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Domingo, 21 de abril de 2013

MODELO EDUCATIVO CHILENO

Sentado en el banquillo

 Por Diego Rubinzal

Los estudiantes chilenos volvieron a manifestarse en las calles el pasado 11 de abril. Los reclamos continúan siendo los mismos que enarbolaron primero los secundarios durante la “revolución de los pingüinos” y luego los universitarios: educación gratuita, laica y de calidad. Las manifestaciones estudiantiles visibilizan uno de los costados más oscuros del llamado “modelo chileno”. Los adalides de ese “modelo” destacan que registra el mejor desempeño económico de América latina. Eso fue cierto durante los denominados “años gloriosos” (1986-1998), cuando el PIB creció a un promedio del 7,3 por ciento anual. Ese ritmo de crecimiento fue decreciendo hasta ubicarse, en los últimos diez años, bastante por debajo de la mayoría de los países latinoamericanos. Además, ese crecimiento económico no revirtió las intensas desigualdades sociales. El valor actual del coeficiente de Gini chileno (0,521) es similar al de países africanos y centroamericanos.

El sistema educativo fue una de las tantas piezas funcionales a la conformación de una estructura social inequitativa. El actual diseño educacional es fruto de las reformas realizadas –a principios de 1980– por el régimen pinochetista. El 80 por ciento de la matrícula, hasta entonces, concurría a las escuelas públicas nacionales. La transformación educativa implicó la descentralización de los establecimientos primarios y secundarios a los municipios. El gobierno central se reservó sólo las funciones de dictado de la normativa general, tareas de supervisión y provisión del financiamiento básico. Ese financiamiento (materializado mediante la entrega de vouchers o cupones) es otorgado a las escuelas públicas y privadas en función de la cantidad de alumnos que asisten a cada establecimiento. De esa manera, la intervención estatal se reduce a una suerte de “subsidio a la demanda” que alienta la libre competencia entre las escuelas.

El sistema de “vouchers o cupones” había sido sugerido por el monetarista Milton Friedman como una manera de suprimir esa “isla de socialismo en el mar del libre mercado”, haciendo referencia al sistema educativo norteamericano. La entrega de los “vouchers” y, por ende, de los fondos públicos, variaría en consonancia con la cantidad de alumnos. Esa herramienta incentivaría a los elencos directivos de las escuelas a competir entre ellas para captar más estudiantes. De acuerdo con esa visión, la competencia elevaría la calidad del servicio educativo. En ese sentido, el gobierno chileno implementó un test estandarizado de rendimiento (prueba Simce) para evaluar la calidad educativa de cada establecimiento.

Los defensores de esa mercantilización educativa resaltan la plena vigencia del derecho a elección del consumidor. En esa línea, Edwin West planteaba que “un voucher educacional financiado a través de los impuestos es un pago efectuado por el gobierno a una escuela elegida por el padre del niño”. Los resultados del experimento chileno permiten cuestionar las supuestas ventajas de ese paradigma educativo. La reforma pinochetista intensificó la segregación cultural en perjuicio de los sectores más empobrecidos. La ampliación de la brecha de calidad entre las escuelas privadas y las municipales fue una de las tantas consecuencias tangibles.

Las devaluadas escuelas públicas quedaron como el único reducto para los estudiantes más vulnerables que no son “seleccionados” por los establecimientos privados.

Pablo Muñoz y Amaia Redondo señalan en Desigualdad y logro académico en Chile que “comenzó un masivo ingreso de escuelas privadas subvencionadas, cuya participación en el total de matrículas aumentó del 30 por ciento en 1986 al 48 por ciento en 2008”. Así la década del noventa fue testigo del cierre de 31 escuelas municipales. La contracara de ese proceso fue la creación de 523 nuevas escuelas particulares subvencionadas y 310 particulares pagas. La situación es aún más grave en el sistema de enseñanza universitaria. Las universidades públicas y privadas cobran un arancel cercano a los 900 dólares mensuales. Ese elevado costo determina que muchos jóvenes culminen sus estudios fuertemente endeudados con la banca privada

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