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El gobierno acaba de festejar el 60º Aniversario de la CNEA reafirmando el impulso a la industria nuclear con el anuncio de la finalización y puesta en marcha de la nueva central nucleoeléctrica Atucha II, la construcción del prototipo Carem 25, y el nuevo proyecto para la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Embalse. Entre los considerandos del plan estratégico nuclear, el más importante para la castigada Argentina productiva es el desarrollo tecnológico alcanzado por la actividad a lo largo de varias décadas, capitalizable a futuro a través de la profundización de ese desarrollo para, entre otros, la realización de un ambicioso plan nucleoeléctrico nacional y la aplicación nuclear a otras ramas de actividad económica, tales como la salud, y la industria de alimentos.

Es interesante señalar el destacado grado de apoyo del desarrollo nuclear de buena parte de la comunidad académica argentina, entre los cuales una personalidad tan distinguida por sus aportes a la sociedad como Aldo Ferrer. Semejante consenso –frente a consabidos riesgos e incertidumbre de la actividad nuclear– motivan las siguientes conjeturas. En primer lugar, desde un punto de vista económico, el cálculo del costo de generación nuclear requiere la inclusión en el mismo del costo de disposición final del combustible nuclear agotado así como también el de la contratación de un seguro o un fondo de caución para afrontar eventuales daños a la sociedad debidos a fallas, accidentes y desastres. Este último se supone que debe haberse incluido en el costeo realizado por la CNEA y sería interesante saber qué tipo de eventualidades cubre y hasta qué monto. Pero en el cálculo del costo de disposición final, dada la incertidumbre científica y tecnológica que existe al respecto (ya que la experiencia nuclear tiene menos de un siglo de vida mientras que los residuos mantienen su actividad durante muchos siglos) debe haberse imputado un valor estimado, totalmente cuestionable como cualquier otro valor. Por ello, para desmistificar la cuestión, una alternativa consiste en estimar dicho valor, mediante una evaluación multicriterial, incluyendo una amplia consulta que comprenda no sólo a expertos sino también a gente común, dispuesta a valorar cómo y cuánto aquellas eventuales fallas nucleares afectarían las vidas de ellos.

En el día a día de los argentinos, llega el invierno y, como hace ya varios años, reaparecen las amenazas de escasez de energía, indudablemente, impulsadas por el lobby petrolero y gasífero, que quisiera contar con “precios libres” (o sea, oligopólicos) para incrementar sus ya abultadas ganancias. Sin embargo, a pesar del incremento de la demanda energética –debido al mejoramiento económico– el Gobierno, por intermedio del ministro Julio de Vido, ha conseguido certeramente que prácticamente no haya restricciones energéticas merced a una mayor generación eléctrica en combinación con crecientes importaciones hidrocarburíferas.

Más allá de la eficacia de esta gestión energética, cabe preguntar si es factible seguir incrementando el consumo energético. No sólo porque los combustibles fósiles se están agotando, sino porque la presión creciente de los desechos de los mismos (gases con efecto invernadero, enormes masas de objetos plásticos no degradables) está tornando inviable este estilo de desarrollo. Por más difícil que nos resulte a todos cambiarlo por un estilo de desarrollo menos consumista, más autosuficiente, más cuidadoso del ambiente y menos explotador de los recursos naturales.

Hasta tanto, sería deseable que inversiones de la magnitud e impacto ambiental como las nucleares o la de generación eléctrica en Río Turbio (mediante carbón) sean evaluadas de una manera más amplia y con una mayor participación y consenso de la sociedad. En esta misma dirección, que la CNEA sea más transparente, tanto de manera directa como indirecta, a través de discusiones abiertas en el Congreso

* Economista.