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Domingo, 23 de marzo de 2003

TRENES

La desregulación económica y las privatizaciones fueron hijas de la globalización del siglo XX. Parece no verse aún que Menem y Cavallo instalaron la economía de libre mercado, montada en aquellas medidas económicas, sin decisión política de estructurar la defensa de la competencia. Con lo que dejaron a los consumidores argentinos a merced de los abusos monopólicos y las concertaciones empresarias, sancionándose recién hace tres años la Ley antitrust Nº 25.156. Una norma que, aunque blanda, admite sancionar con la disolución y liquidación a las sociedades que cometan dichos atropellos en los mercados. Pero que, además, creó un Tribunal especial autárquico para su aplicación, legalizando acá, por fin, la exclusión del poder central del juzgamiento de esas conductas. Pero falló en poner la instalación de dicho tribunal en manos del Poder Ejecutivo, el cual con su proclividad a politizar todo, aún no cumplió tal mandato y ha mamarracheado una materia que debe ser cuestión de estado con la superposición de secretarías, comisiones y entes reguladores, todos dependientes suyos. Y esa es la causa que llevó al paroxismo del abuso que vemos hoy en los ferrocarriles, pero que sufrimos también en otros servicios. Pues bien, ante ello, el presidente Duhalde comenzó aplaudiendo políticamente las actuaciones hechas de oficio por la Justicia ordinaria contra las ferroviarias, para emplazar directamente a las concesionarias. Pero sigue cometiendo el delito de incumplimiento de sus deberes de funcionario público al no acatar aquel mandato impuesto hace tres años al PEN, la Ley antitrust Nº 25.156. Agravado al dejar así de lado la única solución jurídica, eficaz y sustentable que existe en pro de los intereses de los consumidores, prolongando la impunidad que tienen los monopolios legales otorgados con las privatizaciones –luz, gas, teléfonos, trenes–, para no dar el mejor servicio posible al menor precio posible, que es universalmente el objetivo de las normas de defensa de la competencia.
Dardo Marchesini
Abogado - [email protected]

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