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Viernes, 1 de abril de 2016

24 DE MARZO

La obra detrás de la herramienta

No fueron cómplices, no fueron simpatizantes, tampoco indiferentes; muchos y señalados empresarios y grupos empresarios participaron directamente en el Terrorismo de Estado que se impuso a partir del golpe cívico militar hace cuarenta años. Para la historiadora e investigadora Victoria Basualdo –coordinadora del Programa “Estudios del trabajo, movimiento sindical y organización industrial” de Flacso–, la participación empresaria financió, participó de torturas, entregó listas y ubicó centros clandestinos dentro de empresas. Con el telón de fondo de la marcha por Memoria, Verdad y Justicia más grande de la que se tenga registro y el giro discursivo del gobierno macrista que quitó de la descripción del golpe la palabra “cívico”, Basualdo explica cómo el terror redujo la participación de trabajadores y trabajadoras en el ingreso nacional a partir de 1976. Y cuánto sirve hoy al recorte de ingresos recuperados del mismo sector el discurso estigmatizador que habla de ñoquis, grasas o gastos desmedidos.

 Por Luciana Peker

Si pensáramos en el ingreso nacional como un frasco de cien caramelos, en 1949, la distribución de ese ingreso en Argentina hubiera destinado cincuenta caramelos para el bolsillo de trabajadoras y trabajadores. En 1955 esa participación se redujo a 47 golosinas para quienes se levantaban a hilvanar sábanas, barrer en casas ajenas o levantar las cosechas. Pero después del golpe de 1955 los caramelos empezaron a faltar de los bolsillos más débiles y solo quedaron 39 para la muchachada laboriosa. En los sesenta las revueltas sindicales consiguieron mayores ingresos para revertir la desigualdad y, en 1974, los caramelos –o participación en las ganancias– se equiparó, nuevamente, casi miti y miti entre otros sectores sociales y las y los laburantes. El golpe de Estado fue un golpe al bolsillo. A partir del 24 de marzo de 1976, en menos de cien días, el shock económico no dejó ni monedas a salvo para llegar a fin de mes: el salario bajó un treinta por ciento en solo tres meses. La sangría no paró. En 1982 la dictadura finalizó con la mitad de los caramelos en el colchón, las cajas de ahorro o las alcancías de quienes saben que fin de mes no es solo una cuestión de calendario. La participación de los trabajadores en el ingreso descendió a 22 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). ¿Nunca más? En la actualidad las estadísticas fueron golpeadas de credibilidad, pero se estima que las y los trabajadores recuperaron de 38 a 41 caramelos entre los 100 caramelos de ingresos que se generan en el país. Sin embargo, la historiadora Victoria Basualdo advierte que la actual gestión vuelve a discutir la relación entre capital y trabajo. “Hay un discurso explícito que la capacidad de compra de los trabajadores es desproporcionada con lo que se merecen”, resalta.

Basualdo tiene ojos clarísimos que transparentan números y documentos clasificados o historias desperdigadas que ella, en un equipo con una mirada puesta en la economía y la vida de quienes trabajan, hilvana y explica, también con la claridad de su mirada. Ella trabaja como investigadora de Conicet y es Coordinadora del Programa “Estudios del trabajo, movimiento sindical y organización industrial” en el Área de Economía y Tecnología de FLACSO Argentina. Su especialidad en la historia que enluta cuatro décadas es desnudar que no se trató solo de una dictadura cívico militar sino que, en muchas empresas, la participación en las torturas y desapariciones fue de igual o mayor responsabilidad que la de los verdugos. Escribió, entre otros libros “La clase trabajadora argentina en el Siglo XX: formas de lucha y organización”; “Tercerización y derechos laborales en la Argentina actual” y participó del informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el Terrorismo de Estado”, editado por Infojus, en el 2015.

A los 26 años, Victoria se fue a la Universidad de Columbia, en Nueva York, a investigar sobre historia reciente junto con su marido y economista Juan Santarcangelo. Su educación central fue con su maestro Daniel Azpiazu. En su vuelta a Argentina fue natural compartir trabajo con su padre, el economista Eduardo Basualdo. El machismo traslada la herencia de apellido. Por eso, ella destaca la influencia de su mamá, Margarita Richards (Marjorie) trabajadora social, militante y mamá de ella y sus cinco hermanos/as: Eduardo, Francisco, Federico, Guadalupe y Dolores que queda invisible en las presentaciones a primera vista. La familia numerosa es un sello irlandés que la multiplica entre sus tres hijos/as Violeta (11), Nicolás (5) y Malena (3) sin que tres le suene a mucho.

