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Martes, 10 de agosto de 2010

CULTURA › LAS CURIOSAS VUELTAS DEL RéGIMEN DE PRODUCCIóN AUDIOVISUAL

De cómo darles una mano a los que ya no necesitan una mano

El proyecto de exención de impuestos a las grandes productoras de TV levantó ronchas en representantes del cine y la publicidad, que tienen que encontrar un hueco en una zona de explosión inmobiliaria para acceder a esos beneficios. Voces a favor y en contra.

 Por Ezequiel Boetti

Vaya uno a saber en qué cajón del centenario edificio de Perú 160 se empolvan las cinco hojas del Proyecto 1603, aquel que divide aguas entre los publicistas y cineastas que se aducen perjudicados y los productores televisivos. Girado a la Legislatura porteña por el jefe de Gobierno Mauricio Macri, el texto del Régimen de Promoción de la Actividad Audiovisual reposa sobre dos pilares a priori favorables. Por un lado declarará a la audiovisual como “actividad productiva de transformación, asimilable a la industrial”, beneficio que le permitirá acceder a distintos regímenes de promoción o protección. Pero también creará un Distrito Audiovisual en los barrios de Colegiales, Palermo, Chacarita, Villa Urquiza y Paternal, entre otros, donde las firmas “radicadas o a radicar” tendrán reducciones impositivas durante diez o quince años. Capricho del destino, especulación económica pero difícilmente mera casualidad, gran parte de los emporios creativos de la pantalla chica se ubican dentro del particular cuerpo geométrico. La publicidad y el cine miran desde atrás.

Industria y distrito

“Buscamos una impronta más progresista y renovadora en lo que respecta a incorporación de nuevas industrias y perfiles productivos”, justifica el legislador oficialista Enzo Pagani, vicepresidente primero de la Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo, donde se tratará la iniciativa en las próximas semanas. “La expansión de la actividad audiovisual estaba dando una oportunidad muy interesante y tomamos esta iniciativa para darle desde el Estado un marco de mayor fomento y promoción”, asegura el legislador macrista. El texto es generoso en la demarcación del terreno audiovisual, en definir cuáles serán las áreas que conformarán la flamante industria. No sólo abarcará la producción, sino también la “prestación de servicios” y el proceso y posproducción “del material resultante de la filmación, grabación o registro de imagen y sonido, sin importar el sistema de registro, almacenamiento, soporte o transmisión”, según reza la normativa. Serán beneficiarias las empresas cuya actividad principal se encuadre en esas ramas, entendiéndose como “actividad principal a aquella que representa no menos de la mitad de la facturación total de quien la realiza”, reza el sexto artículo.

El segundo pilar fundamental del Régimen será la creación de un Distrito Audiovisual en el centro geográfico de la Ciudad, demarcado por las calles Costa Rica, Alvarez Thomas, Federico Lacroze, La Pampa, San Martín, Warnes y Juan B. Justo, entre otras, además de las vías del ex ferrocarril San Martín. “Hay una discriminación en sectorizarlo en un lugar donde claramente hay grandes productoras establecidas. Además, no es una zona que necesite promoverse comercialmente”, opina el ex presidente del grupo Proyecto Cine Independiente (PCI) Juan Villegas. La especulación financiera es otra posibilidad latente. Los caprichos inmobiliarios disponen que hoy resulte más rentable la construcción de un complejo habitacional que un estudio cinematográfico o televisivo. “Son barrios que tienen poca disponibilidad. Para promover la actividad audiovisual se necesitan estudios de un tamaño considerable, porque sin eso es difícil que los productores extranjeros estén dispuestos a venir”, razona Adrián Caiafa, del Sindicato de la Industria Cinematográfica (SICA), que coincide con la visión del director de Sábado: “No están creando un Polo, sino que están delimitando donde ya se ubican las grandes empresas. Además, pone a todos en la misma bolsa y la industria no es una sola sino una cadena”, acusa.

