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Domingo, 24 de noviembre de 2013

DEBATE SOBRE LA COMPETITIVIDAD

Exportaciones y nivel de vida

 Por Diego Rubinzal

La supuesta pérdida de competitividad económica es uno de los tópicos preferidos del empresariado. Los sectores exportadores sostienen que esa dificultad estaría asociada al atraso cambiario. Esa mirada es compartida por economistas y analistas financieros. La devaluación brusca se presenta entonces como la única alternativa. La evidencia empírica demuestra que una fuerte depreciación lo único que provoca es una caída del consumo. En otras palabras, la demanda agregada retrocede ante una megadevaluación.

La búsqueda de competitividad requiere de un abordamiento sistémico que trasciende la paridad cambiaria. Los avances en ese terreno debieran ser evaluados en función de diferentes variables. Los criterios de medición varían de acuerdo con la cosmovisión ideológica subyacente.

Esa regla general incluye al ranking de competitividad confeccionado por el Foro Económico Mundial (FEM). La última publicación puso de manifiesto un fuerte retroceso de la Argentina. En efecto, descendió diez posiciones, al situarse en el puesto 104 de un total de 148 países relevados. El mayor puntaje correspondió a Suiza, escoltada por Singapur, Finlandia, Alemania, Estados Unidos y Suecia. Las naciones latinoamericanas mejor posicionadas fueron: Chile (34), Panamá (40), Barbados (47), Costa Rica (54), México (55), Brasil (56) y Colombia (69).

La posición muy rezagada de Argentina estaría explicada por el desfavorable “clima de negocios”. De acuerdo con esa visión, las políticas intervencionistas gubernamentales ahuyentan a los capitales extranjeros. Los recientes convenios suscriptos con la petrolera Chevron revelan la inconsistencia de esos argumentos. Es más, la tasa de inversión argentina es superior a la brasileña.

Ahora bien, ¿cómo se confecciona el ranking de la FEM? La principal fuente de información son los datos emergentes de una Encuesta de Opinión a Ejecutivos (EOE) realizada por la IAE Business School de la Universidad de Austral. Los economistas de Economía del Bicentenario señalan en “La competitividad nacional: conceptos y medición” que “la EOE mide la percepción que los empresarios tienen respecto de un amplio conjunto de factores y posee por lo tanto un componente subjetivo que dificulta la representatividad y la comparabilidad de los resultados entre países”.

El puntaje asignado por los ejecutivos sitúa a la Argentina en el puesto 145 en materia de corrupción, en el 147 en eficiencia gubernamental y en el 146 en el rubro favoritismo de grupos o empresas. Los empresarios identificaron como principales problemas a la inflación, las regulaciones en materia de adquisición de moneda extranjera, la corrupción, el acceso al financiamiento y la ineficiencia de la burocracia estatal.

La calificación otorgada a la Argentina arroja un resultado sorprendente ya que la instala en peor ubicación (104) que Guatemala (86), Nicaragua (99) y El Salvador (97). Está claro que eso no tiene ningún correlato con los indicadores económico-sociales de dichos países. Esos resultados son consecuencia de evaluaciones subjetivas teñidas por una fuerte carga ideológica. Además, la noción de competitividad implícita en ese ranking está ligada a la capacidad exportadora de un país y disociada de los niveles de vida alcanzados por la población. Los economistas de Economía del Bicentenario sostienen que eso constituye “un índice individualista que se centra en la maximización de la renta empresaria conquistada con un bajo costo de producción que garantiza un menor precio global”. La verdadera competitividad de una economía consistiría “en su capacidad para incrementar las exportaciones aumentando simultáneamente el nivel de vida de la población. De este modo, la competitividad se asocia con crecientes niveles de vida y no es una mera medida de la capacidad del país para vender en el exterior... para obtener una medida de la evolución de la competitividad genuina, es necesario construir otro índice que incorpore aquellas dimensiones que dan cuenta de la capacidad de los países de incrementar sostenidamente la inclusión social. Dichas dimensiones son: i) crecimiento económico, ii) inversión, iii) industrialización y cambio en el patrón de inserción internacional, iv) inclusión social, v) políticas públicas”, concluyen esos economistas.

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