Sus vinculaciones con Brasil y Latinoamérica la llevan a saber que el proceso de memoria argentino es inédito, pero busca no quedarse en el podio de ir por más, Falta mucho. Y se puede seguir avanzando. Por ejemplo, esta semana el Tribunal Oral Federal de Salta condenó a Marcos Levín, propietario de la empresa de transportes La Veloz del Norte, a doce años de prisión, en la primera sentencia contra un empresario. Sin embargo, no alcanza. Hay más rastros de participación en la dictadura de Ford, Mercedes Benz, Fiat, Acindar o Techint.

–¿Cuál es el balance de los cuarenta años del golpe?

–Los cuarenta años nos interpelan fuertemente. No es pasado, sino futuro. Es algo muy conmocionante. En la Argentina naturalizamos lo que pasa con Memoria, Verdad y Justicia que no deberíamos naturalizarlo porque son procesos muy dolorosos que hicieron carne en sectores muy amplios de la sociedad. Se lo conmemora en cada escuela, en cada esquina, de manera muy popular. No veo saludos a la bandera, no son rituales formales a cumplir. Hay mucha creatividad puesta en juego.

–¿Cuál es el valor de la decisión de desclasificar archivos por parte de Estados Unidos y de la visita del presidente norteamericano Barack Obama?

–La visita de (Barack) Obama reactualiza que es importante mirar a la dictadura no solo en la dimensión política, sino también en las transformaciones laborales y económicas. Y reinstala la dimensión regional de la dictadura. No se puede ver en términos nacionales solamente. El proceso de dictaduras tuvo puntos de articulación muy fuertes en las políticas represivas como el Plan Condor. Este plan estuvo orquestado por líneas geopolíticas con las que Estados Unidos tuvo un rol importante. En algunos procesos dictatoriales fue decisivo, como en el caso de Chile, donde está probado que tuvo una intervención activa. En nuestro caso hubo aliento y tolerancia de Estados Unidos.

–¿Se puede llegar a comprobar la relación norteamericana con las dictaduras latinoamericanas?

–Hasta ahora la desclasificación de archivos muestran que no se oponían, en absoluto, a las políticas represivas. Hay documentos ya desclasificados en donde la propia embajada norteamericana dice que las fuerzas militares debían poner freno a los empresarios.

–¿Los empresarios pedían todavía más desapariciones que las que ejecutaban los militares?

–Exactamente. Esto se dice en relación al caso Lozadur, una empresa ceramista, que registra una gran cantidad de desapariciones en 1977. Hay documentos desclasificados por la National Security Archives (NSA) que dicen que hay que tomar con pinzas la información dada por los militares porque aprovechan para dirimir sus conflictos, no solo con los considerados subversivos por su accionar político, sino con los trabajadores peleando por sus derechos. La apertura de nuevos archivos es importante. Hay que esperar a ver en qué consiste.

–¿Qué pueden aportar los archivos del Vaticano?

–La Iglesia recibió una gran cantidad de información. Existían ficheros con información sistematizada sobre el destino de desaparecidos. La jerarquía eclesiástica fue otro de los sostenes del entramado social que permite entender la dictadura. Es un reclamo histórico del movimiento de derechos humanos. No es una concesión graciosa de Estados Unidos, ni del Vaticano sino producto de un proceso de organización masivo de nuestro país y que, en otros países, como en Brasil, Chile y Uruguay no se logra.

–¿Argentina es el país latinoamericano con mayores avances en juicios de lesa humanidad?

–Sin dudas. Yo trabajé en la Comisión Nacional de la Verdad en el que participaron todas las centrales sindicales de Brasil y el caso argentino fue tomado con un enorme interés. La Comisión Nacional de la Verdad se hace porque no hubo ningún proceso de judicialización. Para nosotros la etapa de empresarios es una segunda etapa después del proceso a militares. En Brasil nunca se logró. Por eso se busca un apoyo popular similar al que se construyó en Argentina. Pero tampoco estoy de acuerdo con el lugar de la Argentina como mejor alumno. Fuimos el mejor alumno del FMI en los noventa y los líderes del desendeundamiento. Nunca sabes cuál es la próxima etapa.

