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Domingo, 3 de octubre de 2010

FUERTE CRECIMIENTO DEL GASTO PúBLICO SOCIAL EN EL PRESUPUESTO 2011

El rumbo del GPS

El gasto público en los rubros Salud, Educación, Seguridad y Asistencia Social registra una tendencia creciente. Concentran el 61 por ciento de los fondos totales del Presupuesto 2011.

 Por Diego Rubinzal

El gasto público social, que incluye los rubros Salud, Educación, Seguridad y Asistencia Social, viene registrando una tendencia creciente en la mayoría de los países latinoamericanos. Ese avance en los respectivos presupuestos se registra con gobiernos de fuerzas políticas que se ubican, con sus matices, dentro del espacio del centroizquierda. Se abrió así un período que supuso una redefinición en las prioridades asignadas a las políticas públicas.

La presencia de un contexto internacional favorable también colaboró para que estas nuevas visiones pudieran ampliar sus márgenes de acción. Una reciente publicación de la Cepal, La medición del gasto social es más que una actividad contable, señala que “los recursos públicos destinados a las políticas sociales, sus programas y proyectos se han ampliado como prioridad macroeconómica del gasto público social total desde una tasa media de 9,6 por ciento del PIB en 1990-1991 al 13,4 por ciento del PIB en 2006-2007, con un incremento promedio de 2,2 por ciento anual. Mientras en 1990-1991 sólo siete países destinaban más de 10 por ciento del PIB al gasto social, en 2005-2006 14 países ya lo hacían, con cuatro gastando más de 20 por ciento de su PIB, hasta un máximo de 34,5”.

Dentro de esa tendencia general, la participación relativa del presupuesto social argentino, brasileño y uruguayo es superior al promedio regional. Los análisis comparativos presentan ciertas limitaciones ya que en la mayoría de los casos solamente computan los montos ejecutados por la administración central. De ese modo, el gasto público social total termina siendo subvalorado, ya que un gran porcentaje de las políticas sociales son realizadas por las jurisdicciones subnacionales.

En el caso argentino, el gasto público social computado incluye las erogaciones efectuadas por la administración central correspondientes al financiamiento de la seguridad social (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, pensiones no contributivas, Asignación Universal por Hijo), educación, salud, trabajo y ciencia y técnica, planes de vivienda, urbanismo y agua potable. En todos esos items se advierte un sostenido crecimiento de las partidas presupuestarias. En algunos casos, esos incrementos fueron dotados de un marco legal que acompañó esa decisión política. En ese sentido, un ejemplo fue la sanción de la ley de movilidad jubilatoria, que estableció un ajuste automático de los haberes en marzo y septiembre de cada año, y de la Ley de Educación Nacional, que dispuso una meta en términos del PIB para el gasto consolidado de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el Presupuesto 2011, el gasto social más importante son las prestaciones de la seguridad social (jubilaciones, pensiones y retiros) que ascienden a 128.817 millones de pesos. Esa suma representa el 34,5 por ciento de las erogaciones presupuestadas por la Administración Nacional. La iniciativa oficial prevé una inversión de 6296 millones en Educación y Cultura, 3839 millones en tendidos de agua potable y 10.083 millones destinados al financiamiento de la Asignación Universal por Hijo, entre otras partidas.

En relación con un enfoque funcional del gasto, el Presupuesto 2011 destina el 61 por ciento de los fondos (227.505 millones de pesos) a los llamados servicios sociales. De ese total, la Seguridad Social representa el 41,9 por ciento, seguido de Educación y Cultura (8,2 por ciento), Salud (3,6) y Promoción y Asistencia Social (2,3). El sostenido incremento del gasto público social tiene como objetivo saldar asignaturas pendientes. Tarea reparadora inmensa luego de décadas de deterioro social y económico. Esta debe estar acompañada de la conformación de una estructura productiva diversificada e integrada que promueva la inclusión social y la redistribución del ingreso. Como señaló el investigador de la Cepal, Mario Cimoli, en el último Congreso de la Asociación de Economistas para el Desarrollo de la Argentina, modificar la estructura productiva “significa poner en juego la distribución de la renta. La verdadera política industrial implica cambiar la distribución”

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