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Viernes, 11 de noviembre de 2011

VIOLENCIAS

Con el monte de testigo

Mirtha C. tenía 19 años cuando parió sola a su hija en medio del monte tucumano. Había ocultado su embarazo hasta ese momento como si así hubiera podido negar su existencia. Apenas recuerda el momento en que decidió dejar sobre la tierra a la recién nacida y caminar hasta la comisaría más cercana. Fue condenada a ocho años de prisión por ese abandono después de un juicio plagado de fallas procesales y de violencias contra la acusada. “Si hubiera podido pedir ayuda, aunque sea al verdulero de la esquina, lo hubiera hecho”, dijo Mirtha para graficar su desprotección en una provincia donde el acceso a la salud sexual y reproductiva es poco más que letra muerta.

 Por Roxana Sandá

Mirtha C. recuerda con bastante certeza el momento en que parió sola a su beba sobre la tierra de un campo de Tucumán, en 2006, pero nunca pudo precisar de qué manera cortó el cordón umbilical que la unía a su hija ni cuándo sintió el impulso de dejarla en el lugar para recurrir en estado de shock a la comisaría más cercana y denunciar por desesperación y vergüenza que había sido víctima de un ataque sexual. A las pocas horas, el servicio médico del hospital adonde la trasladaron certificó que las lesiones indicaban un parto reciente. La joven de entonces 19 años admitió lo sucedido y reveló dónde se encontraba la niña, que fue rescatada con vida pero que más tarde falleció por “ruptura hepática traumática”, que podrían haberle causado las técnicas de reanimación empleadas. Nunca se realizaron las pericias para determinar las causas de muerte. Sin embargo, cuando le imputaron el hecho le comunicaron que su hija perdió la vida por el abandono sufrido y por no haber recibido atención posnatal.

Sufrió dos años de prisión preventiva, la negación de su novio a reconocer que sabía de ese embarazo y que él era el padre de la criatura –la Justicia no ordenó los estudios correspondientes para establecer la filiación–, el rechazo de un sinnúmero de abogados que no querían defender a “una asesina de bebés” –hasta que conoció a la penalista Carolina Epelbaum, dispuesta a representarla de inmediato en forma gratuita– y el retraimiento de una familia desmembrada desde que el padre de Mirtha abandonó a su madre, a su hermana y a ella con apenas cinco años. Creció en el pueblo de Taco Ralo, las niñas durmiendo en una habitación con el abuelo que abusó de ellas hasta los 14 años, y la madre en la pieza de al lado, junto a un hombre al que llamaban “tío”. Para escapar de ese círculo, en 2005 cursó la licenciatura en Trabajo Social en San Miguel de Tucumán, y al quedar embarazada ocultó aterrada la novedad y los cambios de su cuerpo hasta el desenlace.

Esta semana, la Sala II de la Cámara Penal la condenó a ocho años de prisión por “abandono de persona calificado por muerte y agravado por el vínculo”, al cabo de un proceso plagado de irregularidades desde su inicio, en medio de audiencias de una violencia verbal y conceptual inusitada por parte de la fiscal a cargo, Marta Jerez de Rivadeneira, que solicitó la pena máxima de 15 años por abandono seguido de muerte. En su alegato, puso en duda el abuso al que fueron sometidas las hermanas desde pequeñas “porque el abuelito (sic) está muerto y ya no puede defenderse”, acusó a Mirtha de mentirosa “porque nunca podría haber parido sola en el monte” y definió “la incapacidad de la condición humana para reproducirse en condiciones naturales. Sólo se puede parir en un sanatorio, con ayuda médica y con un marido que te sostenga la mano”. La abogada Carolina Epelbaum adelantó a este suplemento la presentación de un recurso ante la Corte provincial para anular la sentencia “por inobservancia de normas del Código Procesal, aplicación errónea de normas del Código Penal y la violación de principios constitucionales como consecuencia de la calificación, a mi criterio, incorrecta del hecho, por la muerte traumática que sufrió la beba, algo que jamás le imputaron a Mirtha.”

¿Cuál es su situación hoy?

–Ella permanece libre, porque la ley indica que tras dos años sin sentencia se debe dar el cese de prisión y porque cuando una persona llega al juicio en libertad, no se la puede detener hasta que la sentencia quede firme, es decir hasta que resuelva la Corte. Vive en pareja hace unos años y tuvo una hija que acaba de cumplir tres meses. Una muestra de hasta qué punto llegó la crueldad de la fiscal: en su alegato se “preguntó” si Mirtha y su maternidad no resultaban peligrosas para esta bebé. Creo que la experiencia de hija abandonada, niña abusada, novia rechazada, lo traumático de un embarazo y parto en total soledad, el estigma de la sociedad tucumana y los dos años de cárcel son suficiente muestra de que el caso representa a todas las mujeres del NOA. Sin embargo, igual la condenaron a ocho años de prisión.

¿El ex novio y supuesto padre de la beba que falleció empeoró aún más las chances del caso?

–Cuando ella le comunicó su embarazo, él, en ese entonces un adolescente, le contestó “vamos a ver qué hacemos” y, por supuesto, no hizo nada. Luego llegó al juicio diciendo que no sabía que su novia estaba embarazada y que se había enterado del hecho por los diarios. Hasta llegó a decir que esa hija podía ser de otro hombre. Decidí tomar esta causa no sólo por las cuestiones jurídicas sino por mi planteo como mujer. El relato de Mirtha hace ruido, porque vemos que el hombre puede negar su paternidad, pero la mujer soltera embarazada no tiene derechos, padece una desprotección legal general. La ley civil le prohíbe decir quién es el padre de su hijo, a diferencia de la mujer casada. No hay presunción de paternidad, excepto reconocimiento expreso firmando en el Registro de las Personas o con sentencia de filiación. Durante el embarazo de esa mujer soltera, el padre no tiene responsabilidad, aun hoy con la comprobación intrauterina del ADN. Es un vacío funcional que agrava la desprotección de la mujer.