–¿Cuáles son los riesgos de retrocesos de los derechos humanos en Argentina?

– Vemos claramente un cambio. La posición del Presidente (Mauricio) Macri de hablar del curro de los derechos humanos nos marcan. Sin embargo, hay sectores muy importantes de la sociedad que lo reivindican como propio y eso es muy difícil de desarticular.

–¿Cuál fue el grado de participación empresaria en las violaciones a los derechos humanos?

– El informe de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad llevo un año y medio de trabajo, con un equipo de veinte personas de cuatro instituciones –CELS; FLACSO; Secretaría de Derechos Humanos y Programa de Memoria, Verdad y Justicia– que se plasmó en un libro de mil páginas con patrones de involucramiento de las empresas en la represión a los trabajadores. Partimos de la carta de Rodolfo Walsh a las Juntas que denuncia la miseria planificada, en 1977.

–¿Cómo genera la dictadura esta miseria planificada?

– La participación de los trabajadores en el ingreso rondaba los 47 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) que había recuperado los niveles del cincuenta y cincuenta en el peronismo. A fines del peronismo bajo un poco a 47 puntos. Los trabajadores descendieron drásticamente en la Libertadora donde hay una pérdida de ocho puntos, un retroceso fenomenal. Desde el Cordobazo en adelante, en los años sesenta, se recupera la participación en el ingreso y hacía el 74´ tenes entre 45 y 47 puntos, según la metodología de la medición. Al final de la dictadura, en el proceso inflacionario de 1982, los trabajadores tienen una participación de 22 puntos en el ingreso nacional: se parte a la mitad.

–El golpe al bolsillo a trabajadoras/es es dramático

– Se baja sus salarios, su retribución y sus condiciones de trabajo. Hay un proceso de disputa entre capital y trabajo que se plasmó muy claramente el 24 de marzo. En los primeros tres meses de la dictadura militar la perdida de salario fue superior al treinta por ciento.

–¿Cuál es actualmente la participación en el ingreso? ¿Se logró revertir la mano en el bolsillo de la dictadura?

– No tenemos números. Hay estimaciones sobre los últimos años del kirchnerismo que van desde los 38 puntos de participación en el ingreso hacía los 41 puntos.

–El shock de los cien primeros días…

–Ya en la CONADEP y el Juicio a las Juntas aparece evidencia muy fuerte de la importancia que tuvo la represión a los trabajadores. No es que estamos descubriendo la pólvora. Son muy importantes los años de investigación y el trabajo en equipo.

–¿La participación empresaria fue más que complicidad civil?

–Estamos hablando de involucramiento directo en el proceso represivo. Vemos casos de empresas en los que los empresarios avalaron procesos de militarización de las fábricas. En Techint le decían a los trabajadores que si tenían algún problema laboral lo discutieran con las fuerzas armadas que estaban adentro de las fábricas. Proveían vehículos para trasladar a trabajadores detenidos, daban provisión de información clave (iban con listas, a las Fuerzas Armadas, de trabajadores y sindicalistas con sus nombres, direcciones, los francos y donde secuestrarlos), hubo empresarios en interrogatorios, cesión de espacios, financiamiento y lugares de tortura en los predios. En la CONADEP se probó un centro de detención en Acindar – Villa Constitución (Santa Fe) que es un caso emblemático. El Presidente del directorio de Acindar, en 1975, fue José Martínez de Hoz que luego fue el Ministro (de Economía) estrella de la dictadura.

–¿Cómo se investiga en la justicia?

–Hay causas abiertas en la actualidad (Ledesma, con falta de mérito; Minera Aguilar, en Jujuy; y Ford) y una gran cantidad de causas judiciales en donde se recomienda la investigación del papel de las empresas.

–Esta semana el Tribunal Oral Federal de Salta condenó a Marcos Levín, propietario de la empresa de transportes La Veloz del Norte, a doce años de prisión. ¿Qué importancia tiene?