Desde el oficialismo se cubren en la naturalidad del proceso, en el carácter supuestamente irredimible de esa tendencia espacial. “Las productoras se afincaron naturalmente en esa zona y apuntamos a respetar esa lógica casi natural, expandiéndola hacia los alrededores. Desde el punto de vista estratégico no tenía sentido hacerlo en otro lado. Tampoco hubiera sido una decisión acertada ignorar que por una cuestión de conveniencia, moda o no sé qué, la mayoría de los grandes grupos ligados a esta industria estaban instalados ahí –justifica Pagani–. No hubo intención de favorecer a ninguna de ellas ni habrá ninguna ventaja adicional. Lo que se discutirá es cómo darle algún plus adicional a las pymes para que rápidamente puedan competir”, se defiende antes de arriesgar que “se pueden generar distintos métodos de promoción para agilizar el mecanismo de empleo desde la Subsecretaría de Trabajo”. Todas las que actualmente se ubican en el perímetro gozarán de una reducción del impuesto de Ingresos Brutos durante el primer año desde la sanción de la ley y la exención total desde el segundo hasta el décimo. Por otro lado, las firmas del sector que se radiquen allí luego de la hipotética reglamentación tendrán la reducción total de Ingresos Brutos durante diez años, además de seis meses para abonar el Impuesto de Sellos. En ambos casos no pagarán ABL durante la primera década ni Derecho de Delineación y Construcciones en los inmuebles sobre los que se realicen obras o mejoras, siempre y cuando recauden menos de 20 millones de pesos anuales.

Se abrirá también un Registro de Empresas Audiovisuales. Los requisitos para inscribirse serán escasos: apenas se debe comprobar “la efectiva radicación” dentro del Distrito y la “realización en forma principal de algunas de las actividades promovidas”, tal como se lee en el artículo 8. “Es muy fácil dar domicilios fiscales falsos cuando en realidad funciona en otro lado”, opinan desde el PCI. Ya sobre el final del texto, se promete que el “Banco de la Ciudad adoptará las medidas necesarias a fin de implementar líneas de crédito tendientes a promover la actividad y la radicación de empresas en el Distrito”. Se dice el qué, pero no el cómo. “Hasta no tener la ley va a ser difícil tener un programa concreto. Lo que hay es un compromiso asumido por el gobierno. El banco manifestó su voluntad de establecer líneas de crédito. Como entidad financiera de la Ciudad debe ser el que promueva esto”, aseveran desde el PRO.

Crisis, cámara, acción

Un recorrido por la ciudad muestra que las productoras televisivas más importantes –Pol-Ka, Ideas del Sur, Endemol y Underground, entre otras–- tienen sus inmuebles dentro del perímetro. No por nada los popes de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (Capit) dijeron presente junto a toda la cúpula PRO cuando Macri presentó el Régimen, a mediados de julio, en el Espacio Cultural Carlos Gardel, ubicado en la calle Olleros, a metros de la usina de ShowMatch. Distinta es la situación del mercado publicitario: sólo tres de las quince empresas que durante 2009 concentraron más del 40 por ciento del mercado están en el Distrito.

La factoría audiovisual entró en un espiral creciente en 2002, cuando los directores extranjeros encontraron la tierra prometida en un país devaluado, con mano de obra capacitada y una diversidad geográfica y climática de ensueño. No es casual que el 60 por ciento de contenidos que hoy se generan en el país tengan como destino el mercado externo ni que Argentina se ubique como el sexto exportador de contenidos audiovisuales. Las cifras del Observatorio de Industrias Creativas de la Ciudad, donde hay 400 firmas radicadas, sintomatizan el crecimiento: los 19 mil puestos de trabajo generados durante 1996 fueron 24 mil en 2002, para incrementarse hasta más de 36 mil un lustro más tarde. Uno de cada cuatro trabajadores de las industrias creativas lo hacía en el sector. Durante el año pasado la ciudad de Buenos Aires concentró más de la mitad de los rodajes del país entre cortos, largos y publicidades. Los guarismos actuales varían según el interlocutor de turno. Mientras que para el gobierno existen más de 51 mil empleados abocados a la actividad audiovisual, para el Departamento de Estudios e Investigaciones del SICA (Deisica) la cifra se eleva hasta 70 mil. “Pero no todos están ligados directamente a la producción, porque eso abarca desde la recepcionista hasta los choferes. El número de técnicos está disminuyendo”, explica el secretario de Prensa, Diego Galíndez.

