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La protesta de los endeudados por la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que sería más sencillo decir que es la inflación, ofrece una interesante oportunidad para discutir sobre el interés individual versus el colectivo. También sobre cómo se distribuyen los costos de una violenta reestructuración financiera y productiva provocada por la actual crisis. Aquellos que tienen un crédito hipotecario tienen motivos para estar angustiados. No son, sin embargo, los únicos que tienen razones para sentir el vértigo de una derrumbe que arrastra ilusiones. En realidad, ellos han sido unos de los pocos que han recibido medidas compensadoras ante la irresponsable devaluación del gobierno de Eduardo Duhalde. Sus deudas fueron pesificadas a una paridad 1 a 1, lo que evitó la quiebra súbita con la consiguiente pérdida de la propiedad. Recibieron el beneficio de la fijación de una tasa máxima del 4 por ciento anual para sus préstamos. Se les habilitó la posibilidad de renegociar con el banco la extensión del plazo para pagar el crédito. También se determinó que en una primera etapa el monto de la cuota indexada no podrá superar a las pagadas hasta julio de este año. Y, finalmente, tienen a favor a los bancos, que preocupados por un eventual crecimiento de la morosidad presionan para que se establezcan límites a la indexación de créditos. Al respecto, el viceministro de Economía, Jorge Todesca, adelantó en el Cash de la semana pasada que se establecerán topes a la aplicación del CER para los pequeños deudores. Sin ánimo de ofender y reconociendo la opresión que pueden sentir en el estómago por el miedo a perder la casa, ¿no están exagerando un poco? Y si igualmente piensan que han sido los grandes perdedores de la devaluación, ¿quiénes terminarán pagando la pesificación de las deudas y luego el eventual tope del CER?
El Estado emitirá bonos por un total de 14 mil millones para compensar a los bancos por la pesificación asimétrica (conversión a una paridad de 1,40 a ahorristas en dólares y 1 a 1 a los deudores). Eliminar o limitar el CER también provocará desequilibrios en los balances de los bancos, puesto que ese indicador de indexación también se aplica para los depósitos. Entonces, ese eventual descalce implicará que el Estado deberá compensar a los bancos con otro bono. O sea, con más endeudamiento público, que no es otra cosa que mayor carga sobre toda la sociedad.
El CER o no CER pasa por una cuestión de prioridades. Obviamente, que la situación de los deudores hipotecarios es relevante. Pero la inflación, o sea el CER, está siendo padecida en estos momentos por toda la población, no dentro de unos meses. Y especialmente por los sectores de menores recursos. El problema central es que la inflación, el aumento de precios provocada por una devaluación descontrolada, está afectando el ingreso de la población. Esa es la raíz de esa angustia: los salarios no se indexan, lo que debería ser el verdadero motor de la protesta.
Todo se resume en si una clase media empobrecida puede mirar más allá de su propio ombligo o se eleva por encima de ese estrecho horizonte. La corrida para sacar los depósitos a lo largo del último año; la desesperación por saltar luego del corralito; la búsqueda frenética de refugio en el dólar; la ansiedad por presentar amparos contra el corralito; y ahora la batalla para derrotar al CER son pelusas de ese ombligo. Esos comportamientos de los estafados en el sistema financiero tienen su justificación. El Estado devaluó la moneda sin plan económico, haciendo trizas todos los contratos establecidos. Pero los rompió para todos, no sólo para los que compraron su casa con un crédito hipotecario.
Cómo se distribuya el costo de ese desastre indicará la mayor o menor equidad en la resolución de esta crisis. Esas reacciones defensivas arriba mencionadas son la búsqueda de una salvación individual, que tiene su lógica, aunque sería injusto ignorar que por ese camino se sumarán igualmente al derrumbe colectivo.