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Domingo, 19 de marzo de 2006

EL BAúL DE MANUEL

La economía del Proceso

 Por Manuel Fernández López

Apenas tomó el poder, la Junta degradó la Constitución –que prohibía la pena de muerte, la tortura y la violación de domicilios y correspondencia– , suspendió el derecho de huelga, las 62 Organizaciones y los partidos políticos, el fuero sindical e intervino la CGT y la CGE. Había un firme propósito de someter al obrero y quitar obstáculos al capital: favorecer las ganancias a costa del salario. Entre el 2/4/76 y el 28/3/81 dirigió la gestión económica de Videla José Alfredo Martínez de Hoz, quien el 2/4/76 anunció el programa “de las Fuerzas Armadas”. Objetivos: desalentar la especulación e implantar una economía de producción. “La economía al servicio del hombre”, “lograr el bienestar de la población”, decía; saneamiento monetario y financiero, aceleración del crecimiento, distribución razonable del ingreso, con preservación de los salarios. Dos principios liminares: subsidiariedad del Estado (la actividad productiva era privada; el Estado productor, una malformación a corregir); y apertura económica (quitar protección a la industria nacional, liberar importaciones y obligar al productor local a competir con gigantes foráneos). Un plan de 12 puntos: liberar la economía, tipo de cambio, comercio exterior, exportación, importación, tasa de interés, alquileres y arrendamientos, convenios salariales, inversiones extranjeras y transferencia tecnológica; eliminar subsidios a servicios públicos y subsidios y protección diferencial a sectores privados. En virtud del plan, en abril se dispuso la prescindibilidad de empleados públicos, se facultó al Ministerio de Educación para suspender el Estatuto del Docente, se aumentaron 10 por ciento las tarifas ferroviarias y se derogaron todas las normas sobre precios máximos, márgenes de utilidades y otros controles; en mayo se desdobló el aguinaldo; en noviembre se bajaron los aranceles aduaneros, que a partir del 9/1/79 tuvieron un nivel promedio del 20 por ciento; se indexaron deudas fiscales y previsionales, y se cambió la fuente del impuesto: el IVA se generalizó, se suprimió el impuesto a la herencia y se redujo el impuesto a las ganancias; la recaudación tributaria pasó de 13,8 por ciento del PBI en 1975 a 23,7 en 1980. En junio del ‘77 se hizo la reforma financiera, que “liberó” la tasa de interés, dejando al mercado su fijación. Tras décadas de intereses reales negativos, el dinero volvía a generar dinero. Era la época de la “plata dulce”, de querer vivir sin trabajar. Esta “liberación” fulminó la producción. Nada rendía tanto como poner la plata a interés. Se liquidaron empresas para llevar su valor a la timba financiera. La reforma, combinada con la indexación de los préstamos (Circular 1050), hundió a pequeños deudores y a pymes. El interés pasivo apenas cubría la inflación, pero la tasa activa era bien positiva. Era una economía profinanciera, que limitaba la expansión productiva, y por tanto las exportaciones –fuente genuina de divisas–, el tipo de cambio tendía a subir. Además, en una economía inflacionaria el exportador retenía las divisas, como reserva de valor. Las importaciones tendían a crecer, creando un déficit de divisas. En 1979 respecto del valor de 1978 la exportación sólo creció en 2,7 por ciento, en tanto la importación de mercaderías aumentó un 75. Se adoptó una “tablita” de depreciación cambiaria, el 20/12/1978, que fijaba el tipo de cambio a regir en meses siguientes. La tablita pronto se rezagó respecto de otros precios: en 1979 el tipo de cambio aumentó 54 por ciento y los precios al consumidor, 112. A fines del ‘79 la duda era cómo salir de la tablita. La prima por riesgo cambiario superó el 1 por ciento mensual. Las divisas escaseaban, por la gran demanda para importar y por la renuencia de los exportadores. El primer aspecto era causa, y el segundo, efecto, de la menor producción. Para obtener divisas sin exportar se tomaron prestadas, emitiendo bonos. Se obligó a las empresas del Estado a cubrir sus necesidades crediticias tomando créditos en el exterior; las divisas así obtenidas las captaba el BCRA como reservas, que vendía a operadores privados, quienes cerraban el circuito llevándolas al exterior. El saldo: creciente endeudamiento de las empresas públicas, que engrosaba la deuda pública externa, duplicada entre marzo del ‘76 y marzo del ‘80 (de 5 mil a 10 mil millones de dólares). El sector público consolidado, que significaba 42,8 por ciento del PBI en 1975, pasó a 57,4 en el ‘81; sus necesidades de financiamiento pasaron de 5 por ciento del PBI en 1977 a 6,7 en 1979. Su presencia como demanda de crédito en el mercado financiero local elevó las tasas de interés, en coincidencia con la fuerte suba en 1979 de la tasa de interés internacional (de negativa a 7 por ciento positivo). La suba del interés, la prima de riesgo cambiario, y el trasfondo de crisis en la estructura productiva desataron una crisis financiera en marzo de 1980, uno de cuyos síntomas fue la quiebra del BIR, la intervención de los bancos Oddone, Los Andes e Internacional y la liquidación de 60 entidades financieras. En mayo se intervino el grupo Greco (44 empresas); en enero del ‘81 se declaró la crisis del sector vitivinícola cuyano y se detuvieron productores del valle de UCO. El nuevo ministro Sigaut reconoció (2/4/81): mínimo crecimiento económico, retraso cambiario, desaliento del exportador y endeudamiento financiero insostenible. Su gestión fracasó: en 1981 el PBI bajó 6,8 por ciento, el consumo 4,2 y la inversión bruta 23,4; los precios al consumidor crecieron 131 y los mayoristas 180. En diciembre Sigaut se fue y su sucesor abandonó el régimen cambiario pautado o de minidevaluaciones, y unificó y liberó el mercado cambiario. Congeló el ajuste de sueldos de empleados públicos, no obstante el deterioro del 17 por ciento en su poder adquisitivo en el último trimestre de 1981: ello oficializó el desconocimiento del deterioro salarial. En julio del ‘82 el presidente del BCRA Domingo Cavallo dispuso que empresas deudoras de créditos pagasen una tasa de interés máxima del 6 por ciento mensual. En junio, los precios mayoristas habían subido 15 por ciento, y en julio 28. Rápido las empresas licuaron su deuda en pesos y cambiaron una deuda con el Estado por una deuda con Cavallo. En septiembre entró Jorge Wehbe; la deuda externa ya era de 43 mil millones. Wehbe permitió, a empresas con seguros de cambio, convertir su deuda externa a títulos públicos (estatización de la deuda externa privada), por 5260 millones. ¿Cómo quedó el país?: robusto el sector financiero y vulnerada la estructura productiva. La industria, como porcentaje del PBI, había retrocedido en 1980 a cifras de los años sesenta. El salario real, menor en un 25 por ciento. El PBI por habitante en el ‘82 era inferior al de 1975 y el consumo por habitante, 10 por ciento menor para el conjunto, y mucho más bajo entre asalariados. Y una deuda externa total de 45.068 millones que, sin resolverse, daría lugar al remate del patrimonio del Estado.

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