La auspiciosa situación del mercado audiovisual en general no se traslada hacia el mercado publicitario en particular. Según el informe anual del Deisica, este sector contrató 3289 técnicos durante el año pasado, mientras que en 2007 fueron casi cuatro mil. Los sindicalistas señalan dos razones para esa reducción: la precarización laboral de un sector que utiliza muchos trabajadores informales y la carga impositiva existente. “Es una medida favorable, pero insuficiente. No alcanza con la reducción de Ingresos Brutos, sino que debemos hablar de hotelería y pasajes. Tenemos un costo muy grande en esas dos áreas. Todo eso genera un costo que debe ser reinvertido”, asegura Caiafa. Las empresas extranjeras reorientan sus billetes hacia países sin cargas tributarias, como Uruguay y Sudáfrica, también principales competidores geográficos de Argentina. La merma se refleja en la producción. De los 1200 comerciales producidos en 2006 a poco más de 900 durante 2009; de los casi 600 exportados cuatro años atrás, a los 350 del año pasado.

Beneficiar sin distinguir

El futuro Régimen del Promoción Audiovisual no distingue el resultado de las producciones, no diferencia entre un comercial con destino de importación de un pequeño film independiente, iguala un producto de pretensiones artísticas con otro concebido para el entretenimiento popular: beneficia sin distinguir. “Contemplamos genéricamente el concepto de industria audiovisual, lo que no significa que no pueda darse un matiz de mayor valoración a los productos culturales. Creo que la falta de una diferenciación existe, pero es una actividad regida por el mercado donde hay que tener en cuenta el destinatario y el consumidor al momento de elaborar ese producto”, justifica el vicepresidente primero de la Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo, donde se tratará la iniciativa para luego pasar a la de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria. Viejo lobo de cine, fundador y primer secretario de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica y actual legislador por el bloque Proyecto Sur, Julio Raffo afirma que el principal agujero está en la falta de distinción. “No es lo mismo producir para la televisión que para los circuitos de cine y cultura, que es expresión de nuestra identidad y reflexión sobre nuestros problemas. La ley debe proteger primero al débil, y en este caso el débil es la industria cultural frente a la del entretenimiento, el cine nacional frente al cine de la multinacionales”, opina el realizador del documental Caseros – En la cárcel.

Pero la valoración artística y cultural de un producto audiovisual roza las facultades propias de un organismo especializado antes que del Ministerio de Desarrollo Económico. “Le corresponde a todos los que se involucran con la industria audiovisual. El Incaa, por ejemplo, tiene un mecanismo, pero para esta ley es todo igual, no distingue entre los contenidos de cada proyecto”, dice Raffo. “La poca claridad de los criterios de promoción es un problema que tienen todos los regímenes de subsidios del Estado”, opina Villegas. El realizador piensa en dos formas de fomento: el universal, donde se apoye más allá de la envergadura de la empresa, u otro más selectivo, que apuntale a los débiles, siempre en la cornisa del sistema. “Acá no pasa ninguna de las dos cosas. Cuando no es selectivo ni universal se corren dos riesgos: que sea discrecional, que éste no sería el caso, o que uno empieza a sospechar de presiones de un sector para que salga la ley”, dispara.

Los elevados costos inmobiliarios antepuestos a los escuetos presupuestos que manejan los cineastas independientes hacen que la recolocación en el Distrito raye lo utópico: el beneficio sería mayor con la conformación de un circuito de exhibición alternativo al comercial, además de darle una identidad definitiva al Bafici. “Queremos que la ampliación a los barrios no sea una decisión coyuntural o producto de un director, sino que sea obligatorio que en los cines que la Ciudad contribuyó a recuperar se pasen estas películas”, afirma Raffo, quien unas semanas atrás presentó un proyecto en esa dirección.

El destino del Museo del Cine

Otro de los anuncios que hizo el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en la presentación del Distrito Audiovisual fue la asignación de un espacio definitivo para el Museo del Cine, que hoy se arrumba en la Sede Electoral del Correo Argentino, en el barrio porteño de Barracas. “Es un tema que aún está en debate. Imagino que será un tema que se charlará mucho en la Legislatura cuando se trate la ley. Este es un proyecto a largo plazo, que va a marcar el desarrollo económico y cultural en Buenos Aires”, afirma Enzo Pagani, legislador del PRO. Como desde su inicio en la década del 70, el derrotero de la entidad que preserva gran parte del patrimonio audiovisual argentino parece lejos de concluir.

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El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, presentó el proyecto en julio.
Imagen: Daniel Dabove
 
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