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Viernes, 14 de noviembre de 2008

VIOLENCIAS

Asi no

El abuso sexual infantil –que tiene en el calendario un día marcado, el 19 de noviembre, para alentar campañas en su contra– sigue teniendo un tratamiento desparejo en los Tribunales, donde no sólo suele ponerse en duda la palabra de niños y niñas, sino también se juzga y acusa a los profesionales que los asisten por exhibir “Fanatismo de Género” –una perla usada en mayúsculas por una agrupación de padres procesados–. Niños y niñas siguen siendo rehenes.

 Por Roxana Sandá

La oficina, gris, no le causó la mejor impresión. “¡Qué feo es este lugar!”, reclamó enojada a los adultos que la acompañaban, todos callados por piedad hacia el ambiente. Sólo un policía de guardia le respondió: “Porque acá vienen las chicas malas”. El individuo era un oficial consignado a un juzgado de Morón, donde se encontraba la niña de 10 años que había sido abusada sexualmente desde los tres años por su padre, para iniciar un proceso de revinculación con el victimario, por disposición del tribunal que entendía en la causa. Ningún caso de abuso sexual infantil guarda semejanza entre sí; cada uno es único e intransferible. Sin embargo, sostienen los especialistas, todos tienen en común el tratamiento deficiente que les imparte la Justicia argentina, sobre todo en aquellos casos que involucran a niñas, habida cuenta de que el 90 por ciento de los abusos son intrafamiliares y que en su mayoría comprometen a las púberes y adolescentes.

En febrero, los jueces Emilio Castro, José Andrada y Héctor Dedominichi, de la Cámara Penal Nº 2 de Neuquén, consideraron que pese al bebé parido en 2006 por una niña de 12 años abusada desde pequeña por su vecino, un policía retirado de 73 años quien además, según el examen de ADN, es padre de esa criatura, el embarazo no demostró la existencia de penetración. Resolvieron una condena de cuatro años por un delito leve, en vez de los once que solicitó la fiscalía, porque concluyeron que la niña nunca dijo que el hombre la había penetrado y porque en el transcurso de la investigación no se le practicó un examen ginecológico. “En consecuencia –dice el fallo–, queda la duda.” Desde ocho meses atrás, la nena y su familia soportan la convivencia, medianera de por medio, con ese hombre que por edad avanzada cumple arresto domiciliario.

“Hay una situación de estancamiento en la Justicia que revictimiza a chicos y chicas abusados. No les creen, consideran que no hay pruebas suficientes; los casos se transforman en juicios eternos y en general no se llega a la condena del abusador. La estructura judicial está cruzada por una concepción patriarcal, de visión machista. Prefieren instalar el discurso de que las madres denunciantes están medio locas y se hace eje en el imaginario de familias ideales, que no existen”, sostiene Nora Shulman, directora del Comité Argentino del Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn). “La Justicia tiene un ochenta por ciento de responsabilidad al no darles una resolución rápida a los conflictos, y muchas veces hace diferencias entre las mismas madres de niñas abusadas, según los recursos sociales y económicos que unas y otras tengan para defender a sus hijas.”

Haberle puesto voz al silencio a partir de mujeres que se animan a denunciar es un avance significativo de la época. Pero los pequeños pasos dados sufren retrocesos desalentadores cada vez que deben escalar un ámbito judicial que atrasa en varios frentes. “Tenemos un caso de una nena de ocho años, abusada por su padre desde los tres –relata Shulman–. La madre atraviesa un juicio penal por considerarse que secuestró a la niña con la excusa de cuidarla. La Justicia llegó a devolver la niña al abusador, aunque ésta decía al defensor de menores que el padre seguía abusándola. Sólo cuando un nuevo defensor abrió sus oídos a esa chica, se le dio un giro a la causa.”

Un paréntesis: la revinculación no es posible. “Hay que tener en claro que un padre que utiliza a su hija como objeto sexual no es ni era antes padre. No hay vínculo parental posible, por lo tanto no puede haber revinculación posible. Los abusadores reinciden siempre”, aclara María Beatriz Müller, titular de la asociación civil Salud Activa, de la localidad bonaerense de Merlo, que recibe un promedio de cinco casos semanales.

