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Las calificadoras de riesgo orientan la conducta de los inversores al evaluar la capacidad de repago que tienen las naciones y compañías que recurren al mercado de capitales. De esa manera, las características del endeudamiento (volumen, plazos, costos) son altamente dependientes de esos análisis. La calidad profesional de esas agencias quedó dañada luego de que se advirtiera su ineficacia para predecir los riesgos de un conjunto de grandes corporaciones y entidades bancarias que se derrumbaron en la última crisis. Aunque el debate esta instalado, no son pocas las voces que reclaman una urgente regulación internacional de esas compañías.

El presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, sugirió la posibilidad de crear una agencia de calificación de riesgo europeo que sustituya a las desa-creditadas compañías Moody’s y Standard & Poor’s. Los sucesivos fracasos se deben a una multiplicidad de factores que incluyen deficiencias técnicas, pero también conflictos de intereses y la utilización de criterios de evaluación fuertemente influidos por dogmas ideológicos. En este último sentido, las notas suelen ser más benignas para aquellas naciones que llevan adelante las políticas auspiciadas por la ortodoxia económica. Por el contrario, las políticas públicas alejadas del ideario conservador suelen ser evaluadas con mayor severidad aunque existan saludables indicadores macroeconómicos.

Mariela Buonomo y Eduardo Gudynas, investigadores del Centro Latinoamericano de Economía Social, sostienen que “las empresas calificadoras se han convertido en administradores y reguladores de los flujos de capital, ejerciendo una enorme influencia en las decisiones políticas de los países del Sur. Sin embargo, el índice de riesgo país tradicional encierra muchas incertidumbres y muchos de sus aspectos terminan siendo subjetivos y reflejan la opinión que las diferentes calificadoras, como entidades “especializadas”, tienen sobre las posibilidades de pago de los países”.

Esos investigadores avanzaron en la elaboración de una medición alternativa que ayude a captar con fidelidad el riesgo sistémico de los países latinoamericanos.

La resultante fue la construcción de un índice de riesgo país alternativo que tiene en cuenta ciertas dimensiones socioeconómicas que se consideran relevantes para visualizar la relación de autonomía o dependencia que enfrenta cada país frente al proceso globalizador. El indicador esta constituido por las siguiente variables: el porcentaje de las exportaciones de productos primarios sobre las exportaciones totales de mercancías; el porcentaje del servicio de la deuda con relación a las exportaciones de bienes y servicios; el porcentaje de áreas protegidas sobre el total de superficie por país; el porcentaje de emisiones de dióxido de carbono per cápita; el gasto social (educación y salud); la tasa de alfabetización; la distribución del ingreso; los usuarios de Internet; la tasa de matriculación bruta; las libertades civiles y políticas y el apoyo que existente entre la ciudadanía al sistema democrático.

Ese índice clasifica a dieciocho naciones evaluadas (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) en cuatro categorías: tolerable, amenaza, crítica y default socioambiental. En el informe “Riesgo País alternativo. Actualización y evolución 2009 para América Latina” (Observatorio del Desarrollo, julio 2009) se señala que “comparando el 2003 con la versión actualizada se observa que un conjunto de 13 países ha mejorado su situación. Entre ellos, los que más se destacan son Argentina, Brasil, Perú, Bolivia y Nicaragua. En una reciente revisión, esos investigadores incorporaron un indicador sobre seguridad alimentaria utilizando la variable “porcentaje de desnutridos”. Con esa modificación, los mejores niveles son ostentados por Costa Rica, Argentina, Chile, Uruguay y México, en ese orden

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