–Levín fue hallado culpable de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados en el secuestro, en enero de 1977, de Víctor Cobos, entonces empleado de la empresa y delegado de la UTA. Por los mismos delitos recibieron también una condena de doce años los ex policías Víctor Hugo Bocos y Víctor Hugo Almirón, mientras el ex oficial Víctor Cardozo fue condenado a ocho años de cárcel. La condena llama la atención sobre la importancia de ampliar el foco a la hora de pensar en la política represiva. Se confirma absolutamente el papel central de las fuerzas armadas, pero convoca, al mismo tiempo, a ampliar el análisis del entramado que sostuvo a estas políticas represivas. En particular, muestra la centralidad que tenía la actividad sindical, que fue objeto de persecución y el papel que tuvieron algunos empresarios en el desarrollo de la política represiva, con aportes centrales. En el alegato, los fiscales, en línea con nuestra investigación, mostraron que Levín aportó acción psicológica: es decir creó las condiciones sociales favorables para el accionar represivo. En ese punto, recordaron que, a través de la Federación de Empresarios Salteños de Transporte y de las solicitadas publicadas en los medios de prensa, realizó un pedido público para que se aplicara la ley antisubversiva e intervinieran los militares y las fuerzas de seguridad. También aportó información de inteligencia sobre los trabajadores. Aquí cuentan los diagramas de servicio que permitieron conocer los lugares donde detener a los trabajadores y el aporte de los domicilios y datos sobre la actividad gremial. Esto se hizo a través de la colaboración de otras personas, como el entonces subcomisario Bocos, que a la vez cumplía funciones de seguridad dentro de la empresa.

– ¿Levin es un caso paradigmático?

– Él aportó listas de trabajadores que debían ser detenidos y torturados. Aportó la denuncia contra los trabajadores para que se desencadenaran los operativos. Aportó vehículos de línea y automóviles particulares de la empresa que se usaron para los secuestros y traslados. Aportó personal dependiente de la empresa para los traslados de los detenidos que estaban en Tucumán y la persecución desplegada al interior de la empresa contra los trabajadores más combativos. Aportó instalaciones de la empresa para que se produjeran los secuestros. Aportó recursos económicos y dádivas al personal policial para que reprimiera a los trabajadores.

–Se ningunea la pelea por los derechos humanos como una revisión del pasado. ¿Qué vigencia tiene hoy ver cómo la dictadura perjudicó a trabajadores y trabajadoras?

– No es un tema muerto, es un tema que está vivo. Tiene una enorme actualidad. Si hoy discutimos si los trabajadores son ñoquis, inútiles o hacedores de la riqueza nacional estamos discutiendo nuestro derecho. Solo mirando esta historia se puede tomar una posición. Hay una interpelación muy fuerte y, por eso, se hizo la marcha más grande el 24 de marzo.

–¿Qué paso con las trabajadoras mujeres?

–El proceso de militancia era muy desigual para los géneros. Las cargas eran muy desiguales para mujeres y para varones. Sin embargo, las mujeres militaban a la par que los hombres con una división de tareas que no se reformulaba. El mundo sindical es muy masculino y muy machista y las mujeres fueron asignadas a comisiones de la mujer. Había mucha persecución por ser mujeres y muchas dificultades para que hablaran en las asambleas. A las sindicalistas les costó cinco veces más que a los varones su lucha gremial.

–¿Qué pudiste investigar de la relación entre trabajadoras?

–Yo trabajé en Alpargatas donde gran parte eran mujeres. Una trabajadora me decía que las viejas trabajaban como apéndices de las máquinas y producían en una hora lo que las más jóvenes producían en todo un día. Para las nuevas trabajadoras su núcleo no era solo la fábrica, sino que querían combinar trabajo, maternidad y militancia y se daba una rivalidad generacional. La cuestión de género está muy sub-explorada en el mundo del trabajo.

–¿Se corre el riesgo actualmente que vuelva a bajar la participación en el ingreso de las trabajadoras y trabajadores?

–Sin duda. Se dice que no se puede salir a comer todos los días o que hay que ponerse un sweater en vez de gastar en calefacción. Hay un discurso explícito en relación a que la capacidad de compra de los trabajadores es desproporcionada con lo que se merecen. La suspensión de subsidios que implican aumentos de 500 por ciento habla de una voluntad de reconfigurar la participación en el ingreso de forma radical. Macri habla de un millón y medio de trabajadores sin tarea a los que hay que revertir mientras que existió gente muy comprometida realizando tareas claves desde el Estado. Es un momento de una nueva discusión entre capital y trabajo.

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Imagen: Constanza Niscovolos
 
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