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Viernes, 3 de noviembre de 2006

INTERNACIONALES

Un paso atrás

En Nicaragua, el aborto terapéutico era legal desde 1893, pero el cambio del Código Penal para lograr su derogación se convirtió en tema de campaña en tiempos de elección presidencial y quedó en el centro de la escena. ¿El resultado? La interrupción del embarazo, aun con restricciones, es ahora completamente ilegal.

 Por Soledad Vallejos

Se puede desandar el camino? Dicho de otro modo: ¿puede la inminencia de una elección presidencial borrar de un plumazo lo que lleva más de cien años de existencia? En Nicaragua la respuesta es sí, y además viene acompañada –como no podía ser de otra manera– de estruendos. “Si han dejado a casi un millón de niñas y niños fuera del sistema educativo cada año, si el presupuesto de salud no alcanza ni para que las mujeres embarazadas tengan acceso a mínimos exámenes, vitaminas o tratamientos, si enmascaran en las estadísticas los suicidios por embarazos no planificados, donde mujeres adultas y adolescentes sufren intoxicaciones por uso de pesticidas, tóxicos, medicamentos y raíces venenosas, si han mantenido un silencio cómplice y han propiciado la impunidad frente a la creciente violencia que se abate sobre las mujeres y la niñez, con un promedio de 10 delitos sexuales diarios, el 95,9% en mujeres y niñas”, preguntaba el Movimiento Autónomo de Mujeres de la defensa de la vida de quién se trataba el asunto. Pero eso fue en una “carta denuncia” previa al día en que finalmente ocurrió lo que parecía demasiado absurdo siquiera para ser pensado. Este miércoles la historia cambió, y lo que llevaba 103 años de existencia legal se volvió –por impulso de la conciencia conservadora y la desesperación de alianzas electorales– un botín de guerra que ninguna defensa pudo poner a resguardo.

En Nicaragua, el aborto terapéutico está legalmente contemplado desde que la Revolución Liberal de 1893 lo estableció como posible para toda mujer cuya vida corriera riesgo por la gestación. Y aunque el gesto revistió al Estado de un espíritu laico, estuvo bien lejos de blanquear algún derecho de las mujeres a la autodeterminación: para acceder a la intervención, las mujeres debían acreditar peligro para su vida, que el embarazo fuera producto de una violación o malformaciones en el feto, el permiso firmado de un varón de su familia y también el visto bueno de tres médicos. Con este mecanismo las estadísticas oficiales registraban un promedio de 36.000 abortos anuales en un país con alrededor de cinco millones y medio de habitantes. Pero lo que venía siendo un mecanismo aceitado e instalado que el movimiento de mujeres intentaba ampliar generando consenso para eliminar las restricciones terminó complicándose de manera inesperada. Ya en 1999 el gobierno de Arnoldo Alemán había hecho lo posible por promover una modificación al Código Penal para penar a quienes “causen daño físico o psicológico a los no nacidos”. La iniciativa parecía no haber tenido más éxito que reanudar un debate crónico y dejarlo languidecer, pero dejaba tras de sí una secuela de algo que en la Argentina había hecho punta (a nivel mundial) dos años antes: la creación, por decreto presidencial, del día del niño por nacer. (La ola, está visto, no termina allí: en 2003 otro decreto presidencial lo estableció en Paraguay, en junio de este año sucedió lo mismo en Ecuador, y la campaña conservadora tiene por objetivo lograrlo en Brasil, Chile, Cuba, Uruguay y España, que tomó el modelo argentino para inspirarse y ejerce su lobby mediante el Movimiento por el Derecho a Vivir.)

Desde entonces, la campaña por desandar más de un siglo de aborto terapéutico prosiguió hasta despuntar, mientras se caldeaba la campaña política previa a las elecciones presidenciales. A principios de agosto, el candidato del Movimiento de Renovación Sandinista Edmundo Jarquín se pronunció a favor de mantener la legislación sin cambios, y entonces sucedió la arremetida de los partidos liberales en el congreso. “Soy el feo que quiere una Nicaragua linda”, el lema que llevaba Jarquín, sufrió mutaciones hasta convertirse en bandera propenalización a manos de los demás partidos: “El aborto es feo”. El 6 de octubre, en vísperas de la celebración de Nuestra Señora del Rosario, una manifestación partió de la Catedral de Managua para llegar hasta la Asamblea Nacional y entregar un petitorio en el que 290 mil firmas pedían eliminar el aborto terapéutico del Código Penal. Días después, el movimiento de mujeres realizó una marcha para pedir que no se realizara ninguna modificación pero las representantes no fueron recibidas.

El sandinista René Núñez, presidente de la Asamblea Nacional, y Enrique Bolaños, presidente del país, se proclamaron a favor de eliminar el artículo sobre el aborto terapéutico. Daniel Ortega, candidato presidencial del FSLN, no se privó de declaraciones impactantes: “El gobierno de reconciliación y unidad nacional reconoce los valores cristianos de la sociedad nicaragüense, y desde esa fe y ese compromiso con la más pura y noble causa de la humanidad, el amor, hace suyo el credo de Jesucristo”. Se comprometió, además, a “trabajar por el bienestar de Nicaragua y de los nicaragüenses, viéndonos todos como hijos de un mismo Dios, y cumpliendo sin faltar su máximo mandamiento: amaos los unos a los otros”. El FSLN, que en lo que va de su historia no se había proclamado jamás sobre el tema, llevó adelante la campaña con la penalización como bandera, un gesto que lo emparentó con la derecha y culminó, esta semana, con una votación asombrosa: mayoría en la Asamblea para la derogación del artículo que legalizaba la interrupción del embarazo. Las elecciones presidenciales serán este domingo, pero el Código Penal ya ha sido reformado.

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