No son épocas sencillas para el abordaje del abuso sexual infantil en la Argentina. Figuras de prestigio e integrantes de instituciones emblemáticas del país, como la Iglesia católica, acusados por pedofilia, corrupción y violación, entre otros cargos graves, avivaron un debate violento. Los casos del sacerdote Julio Grassi y del psicólogo Jorge Corsi realimentaron argumentos en algunos sectores, como la Asociación de Padres Alejados de sus Hijos (Apadeshi), que exige el paso al costado de colegas de Corsi, para que intervengan profesionales “no contaminados con la ideología de la perversidad que derivó en la postura del Fanatismo de Género” (con mayúsculas del original).

El optimismo de algunas mujeres, como la diputada porteña María Eugenia Rodríguez Araya (PRO), contrarresta que “las aguas sólo se aclaran con información”. Espera que su proyecto aprobado en tiempo record para declarar el 19 de noviembre Día para la prevención del abuso contra los niños, niñas y adolescentes, en sintonía con la fecha internacional, despierte conciencias. Y a partir de otra iniciativa de su autoría, para la creación de un programa de prevención del abuso infantil que baje a las escuelas de la ciudad, confirma desde la política lo que propalan las organizaciones sociales: “No existen ley ni programa específicos que abarquen la problemática. Es necesaria una articulación entre los ministerios de Salud y Desarrollo Social”, reconoce la legisladora.

Los agujeros se extienden a todo el territorio nacional. Falta un sistema estadístico de registro de casos, capacitación de profesionales y operadores, una asignación sólida de recursos desde las provincias y los municipios –salvo mojones, como San Isidro y Morón– y, en definitiva, se extraña una decisión política fuerte para enfocar el problema. “No hay programas provinciales o nacionales que tomen el toro por las astas”, agrega Müller. “Demonizan a chicas y adolescentes, sin hacerse cargo de la responsabilidad de implementar políticas públicas que unifiquen criterios y obliguen a cumplirlos.”

Los daños que le provocó el abusador Arturo Benavídez, un poderoso empresario de la localidad cordobesa de San Javier, a la joven María Elizabeth Díaz, Eli, entre los 9 y los 19 años, son inconmensurables. Benavídez fue condenado esta semana a ocho años de prisión por “abuso deshonesto reiterado, abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves”. Eli, como Romina Tejerina, afrontó un juicio por filicidio en 2006, tras haber asesinado a su beba recién nacida. A diferencia de Romina, fue absuelta por un jurado popular de vecinos de San Javier. La abogada Leticia Celli, que representa a la joven, dijo a este diario que “demostró una entereza muy grande para denunciar lo que había callado por miedo durante tantos años”.

La gravedad de la perversión que implica el abuso sexual está dada por su carácter reiterativo y por el secreto que impone el victimario a la niña, bajo la amenaza de que, si revela lo que ocurre, algo terrible sucederá. El pediatra Jorge Brieva, coordinador del Comité de Niños en Riesgo del Hospital Ricardo Gutiérrez, confirma que esos ejes arrasan la psiquis infantil. “El abuso sexual es una patología de los adultos que sufren los niños. No tiene cura, pero sí una mejoría que les permite vivir con esa historia por el resto de sus vidas. Los grupos vulnerables más frecuentes son los niños menores de cuatro años, elegidos por su dificultad para hablar con claridad, y las púberes, en su etapa de desarrollo.”

El abuso sexual infantil está atravesado con crudeza por una cuestión de género que somete a las niñas, en innumerables casos, a traumas no resueltos que por lo general despiertan en la adolescencia. “Es una etapa clave porque cuestiona toda la infancia –remarca Brieva–. Si esa niña vivió una situación abusiva, más adelante surgirán cuadros de bulimia, anorexia o trastornos en sus relaciones interpersonales y sexuales.”

Los servicios de atención de maltrato y abuso sexual infanto-juvenil de los hospitales nacionales y provinciales están atestados. Varios especialistas a cargo de esas áreas admiten que en los últimos años aumentaron las consultas por todo tipo de maltrato. “No es cierto el argumento de que el aumento de registro de casos es una sensación que se genera porque se denuncia más o se habla más del tema”, advierte Brieva. “Las condiciones mundiales de desarrollo social han cambiado tanto que en verdad la situación se agrava y los mecanismos con que uno cuenta para solucionar las cosas resultan cada vez más difíciles. Desde el Comité nos preguntamos cómo rearmar una familia, cómo lograr que el abusador sea excluido y que esa exclusión se mantenga en el tiempo, si todos los días dejan en libertad a los victimarios. Creo que se necesitan otros estamentos que actúen desde el Estado, y ahí es donde está nuestro signo de interrogación.”

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