Los subsidios al transporte y a la energía han estado en el centro del debate público. En el caso de los que benefician a los consumidores de energía eléctrica, se ha anunciado la decisión de eliminarlos, disponiendo desde febrero una reducción drástica. Ha sido un lugar común sostener que hay una “crisis energética”, y que ésta es atribuible a los subsidios. El argumento es simple: bajos precios de la energía eléctrica llevan a un consumo elevado, y en consecuencia a una sobredemanda al sector, cuyos ingresos (incluyendo los subsidios) nunca son suficientes para atender el exceso de consumo.

Los argumentos simples convencen fácilmente, sobre todo si se machaca lo suficiente. El periodismo hoy día, que combina en un mismo párrafo (o frase, llegado el caso) información y opinión sin aviso previo, hace un trabajo eficaz. Pero en el caso de la energía eléctrica, las cosas no son precisamente así. Van algunas evidencias.

Las provincias de Santa Fe y Córdoba, aprovechando el bajo costo de la energía mayorista, aplican una importante carga tributaria sobre las facturas, encareciendo así el costo del consumo para el usuario. La factura en estas provincias puede ser dos o tres veces superior a la del usuario de la Región Metropolitana de Buenos Aires (como rezan las facturas de Edenor y Edesur). Sin embargo, el consumo per cápita de energía eléctrica residencial en Santa Fe y Córdoba es solo un 2025 por ciento menor al del conjunto de CABA y Provincia de Buenos Aires, diferencia que puede explicarse por un menor ingreso per cápita.

La historia de las últimas dos décadas también ayuda. En los tiempos de las privatizaciones se produjo un fuerte incremento en las tarifas eléctricas, que luego fue parcialmente morigerado para las tarifas no residenciales. En la década siguiente, las tarifas virtualmente no variaron para los usuarios residenciales; las tarifas no residenciales crecieron hasta hoy cerca de 3 veces, ante un crecimiento general de precios de alrededor de 9 veces. Estamos entonces en tiempos de energía sustancialmente más barata que durante la Convertibilidad. Cabría entonces esperar un gran incremento en la intensidad energética. Sin embargo, esto no es así. La relación entre consumo energético y PIB pasó de 0.232 a 0.279 KMh/PIB (a dólares de 2005), un modesto aumento de 20 por ciento, que puede fácilmente atribuirse a una tendencia hacia una mayor “electrificación” de los consumos, dada la mayor versatilidad en la energía eléctrica. Este fenómeno se observa tanto en Brasil como en Chile, en este mismo período, países cuyo indicador de intensidad energética, para energía eléctrica, es similar al de Argentina.

Complementariamente, digamos que la relación entre el consumo energético total (esto es, combustibles y energía eléctrica) y el PIB no ha cambiado entre los ‘90 y la actualidad.

En definitiva, la “crisis energética” no puede atribuirse a las tarifas. El tema de los subsidios es ante todo una cuestión fiscal: la búsqueda de equilibrar las cuentas públicas, por haber disminuido el impuesto a las ganancias y las retenciones.

Además: usamos las comillas al hablar de crisis, porque no hay tal crisis. La idea de que existía una crisis energética se instaló en 2004, cuando se liberalizó el precio del gas para usos no residenciales. Esto que motivó una pulseada, incluyendo un insólito corte de suministro del fluido en febrero, que es cuando sobra. Eso no fue una crisis, y en parte la responsabilidad de que así haya parecido está en el gobierno de entonces, que nunca dio una explicación sobre lo ocurrido.

Como el propio gobierno actual ha reconocido, no hay restricciones importantes en la generación eléctrica (que de esto se trata una crisis energética), sino problemas puntuales en la distribución, por falta de inversiones y de mantenimiento. La declaración de “emergencia” no es sino un artilugio (usado por muchos gobiernos) para facilitar acciones tales como contrataciones, ajustes tarifarios, etc.

Son las finanzas públicas, no la energía. No hay sobreconsumo ni crisis.

* Cespa-FCE-UBA.