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Domingo, 9 de enero de 2005

EL BAúL DE MANUEL

El baúl de Manuel

 Por Manuel Fernández López

Muertes

El llamado “desastre del Once” no sólo permitió ver hasta qué punto están extendidas las irregularidades en sitios públicos, y cuán poco se respeta en el país el derecho más esencial, el derecho a la vida y a la seguridad (Declaración universal de los derechos humanos, art. 3), sino también reveló aspectos oscuros del alma humana. Poco después de la noche del horror, un diario decía en primera plana: “Murieron 188 personas ... Es la mayor tragedia en el país por causas no naturales”. Quien tal cosa escribió, o es desmemoriado en grado superlativo, o su memoria es selectiva. Pues no hace tanto tiempo que “murieron” 30.000 personas. Y 30.000 son más que 188. Y no pasó tanto tiempo como para borrarlo de la memoria. Salvo que no se las considere personas, o que la causa de su “muerte” no se la considere humana sino divina, digamos, ya que no fue natural. Con el agravante de que sus autores jamás dieron a conocer los nombres de los occisos, ni entregaron sus cuerpos para brindarles sepultura. Acaso por deformación profesional: los entierros de soldaditos argentinos en fosas comunes de las Malvinas sin siquiera registrar sus nombres horrorizaban hasta a los oficiales del ejército vencedor. Los caídos del Crucero General Belgrano, ¿lo fueron por alguna causa natural? Los muertos de la Semana Trágica, ¿lo fueron por algún cataclismo de los elementos? Los indios diezmados por las fuerzas de Roca, para que los colonos europeos pudieran pacíficamente labrar la tierra y el país ser granero del mundo, fueron muchos más que 188, pero cabe pensar que quienes organizaron esa razzia no los consideraban personas. Es como comparar 188 personas con 10 mil hormigas. Pero hay más causas de muerte. También la economía mata. ¿Cuántos infartos y suicidios no provocó la pesificación entre los ahorristas, o el indigno nivel de los haberes entre los jubilados? ¿Cuántas muertes evitables no causa la pobreza entre los neonatos? Es ésta una causa permanente de muerte de niños, a la que los gobernadores de provincias no prestan mucha atención, a pesar de que afecta a sus votantes, los pobres de la sociedad. Impedir que los salarios suban causa la muerte, como decía James Mill, autor del primer texto usado en la UBA para enseñar economía: “La baja de los salarios produciría más y más pobreza en el pueblo... A medida que la pobreza y sus consecuencias se aumentasen se aumentaría la mortalidad”.

Sin luz, sin agua

El aire que respiramos es gratis. Lo es porque nadie lo produce ni se utilizan insumos o mano de obra para contar con él. Pero también lo es porque la cantidad de aire existente excede la que necesitamos para vivir. Si tuviésemos la opción de pagar por aire para respirar o ser privados de él, sin la menor duda muchos darían todas sus fortunas para seguir respirando. Consideremos, por ejemplo, que los fallecidos en el “desastre del Once” perdieron la vida por inhalar aire no respirable, antes que por otros motivos. Dejando de lado este terrible episodio, veamos otros casos: la provisión domiciliaria de energía eléctrica y de agua potable. Aquí los casos son distintos. Tanto para producir electricidad como agua potable se requieren instalaciones, insumos y mano de obra. Hay un costo de producción. Y si la producción la efectúan empresas particulares, esto es, con fines de lucro, es indispensable que los respectivos productos se vendan por un precio que exceda el costo de producción, salvo que el Estado subsidie los costos de producción y transmisión. Si, además, las empresas productoras son extranjeras, y su rentabilidad se mide por las ganancias en dólares, tenemos un problema. Cada vez que el país devalúe el tipo de cambio, cualquier cifra medida en moneda extranjera cae en la misma proporción. Trescientos pesos de ganancias con el régimen 1 a 1 eran trescientos dólares. Con el dólar a 3 pesos, 300 pesos son 100 dólares. Una devaluación de semejante magnitud enfurece a los dueños extranjeros de las “privatizadas” –los accionistas–. Las presiones sobre los gerenciadores locales se hacen tremendas. Y éstos sólo pueden recuperar algo las ganancias caídas a la tercera parte, subiendo hasta donde puedan la tarifa del servicio que proveen. Un camino posible y probadamente eficaz es utilizar la ley de la utilidad marginal decreciente: así como la utilidad adicional que proporciona un bien decrece al aumentar la provisión del mismo, inversamente, la utilidad adicional puede crecer hasta límites indefinidos al reducirse la provisión de dicho bien, y la máxima reducción es el corte del suministro, el reducir a cero su disponibilidad, como el caso de los que vieron reducida a cero su provisión de aire respirable. El precio es la medida de la utilidad marginal. Un corte del servicio es pedagógico y nos hace pensar cuánto pagaríamos por su restablecimiento.

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