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Viernes, 14 de noviembre de 2008

Vuelta al mundo

MERCOSUR

Sindicato puertas adentro

La Articulación Feminista Mercosur y representantes de sindicatos y asociaciones de empleadas domésticas de Brasil, Paraguay, Uruguay y la Argentina presentaron ante el Parlasur (representado en la ocasión por la presidenta de la Comisión de Trabajo y Políticas de Empleo del cuerpo, la argentina Mabel Müller) un informe sobre la situación regional de las trabajadoras domésticas, además de una serie de propuestas para promover una legislación que proteja sus tareas. De acuerdo con las últimas cifras oficiales, el doméstico es el rubro que mayor mano de obra femenina concentra en la estructura del empleo no agrícola en la región (superior al 15%), siendo especialmente notable en Brasil y Paraguay, en donde emplea a una de cada cinco mujeres.


CHILE

Presidenta nueva

“Hay un mandato de ella, desde que asumí mis funciones, de ejercer un liderazgo en la región en materia de igualdad de género”, explicó la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, en la previa a la inauguración, en Santiago, de la Cumbre de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), que terminó ayer. Albornoz se refería, claro, a la importancia que Michelle Bachelet concedió desde los inicios de su gestión a asuntos de género, un rasgo que acaba de quedar confirmado con la elección de su ministra como presidenta de la CIM. El único otro país que había presentado su candidatura para el cargo fue Argentina, aunque la retiró antes de la votación. Violencia de género, VIH/sida, trata de mujeres y niños, género y justicia, cambio climático y desastre naturales, fueron algunos de los ejes temáticos del encuentro.


ESPAÑA

De ayudantes a socias

Todavía es un proyecto, pero auguran que tendrá final feliz, lo que puede cambiar la vida de casi un millón de mujeres campesinas, al menos en lo que a la visibilidad de su trabajo refiere, anche a la hora de realizar ciertos trámites para los cuales, todavía hoy, es precisa... ¡la autorización del marido! Se trata de un decreto que establece la posibilidad de titularidad compartida de los emprendimientos agroganaderos, una figura que no estaba regulada para matrimonios y parejas de hecho, y en la que –hasta ahora– sólo pueden registrarse señores. Vale decir: el trabajo de las mujeres existía, pero en ningún lugar quedaba registrado; nada podían decidir a menos que contaran con un aval escrito del marido; no recibían ayuda social por hijos, ni hacían aportes, por lo que mucho menos tenían la posibilidad de percibir una jubilación. La modificación depende del trabajo coordinado de tres ministerios: Medio Rural, Trabajo e Igualdad.

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