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Viernes, 14 de octubre de 2011

VIOLENCIAS

El fuego encima

Nueve días duraron el cautiverio y las torturas que tuvo que soportar Marcela Machi, una joven tucumana de 20 años que toleró el calvario con su hija bebé. Su ex pareja y padre de la nena decidió prenderlas fuego a ambas cuando descubrió que se habían escapado. Ahora está prófugo, pero sigue amenazando a la familia de Marcela, quien pide protección y justicia. Cómo debe organizarse la sociedad civil para ayudar a frenar la violencia de género.

 Por Roxana Sandá

Por R. S.

Marcela Machi es bonita, es locuaz, es mujer humilde de Tucumán, irradia una luz propia de sus 20 años, abraza a su beba de nueve meses como si ocultara un tesoro, y porque no puede evitarlo, rasga la charla a cada minuto con un pánico que se le volvió latiguillo. “Después de todo lo que él me hizo, ahora sólo puedo esperar lo peor.” El es su ex pareja, el padre de su hija, el hombre que durante los dos años que duró la relación le celó cada paso, “pero nunca antes había llegado a este límite”, relata Marcela. El quiebre en el calendario se le hizo carne a partir del 5 de septiembre, cuando la llevó engañada al taller de un hermano y durante los nueve días que la mantuvo secuestrada junto con la niña, se dedicó a torturarla con un destornillador, golpearla con botellas de vidrio y con los puños, molerla a patadas en el piso porque la supuso infiel. Nunca dejó de insultarla, de gritarle, de amenazarla con que violaría a la hija de ambos. Y si bien ella logró escapar “por milagro” y refugiarse en la casa de unos familiares, hace quince días él volvió para rociarla con nafta y prenderle fuego de madrugada, mientras dormía junto a la beba. Que Marcela aguarde el peor final es comprensible: al cierre de esta edición el agresor permanecía prófugo de la Justicia y seguía realizando amenazas telefónicas a su padre. “Le dijo que si no retiramos los cargos en su contra y si no le doy a la nena, va a ‘llevarse’ a dos de nosotros.”

El abogado de la joven, Martín Zottoli, manifestó que “estamos ante un nuevo caso de violencia de género y con buen criterio la fiscalía de Instrucción le imputa al individuo el delito de tentativa de homicidio, porque de no ser por la rápida huida de mi clienta, esto hubiese terminado en una desgracia”. Costó mucho, confió Zottoli, que Marcela se animara a denunciar a su ex pareja, a pensarse a sí misma querellante, sumida como está en una situación de vulnerabilidad extrema, con el enemigo todavía libre, y la sensación de indefensión absoluta que provoca haber sido víctima de dos ataques prácticamente simultáneos, con consecuencias nefastas para ella y su hija, sin siquiera una salpicadura al menos hasta ahora para él.

“¿Cómo piensa que le puedo entregar a la bebé, si nos ha prendido fuego a las dos? Sólo Dios sabe qué le podría hacer teniéndola él”, lamenta, y comprueba y muestra una y otra vez las lesiones sobre la piel. “Mírenme, todos los días que me tuvo cautiva me clavaba un destornillador en el cuerpo, sobre la nariz, en la frente, en los brazos. No puedo estar mucho tiempo sentada porque me duelen las caderas. Tengo alguna costilla fracturada porque me daba trompadas y cuando caía al piso me pateaba como si fuera cualquier cosa. Me pegó con una botella de vidrio hasta que se rompió y con otra de cerveza me daba en las canillas. El no era así, no sé qué pasó. Estuve dos años con una persona que no conozco.”

Al ver que no aparecía, la familia de la joven radicó una denuncia en la División Trata de Personas de la policía de la provincia. “Creyeron que me había secuestrado una red.” Al parecer, el patrullaje de la zona donde Marcela permanecía cautiva decidió a su victimario a trasladarlas a la casa de la madre. “Después del segundo o tercer día me dejó un ratito sola con la mujer y yo aproveché para contarle todo, le mostré cada parte de mi cuerpo. Se asustó, me aconsejó que me escapara, que lo denunciara. Y eso hice. Salí a la calle desesperada, paré un taxi, subí y le conté al chico lo que me estaba pasando para que me sacara rápido de ese lugar.”

La mujer remontó septiembre viviendo en la casa de un tío, hasta hace dos semanas, cerca de las cuatro de la mañana, cuando desde la ventana de su habitación les arrojaron nafta a ella y a la chiquita y las prendieron fuego. “Pensé que no me iba a hacer nada más, por su hija. Pero me desperté con el fuego encima; ni siquiera recuerdo qué hice. La bebé tiene quemadas las cejas, las pestañas, el cabello. Hoy tengo quemaduras de tercer grado en los pies. Apenas puedo desplazarme.”

La directora de Coordinación de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires, Silvia La Ruffa, afirmó la urgencia de que Marcela sea trasladada a un refugio o a otra región provincial y la importancia vital de intensificar las medidas protectivas. “Se trata de una situación de alto riesgo, que precisa de una custodia permanente, el acompañamiento directo de la víctima y la asistencia a su familia, ayudarla a sostener la denuncia que efectuó e intensificar mecanismos de emergencia por si el individuo vuelve a aparecer”, como establecer una red de alerta entre las vecinas y los vecinos en caso de que adviertan su presencia en el barrio.

El caso de Marcela Machi, como el de Wanda Taddei, Verónica Medina, Betiana Chávez, Gladys Pereira, Jorgelina López o Fátima Catán, por nombrar algunas de las víctimas de incineramiento a manos de sus parejas, interpela en la balanza del dominio y el sometimiento de género, pero también le escarba el hueso a la sociedad cuando no se advierten actitudes ya no de compromiso, sino al menos de solidaridad. Debería indagarse cómo es posible que durante los nueve días de cautiverio de Marcela nadie haya escuchado sus gritos o el llanto de su beba; establecer quién o quiénes serían cómplices o partícipes del hecho, en tanto el taller pertenece a un familiar del agresor; por qué ese hombre se sigue acercando con total impunidad para amenazar de muerte a ella y a su familia; qué políticas faltan profundizar en Tucumán para que una mujer, joven y pobre, aun después de denunciar un hecho de violencia, considere que su vida está perdida.

“No se observaron recursos estatales puestos a disposición de esta joven, más allá de lo que la Justicia resuelva con respecto al agresor”, consideró La Ruffa. “La 26.485 no es sólo una ley, es una herramienta fundamental para que la temática esté fuertemente presente en la agenda provincial y, si esto no ocurre o se demora, entonces será hora de que la sociedad civil comience a organizarse.”

La causa está radicada en la Fiscalía 8ª a cargo de Adriana Giannoni. De ella depende en buena medida una parte de la tranquilidad que necesita recuperar Marcela. “Mientras tanto tengo miedo, pero no pienso ceder. Espero que nadie más viva ni pase por lo que yo pasé, porque fue una situación horrible.”

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Imagen: Gentileza La Gaceta
 
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