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Viernes, 2 de mayo de 2008

SOCIEDAD

Cuarteles minados

No sólo cada vez ingresan más mujeres en las FF.AA., cada vez están mejor preparadas para ocupar puestos jerárquicos. Mientras el Senado debate la aprobación del nuevo Código de Justicia Militar, el Ministerio de Defensa acompaña a las que eligen los cuarteles con medidas que destierran normas que se meten con la vida privada.

 Por María Mansilla

”¿Qué opina usted sobre la incorporación de las mujeres a los servicios del arma de infantería?”, se leía en el formulario de una encuesta que el Ministerio de Defensa hizo entre cadetes de las Fuerzas Armadas. “La unidad debe permanecer cerrada a ellas”, respondieron 7 de cada 10 hombres. “¡Habilítenla para nosotras!”, dijo la misma cantidad de mujeres militares interrogadas. Estas y otras respuestas con la misma tendencia era justo lo que en el Ministerio estaban esperando: hacer un mapa de los síntomas para luego promover políticas que integren y protejan a las mujeres que son parte de las FF.AA. con el deseo de “fortalecer y modernizar” las fuerzas, como pregonan en este sector. El diagnóstico que arrojó la encuesta fue preciso: “Discriminación, una forma de violencia que compromete la dignidad de las personas, de las mujeres”.

Para promover estos cambios, al existente Observatorio sobre la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas –creado en el 2006– lo acompañó el trabajo gestado desde el Consejo de Políticas de Género: un interesante equipo articulado por gente que trabaja para el Estado y gente que pertenece a organizaciones de la sociedad civil. Que se juntaron “para pensar colectivamente medidas para revertir situaciones que, ilegítimamente, estuvieran obstaculizando un proceso de inserción igualitaria de las mujeres o, peor aún, estuvieran perpetuando estereotipos de género que las descalifican por su condición de tales”, como dijo la ministra Garré el día que presentó oficialmente el Consejo, el 8 de marzo del año pasado.

Porque, en síntesis: el estudio evidenció que más de la mitad de las personas encuestadas prefieren que las mujeres queden al margen de ciertos roles militares. Es más: las distintas respuestas arrojaron que al 28% le preocupa la avanzada femenina, un 38% admitió que existen roces de convivencia, el 44% siente que el desempeño femenino es inferior al de los varones. Vale aclarar que hay un destino al que los hombres de la milicia no tienen problema en incorporar féminas: en la actividad de submarinista. Pero ellas quieren más que eso: poder servir en todas las armas, ser voluntarias para el combate. Están listas para desempeñarse sobre el nivel del mar.

La pregunta sería por qué las mujeres querrían ser parte de una institución cerrada que las desprecia. Y la respuesta –más allá de aquella obvia y contundente que habla del propio deseo– está en la necesidad. Cuando se les pregunta a ellos por qué quieren ser parte de las Fuerzas Armadas, la mayoría responde “por vocación”. Las “cadetes femeninos”, en cambio, tildaron que se enrolan por la inmediata salida laboral y el trabajo estable que prometen las tareas de defensa de un país.

A LAS COSAS

“Reveladora.” Así evalúa Dora Barrancos, directora del Instituto de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), la experiencia de ser parte del Consejo de Políticas de Género para la Defensa. Y enumera: “Uno, porque pudimos observar de cerca la cantidad de aspectos discriminatorios hacia la mujer incluidos en el Código Militar. En realidad, eran los aspectos que imaginábamos encontrar, pero no por eso dejaron de sorprendernos. Dos, la condición de no-ciudadanía en la que se ubicaba incluso a los varones. Tres, la capacidad resolutiva que ha tenido la ministra para tener en cuenta nuestras observaciones”.

Las preguntas de la encuesta arriba mencionada eran tendenciosas: destinadas a “identificar en qué medida la supervivencia de determinadas concepciones sobre lo ‘familiar’, cargadas de contenido moral y religioso, se proyectan sobre la institucionalidad militar”. Las respuestas fueron base de muchas de las normas que –aunque parezca increíble que aún tuvieran vigencia– se modificaron recién en el 2007. Estas son:

  • Permisos especiales para embarazadas y lactantes a la hora de cumplir servicios y hacer guardias.

  • Casarse con otro miembro de las FF.AA. ya no es un delito militar. Es más: tampoco hay que tener la venia del jefe para dar el sí.

  • Las personas solteras con hijos o hijas a cargo tienen derecho a pedir una vivienda militar: se reconoce el derecho a la vivencia independientemente de cómo está formado su núcleo familiar.

  • Se derogó una norma que habilitaba a investigar y sancionar posibles “situaciones especiales de familia”. Por lo tanto, no recibirán castigos los y las que durante la milicia opten por el concubinato, tengan hijos extramatrimoniales ni las que se embaracen siendo solteras. Y también se eliminó la distinción entre hijos biológicos, adoptivos, extramatrimoniales.

  • Las personas denunciadas por hechos de violencia intrafamiliar tienen restringido el uso de armas.

“Reconocemos que puede haber resistencia a incorporar estas nuevas reglas, y trabajamos en función del caso concreto”, dice la abogada Ileana Arduiño, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. ¿Cómo se verifica, entonces, que estas nuevas normas se apliquen? Sólo si las transgresiones se denuncian. Arduiño, que reconoce la distancia que hay entre su despacho y la vida cotidiana de los cuarteles, agrega: “Tampoco hay identificación inmediata de muchas cadetes mujeres con estas resoluciones. Mal leídas estas normas, las han llegado a pensar como privilegios y no como búsqueda de paridad frente a una desigualdad estructural”.

Todo esto sucede mientras en el Senado se trabaja, en estos días, en la gran reforma del Código de Justicia Militar que dejaría en el pasado al rancio protocolo vigente, que data de 1951. Se sabe que el nuevo Código que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, entre otras cosas no reprime la homosexualidad y desacredita al sistema penal castrense para juzgar delitos militares. Fue inspiración de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Era un compromiso asumido por nuestro gobierno hace mucho tiempo, tras el asesinato del soldado Carrasco, 15 años atrás.

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Imagen: Pablo Piovano
 
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