¿Cuál fue la actitud judicial en cada etapa del proceso?

–La Justicia no hizo nada. Con la beba todavía viva en el hospital, jamás se dio intervención a un abogado. Son barbaridades que hablan de una criminalización de las mujeres sin recursos. El parto ocurrió a siete kilómetros de una ruta, pero la fiscal no investigó huellas de otras personas o de ruedas de autos en la zona. Sólo se dedicó a hostigar a Mirtha durante el juicio para que le dijera quiénes la habían ayudado a parir en el monte, porque no creía que hubiera cortado sola el cordón umbilical. Ella le contestó que si hubiera podido pedir ayuda, “aunque sea al verdulero de la esquina”, no hubiera hecho eso. Sin embargo, Jerez de Rivadeneira la acusó de mentirosa y le dijo que “nosotras las mujeres sabemos lo complicado que es parir”, y apeló a la condición masculina de los jueces de la sala para pedirles que “se acuerden de cuando ellos acompañaban a sus mujeres”, a parir. Finalmente, en la sentencia se establece como “improbable” que haya podido cortar el cordón umbilical, pero desde 2006 nunca se remitieron las actuaciones para que la fiscalía investigara.

La historia de Mirtha se emparienta con el caso de Romina Tejerina.

–Bueno, a ella no le gusta que la relacionen con la causa de Romina, porque en ese caso hubo una situación efectiva de matar, y en el de Mirtha estamos hablando de un abandono. Hasta podríamos pensar en un trauma previo, porque la primera abandonada fue ella por su padre a los cinco años. Pero reconozco que la comparación es inevitable por las condiciones adversas que sufrieron ambas y la mirada oscura de la Justicia sobre estas mujeres jóvenes y pobres.

¿Cómo se descubrió que había sufrido abuso sexual?

–Surgió de la atención psiquiátrica y psicológica que recibió cuando estuvo presa. Detectaron que fue abusada por su abuelo desde los 7 hasta los 14 años. Y lo corroboró su hermana, víctima también del abuso de este hombre. Vivían todos en una finca, y a medida que se agrandaba la familia iban construyendo casitas, algo muy común en el campo. La fiscal le preguntó que si su “abuelito” les hacía eso, por qué no iban a dormir a otro lado. El broche de oro lo puso el tribunal cuando determinó la pena de ocho años apreciando la naturaleza de la acción, el embarazo primerizo y falta de contención, y probables “relaciones incestuosas” con su abuelo.

¿Cómo entiende que para la Justicia de Tucumán se trate de “relaciones” y no de abuso por parte del abuelo?

–Es que en la provincia no existe esa visión de pensar la posibilidad de que la persona juzgada pueda ser una víctima. Dejan de lado el fin constitucional de la pena, que es la resocialización. Creo que hechos como los que atravesó Mirtha son de una circunstancia absolutamente irrepetible. Ella siente un arrepentimiento profundo por lo que sucedió. Cuando la veo con su hija en brazos y le pregunto qué pasa ahora por su cabeza, se pone a llorar y siempre da la misma respuesta: “Ahora me duele más. Todos los días saco cuentas para calcular la edad que tendría esa niña”. Dice que cuando su hija crezca, va a contarle todo lo que pasó.

¿Qué sucedería en caso de que no prosperara el recurso ante la Corte?

–En principio, confío en una resolución favorable, por todos los defectos de forma de la sentencia. Una sentencia condenatoria requiere certeza, y ésta no la tiene. De no ser así, se le concedería prisión domiciliaria por su maternidad, lo cual la preserva de la perversión de volver a la cárcel, pero también implicaría dejar de trabajar, y su situación económica es muy frágil.

¿Cuál es la situación de los servicios de salud sexual y reproductiva en Tucumán?

–No existe un marco de educación sexual, de prevención ni de acceso franco a la anticoncepción. Por eso considero vital el debate sobre la despenalización del aborto en el Congreso Nacional. Debe entenderse que despenalizar no significa obligar a las mujeres a abortar. No tiene que ver con estar a favor o en contra; estoy segura de que ninguna mujer desea atravesar una práctica abortiva. Significa nada más ni nada menos que reconocer una realidad social que existe y que afecta a miles de mujeres pobres. La diferencia entre ellas y yo es que si yo interrumpiera un embarazo lo haría en condiciones seguras, siendo legal o ilegal. No me afectaría. Aquí, el nudo del problema son las mujeres de las franjas más empobrecidas que no saben adónde ir y recurren a una curandera que les mete una sonda y terminan muriendo. Es imperioso darle marco legal a una realidad que no podemos seguir tapando. En Tucumán son dramáticas las gestiones, las humillaciones, las cuentas que deben rendir las mujeres en los hospitales para que les entreguen anticonceptivos. Son tratadas como objetos, y como objetos las despachan a sus casas sin darles una solución.

¿Mirtha hizo uso de su derecho a pronunciar unas palabras antes de que los jueces pasaran a deliberar?

–Sí, y fue muy emotivo. Les dijo “yo estuve sola y sólo yo sé lo que pasé. Les agradezco por haberme escuchado y les pido una oportunidad. Yo soy una buena madre”.

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