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Domingo, 16 de noviembre de 2008

EL BAúL DE MANUEL

 Por Manuel Fernández López

¿Enseñar economía? ¿Para qué?

La enseñanza de Economía Política en el país fue una consecuencia directa de la Revolución de Mayo. En 1812 un vocero del gobierno anunció que en breve plazo comenzaría a enseñarse, para lo cual se había contratado en Europa el personal docente necesario. El cambio de gobierno dejó la promesa en nada. Pero en 1814 la Asamblea Constituyente encomendó a Manuel Belgrano y a Bernardino Rivadavia diversas negociaciones en Europa, que los llevaron a Inglaterra, adonde era activo el grupo formado por David Ricardo, James Mill, Thomas R. Malthus y Jeremy Bentham. Poco después, Rivadavia conoció en París a Destutt de Tracy, autor de un tratado de Economía. En 1821, al fundarse la Universidad de Buenos Aires, Rivadavia aprovechó aquellas experiencias y creó en el Departamento de Estudios Preparatorios una cátedra de Ideología, en la que Juan Manuel Fernández de Agüero explicó a Destutt, incluyendo su Economía Política, y una cátedra de Economía Política, en la que Pedro José Agrelo enseñó según el conciso manual de James Mill. La enseñanza de esta disciplina siguió su marcha, hasta 1831, cuando el doctor Juan Manuel de Rosas (¿no era doctor?) decidió que su propia noción de la economía bastaba para atender los problemas del ramo. Ello convertía a la economía en ciencia superflua, de puro lujo. ¿Para qué gastar en un docente? Hasta que cayó Rosas, la economía no volvió a enseñarse en la UBA. En 1898 se entendió lo contrario: que el tema finanzas públicas merecía todo un curso de un año, y su enseñanza se separó del tronco inicial. Y en 1913 se acentuó esta tendencia: enseñar economía no cabía en una sola materia, y merecía toda una facultad, y el 9 de octubre se creó la de Ciencias Económicas. De nuevo, en 1958 se juzgó que la separación de las carreras de Contador Público Nacional, Licenciado en Economía Política y Licenciado en Administración conducían a una enseñanza mejor. Hoy en la UBA se enseña que la demanda de trabajo tiene en vista la futura demanda de productos; que una estimación bajista lleva a reducir la demanda de trabajo, antes que reducir el precio del producto. Y también que una acción oficial para contrarrestar esa tendencia debe reconocerla, y luego tomar medidas en el momento oportuno, sin dilaciones ni chácharas. De otro modo, gastar fondos públicos en enseñar una ciencia de puro lujo es un derroche y más convendría suprimir su enseñanza, como en 1831.

El que avisa no es traidor

Hace quince años, el 5/9/93, aquí mismo, advertimos del peligro de copiar el sistema previsional chileno: allí –decíamos– “el sistema de seguridad social comenzó en 1924, según el sistema de reparto. Con los años, evolucionó como en la Argentina: distintas cajas según los gremios, no unificadas, de modo que a los diferentes beneficios que pagaban a sus afiliados se sumaban múltiples burocracias. Se añadía la propensión de los gobiernos a echar mano de los fondos de las cajas. Bajo el gobierno de Pinochet, luego de lograrse superávit fiscal, en 1981 comenzó a ponerse en funcionamiento el sistema de capitalización. Un gran superávit fiscal es condición ineludible, pues toda la masa de jubilados existentes pasa a ser déficit fiscal, ya que el Estado deja de percibir aportes de los trabajadores activos desde el momento mismo en que el sistema se privatiza. Las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP) no pagan a los jubilados existentes, sino a los trabajadores hoy activos cuando se jubilen –dentro de un tiempo–. Un país con grandes compromisos de pagos de la deuda externa debe generar superávit fiscal con ese fin y puede no estar en condiciones de aumentar más aún el superávit durante el lapso de transición hacia la jubilación privada, por lo que estará obligado a no jubilar a nadie por varios años (aumentando la edad de jubilación) o a congelar los haberes del jubilado en niveles incompatibles con una mínima dignidad. El sistema de capitalización chileno registra elevado costo administrativo por afiliado, no distinto de los costos observados en otros sistemas de jubilación privada, pero sí mucho mayor que el que registran sistemas estatales bien administrados con cajas unificadas. Aunque el trabajador puede elegir la AFP, y aun pasar de una a otra, el mercado privado es un mecanismo más oneroso que el estatal. La experiencia chilena tuvo éxito en aislar al sistema jubilatorio de vaivenes políticos, fomentar la acumulación de capital y consolidar el mercado de capitales. Pero no en dar seguridad a bajo costo. En el caso argentino, ¿qué es más riesgoso? ¿el Estado con sus vaivenes o las aventuras del sector privado? Y ¿qué prevalece? ¿Proveer seguridad social o fomentar la acumulación de capital privado? Se vio sólo este último efecto, olvidando las fallas del sistema chileno y las peculiares conductas de la clase empresaria argentina”.

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