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Viernes, 17 de noviembre de 2006

CUANDO LA TRATA GOZA DE IMPUNIDAD

El hilo más delgado

El caso de las dos jóvenes santafesinas explotadas sexualmente en Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires y Córdoba terminó de cortarse por donde siempre sucede: las víctimas, amenazadas, cambiaron su declaración. La Justicia, mientras, se declara incompetente.

por roxana sanda

Y esta vez fue el turno de Romina Gamarra para echarse atrás y volver sobre los pocos pasos que le habían infundido valor. Porque las amenazas de muerte a ella y los suyos, las trompadas que le infligieron cuatro desconocidos a su tía, las pintadas amenazantes en la puerta de la abogada Patricia Hidalgo, que hasta hace días la representaba, pesaron tanto o más que su cautiverio de esclavitud y prostitución forzada. “Si no rectificaba lo dicho, la iban a matar”, manifestaron a este diario allegados a la joven.

Que a primera hora del lunes 13 un nuevo abogado presentara un escrito en nombre de Romina ante el juez santafesino Reinaldo Rodríguez, que ahora entiende en la causa en lugar de su excusado par de instrucción, Diego de la Torre, para declarar “la total conformidad con los (últimos) dichos de María Cristina Ojeda” y negar que fue explotada sexualmente contra su voluntad, habla de un tejido de plomo que la Justicia argentina no logra deshacer. Porque, además, el hombre que este lunes se presentó ante Rodríguez, de nombre Héctor Tallarico, está sindicado como uno de los abogados “de la banda” que capturó a Romina y María Cristina Ojeda, según advierten fuentes cercanas al caso. La propia María Cristina se balancea sobre el filo de un abismo desde que no reside en su casa del barrio Barranquitas junto con su hijo Marcelo, de tres años –como sostienen sus hermanas– ni en domicilio conocido alguno. Aun cuando, según su segunda declaración, se supone que habita una vivienda de Santo Tomé. Lástima que la fiscal federal Griselda Tessio no constató ese domicilio antes de declararse incompetente y después de tomar la (segunda) declaración de Romina Gamarra. El expediente, entonces, hará su viaje de vuelta hacia la Justicia ordinaria sin mayores miramientos.

En el escrito que presentó el nuevo representante legal de Gamarra, se rectifica “tanto el contenido de la denuncia que diera inicio a estas acciones, como asimismo todas y cada una de las ampliaciones y/o manifestaciones que conforman mi original presentación”, y se niega “la existencia del hecho concreto del supuesto secuestro extorsivo con la finalidad del ejercicio ilegal de la prostitución. Este hecho jamás existió”.

Como una especie de chasco grosero, la declaración señala “el total dominio de mi voluntad”, en tanto “no he recibido algún tipo de presión para expresarme” y, lo que es aún peor, pretende reducir una exposición clara de trata y tráfico de mujeres a cuestiones de despecho sentimental. “Martín Núñez –captador y entregador de la red– ninguna participación tiene en todos estos hechos y concretamente mi denuncia tuvo como único objetivo retenerlo, pues tomé conocimiento de que, a pesar de nuestra relación sentimental, iba a terminar, pues mi novio tendría en vista otra mujer.”

LA ENCERRONA

Semanas atrás, la ex abogada patrocinante de las chicas, Patricia Hidalgo, hizo un llamado público a María Cristina Ojeda. “Si tiene la mínima posibilidad de escaparse, que lo haga.” Sin embargo, la letrada todavía se pregunta por qué se le había retirado la custodia a la vivienda de Ojeda tras la denuncia que comprometía a los prófugos Núñez, Juan Orzuna y Javier Archelasky.

Tampoco se explica por qué la Justicia toma a pie juntillas esta última declaración de Gamarra o, en cualquier caso, por qué hizo gala de una falta de curiosidad casi obscena durante todo este proceso, sumada a una actitud huidiza que se amparó en el formulario de la declaración de incompetencia, como tramitaron en su momento el juez De la Torre y la fiscal Tessio. ¿Qué es lo que a estos funcionarios públicos les impide investigar como corresponde?

Desde el Programa Antiimpunidad del Ministerio de Justicia, donde se articula un seguimiento y análisis de los casos de trata y tráfico de mujeres, sostienen “que el delito de trata se configura aun con el consentimiento de la víctima, y el Poder Judicial, como garante de cumplimiento de la Constitución, debe investigar”.

Luis Bordón, coordinador del Programa, apela a la necesidad de respetar el Tratado de Palermo, “al que adhirió la Argentina”, y donde se establece con claridad de qué se está hablando cada vez que se plantean casos de trata y tráfico de mujeres. “En cambio, nos encontramos con una concepción arcaica de esta problemática en la sociedad y en los propios funcionarios judiciales”, lamenta. “Por eso creemos necesaria la promulgación de una ley que reglamente este delito, y que vaya acompañada de un protocolo de acciones concretas.” Un mapa de ruta que debería seguir desde la policía hasta la máxima jerarquía de la agencia judicial, donde se traduzcan “esos indicios que las instituciones no toman en cuenta”, explica Bordón, y las preguntas se le amontonan. “¿Cómo sabemos ante qué estamos cuando una persona desaparece? ¿Por qué al radicar una denuncia policial por desaparición debemos irnos a nuestras casas y esperar 48 horas? ¿Por qué la policía asienta inicialmente esas denuncias como fuga de hogar? ¿Por qué en los casos de trata no se advierte que cuando las mujeres están bajo la tutela de quienes las explotan o bajo amenazas declaran que ejercen la prostitución por propia voluntad, pero cuando son rescatadas por sus familias o el Estado, su versión de la situación es otra? La debida ley y un protocolo darían cuenta de esos indicadores, vitales para el resultado final de las búsquedas de personas.”

LA DESPROTECCION

A partir de sus dichos, a Romina y su familia se les retirará la custodia permanente que tenían en su casa. Tampoco hay señales alentadoras de que el Poder Judicial santafesino profundice la investigación de lo ocurrido hasta el momento, ni siquiera de que se le mueva un pelo de sorpresa, al menos tardía, ante el desfile de letrados y las sucesivas apariciones de estas mujeres para cambiar sus declaraciones. Ningún ademán le resulta desesperado a la Justicia en competencia en este caso, ni siquiera el párrafo final de la declaración de Romina, desprotegiéndose a conciencia con el encubrimiento forzado de sus captores, “a los fines de lograr tranquilidad de mi vida, lejos de abogados, de la prensa y de la policía”. Apenas toma puntual nota de la rueda que siempre vuelve al mismo punto de partida, y que no significa más que el fortalecimiento de otra red de prostitución.

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