix.