A fines de la semana pasada, la coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR), Ana Suppa, presentó su renuncia, luego de una gestión tan breve como conflictiva (había sido designada a fines de abril de este año). En su carta de renuncia a la ministra de Salud Graciela Ocaña, Suppa señaló el estado del área: “He podido detectar un sinnúmero de obstáculos estructurales y culturales que el PNSSyPR debe sortear para lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos por la ley que le dio origen. Lamentablemente, no he podido transmitirle en forma personal mis impresiones acerca de las dificultades a las que hago referencia, pero quedo a su disposición para hacerlo, en caso de que a usted le parezca relevante y encuentre el tiempo para recibirme”.

En conversación con este suplemento, fuentes cercanas a Suppa añadieron detalles que permiten comprender que la situación es preocupante, no solamente en los antecedentes que llevaron a este cambio en la gestión sino también en el futuro inmediato. En breve, una reestructuración del organigrama modificaría la situación del programa, aunque sin jerarquizarlo, sino más bien subsumiéndolo a otra área dedicada a medicina comunitaria. Las mismas fuentes señalan, también, que la incomunicación con el área era, hasta el momento, total, lo que podría llegar a explicar el escaso apoyo político que su funcionamiento ha tenido en lo que va del año.

Durante 2008, el área realizó encuentros regionales, señaló líneas de acción en consejerías de anticoncepción, implementó capacitación en anticoncepción quirúrgica. Sin embargo, los problemas no fueron menores y se registraron en su mayoría en el circuito de distribución de insumos que realiza, a través de los efectores locales, en todas las provincias del país. Algo similar ocurrió en la ejecución de los presupuestos, habida cuenta de complicaciones que impidieron concretar licitaciones, cumplimentar metas, y, quizá lo más grave, liberar los miles de métodos anticonceptivos que todavía hoy esperan una decisión política en cuatro containers varados en la aduana.

Durante esta semana, el ministerio recibió una carta en la que militantes y ONGs del movimiento de mujeres manifiestan su deseo de que el pedido de renuncia a Suppa “no signifique un retroceso en la implementación ni en el status institucional del PNSSyPR”, y que, en cambio, se realice “efectivamente el cúmulo de acciones imprescindibles para que la salud sexual y reproductiva de nuestro pueblo, especialmente de sus mujeres, se concrete en servicios de atención pública de la salud, de acceso universal bajo la responsabilidad de su ministerio”.

Suppa, por su parte, señala que hay una agenda pendiente: “El trabajo con los médicos y las sociedades científicas, el empoderamiento de las mujeres, el conocimiento y la difusión del programa, la accesibilidad. Persisten las dificultades culturales, los médicos que se resisten a facilitar el acceso al DIU, en algunos lugares quedan los anticonceptivos de emergencia guardados en los armarios, hay dificultades de comunicación entre las áreas de ginecología y materno-infancia. Se trata de temas culturales que hay desarmando y sensibilizando. Tiene que ver con la perspectiva de género y el cambio cultural que plantea el programa, además de con la educación sexual”.